El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) dictó una orden de 15 meses de prisión y el cese de sus funciones al alcalde opositor Carlos García Odón, por el desacato a una orden de este máximo tribunal, y se convierte en el tercer edil en recibir un fallo similar en una semana.
"La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia conjunta de los magistrados y magistradas que la integran, declaró el desacato al mandamiento del amparo cautelar dictado mediante la sentencia N° 371 del pasado 24 de mayo", detalla el Supremo en un comunicado.
García es alcalde del municipio Libertador del estado Mérida (oeste) y fue citado el martes por el TSJ para este miércoles, en una audiencia a la que la alta corte se negó a diferir.
El TSJ informó que el burgomaestre quedará a la orden del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y se estableció como sitio de reclusión la sede de este cuerpo de seguridad ubicada en Caracas.
"Permanecerá en este lugar hasta que un juez de primera instancia en funciones de ejecución determine el sitio definitivo de reclusión", precisó el magistrado Juan José Mendoza Jover, presidente de la Sala Constitucional, citado por el comunicado.
Asimismo, reafirmó la medida de prohibición de salida del país "para garantizar su efectiva aprehensión, en razón de la no comparecencia a la audiencia y el desconocimiento de su paradero", y se pide al Sebin que tramite una "alerta roja" a la Interpol para lograr su ubicación y captura fuera del territorio nacional.
El pasado 24 de mayo la Sala Constitucional del TSJ ordenó a García y a otro grupo de alcaldes que garantizaran la circulación en las vías y despejaran los obstáculos en medio de las protestas que se registran en el país desde hace cuatro meses, y advirtió que su incumplimiento podría derivar en penas de prisión.
García Odón es el tercer alcalde opositor al que el máximo tribunal venezolano citó a audiencias públicas por permitir protestas callejeras contra el Gobierno en sus jurisdicciones y a quienes ha dictado 15 meses de prisión.
El primero fue Gustavo Marcano, del municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja, ubicado en Lechería, estado Anzoátegui (oriente), el pasado 25 de julio; y tres días después la decisión se replicó con Alfredo Ramos, del municipio Iribarren del estado Lara (oeste). Ramos fue detenido el pasado sábado en su despacho.
La oposición desconoce al Supremo debido que aseguran que 33 de sus magistrados son ilegítimos por irregularidades durante sus nombramientos por parte del anterior Parlamento, controlado por el chavismo.
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