El secretario de Seguridad de Antioquia aseguró que la Paz Total del Gobierno Petro fortaleció a los grupos armados

El secretario de Seguridad y Justicia de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, sostuvo que el avance de los grupos armados en el departamento se tradujo en una nueva crisis humanitaria en Segovia y Remedios, donde desde el 29 de junio de 2026 se registra un desplazamiento masivo provocado por amenazas de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo en disputa por economías ilegales.

En diálogo con La FM, el funcionario afirmó que, en la política de Paz Total, esas estructuras no se redujeron sino que crecieron en hombres, armas y control territorial.

La emergencia deja hasta ahora 58 familias desplazadas, equivalentes a 201 personas, que salieron de la vereda Riobagre y llegaron a los cascos urbanos de ambos municipios. Según detalló Martínez, en Segovia hay 37 familias, integradas por 117 personas, y en Remedios 21 familias, con 84 personas, atendidas por la Gobernación de Antioquia y las alcaldías locales.

El funcionario ubicó el origen inmediato de la crisis en la confrontación entre el Frente Cuarto de las disidencias de las Farc y una estructura del Clan del Golfo en la zona limítrofe entre Segovia y Remedios. También indicó que el martes se realizó un consejo de seguridad para pedirle al Ejército mayor presencia en el área y capacidad de respuesta frente a las dos organizaciones.

En su descripción de la situación, Martínez explicó que los habitantes rurales quedan atrapados entre estructuras que ocupan el territorio de forma permanente. “La pobre gente, los pobres ciudadanos rurales, pues tienen que colaborarles y posteriormente son señalados por el otro grupo como auxiliadores”, dijo en la entrevista, al describir el mecanismo de presión que termina empujando a las familias fuera de sus veredas.

El funcionario vinculó ese patrón con la dinámica reciente de la confrontación en la zona. Señaló que se trata de un enfrentamiento que viene desde el mes anterior y que se agravó en un corredor donde ambos grupos buscan imponer control mediante intimidación sobre la población campesina.

Martínez dijo que la disputa armada en el nordeste antioqueño no responde a una lógica insurgente, sino al control de rentas ilegales. “Ahí no hay ni insurgentes ni contrainsurgentes. Ahí hay delincuentes dedicados a todo el tema de la minería ilegal, el control territorial y el narcotráfico”, afirmó al explicar que esa confrontación se concentra en el dominio de esas actividades.

Descartó que la confrontación tenga una motivación política o ideológica y la definió como una competencia entre organizaciones criminales por negocios ilícitos. “Ellos simple y llanamente lo que hacen es pelear por el dominio de esas economías ilegales”, señaló.

En esa lista, destacó un factor por encima del resto. “La minería ilegal se ha convertido en la principal fuente de financiación de estos grupos ilegales en el territorio”, afirmó, al ubicar esa actividad en el centro de la capacidad operativa de las estructuras que hoy disputan el nordeste antioqueño.

El secretario atribuyó a la paz total un crecimiento del Clan del Golfo, las disidencias y el ELN

Martínez aseguró que durante los últimos cuatro años, y en el marco de la política oficial, los grupos armados ilegales se expandieron en Antioquia. Según su balance, el Clan del Golfo creció 70 %, las FARC 62 % y el ELN 6 %.

También afirmó que el Clan del Golfo ya tiene presencia en cerca de 85 de los 125 municipios del departamento. Sobre las disidencias, agregó que hace poco se reactivó el Frente Quinto de las Farc y que ahora hace presencia en el norte de Antioquia, en San Andrés de Cuerquia, Toledo y San José de la Montaña.

El funcionario resumió su diagnóstico con una crítica directa a esa estrategia del Gobierno. “La política de paz total aquí no desmovilizó ningún grupo armado ilegal, no hizo que los cabecillas se presentaran a la justicia. Aquí lo que hizo fue fortalecerlos en hombres, en armas y crecieron ostensiblemente”, dijo al medio.