Los salvadoreños mantendrán sus protecciones contra la deportación de EE. UU. por ahora

Estaba previsto que el Estatus de Protección Temporal para El Salvador expirara el miércoles. El gobierno de Trump dijo que haría un anuncio sobre el futuro del programa "en el momento adecuado".

El gobierno de Donald Trump dijo el miércoles por la mañana que no cancelaría las protecciones humanitarias temporales para más de 170.000 salvadoreños, por ahora, lo que preservará su capacidad de vivir legalmente en Estados Unidos y los protegerá de la deportación.

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés) permite a los ciudadanos extranjeros de naciones en problemas vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos y estaba previsto que expirara para El Salvador el miércoles. Pero el Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado que habría un anuncio con respecto al estatus de los salvadoreños "en el momento adecuado" y que hasta entonces, "las personas salvadoreñas presentes en Estados Unidos bajo el TPS conservan la protección".

El departamento no proporcionó más información sobre cuándo se haría el anuncio. El gobierno en ocasiones ha esperado varios días después del vencimiento del programa para hacer pública su decisión.

La medida contrasta fuertemente con la forma en que el gobierno de Trump ha tratado a los aproximadamente 350.000 haitianos cuyas protecciones expiraron en julio. Cientos han sido deportados en semanas recientes, y funcionarios federales han puesto en la mira a las comunidades haitianas en Estados Unidos con una campaña de agresivo monitoreo electrónico con tobilleras. Funcionarios del gobierno y las cuentas de redes sociales de Seguridad Nacional han difundido en masa videos de celebración en los que aparecen haitianos subiendo a vuelos de deportación.

El esfuerzo del gobierno para expulsar a esos haitianos se produce incluso cuando el Departamento de Estado advierte a los viajeros que no visiten Haití por ningún motivo debido al crimen y otras amenazas. El aviso de viaje del departamento para El Salvador, por su parte, sugiere tomar las precauciones normales.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha posicionado como un aliado dispuesto de la Casa Blanca, fundamental para los esfuerzos del gobierno de Trump de acelerar las deportaciones. En la primavera de 2025, ayudó a detener a más de 200 migrantes deportados de Estados Unidos a su país en una prisión de máxima seguridad. Expertos le han dicho a The New York Times que el Estatus de Protección Temporal para los salvadoreños le hace ganar a Bukele puntos políticos en su país, donde las remesas de familiares radicados en Estados Unidos son cruciales para la economía.

Aun así, muchos salvadoreños dicen que ya no se sienten seguros al quedarse con documentación vencida, a medida que las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en todo el país continúan atrapando a migrantes con y sin residencia legal.

En días recientes, decenas de líderes evangélicos latinos, beneficiarios del TPS y partidarios de los derechos de los migrantes han presentado peticiones a los legisladores en Washington para pedir protecciones a largo plazo. Algunos salvadoreños han comenzado a empacar, comprar vuelos y prepararse para la autodeportación.

"Para las familias de El Salvador, es un momento muy difícil", dijo José Palma, un salvadoreño beneficiario del TPS y portavoz de la Alianza Nacional del TPS, una organización enfocada en defender el programa. Muchos han vivido en Estados Unidos durante los últimos 25 años, agregó, y muchos han echado raíces profundas. Son dueños de autos, casas y tienen hipotecas. Tienen hijos nacidos en Estados Unidos en el bachillerato o a punto de ingresar a la universidad.

"Estamos viendo a familias que luchan por mantenerse estables", dijo, y citó su propio destino incierto.

Agustín Quiles, quien dirige Mission Talk, una organización de defensa de los evangélicos latinos que se reunió esta semana en Washington, dijo que los pastores de su red informan que sus miembros tienen miedo de ir a la escuela, al trabajo y a la iglesia.

"Hay mucho dolor, mucho sufrimiento", dijo Quiles.

La oficina de Bukele no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. No ha presionado públicamente por la extensión del TPS durante el segundo mandato del presidente Trump, pero los expertos regionales y grupos de derechos han especulado que el tema surgió cuando Bukele se reunió a puerta cerrada con Trump en la Casa Blanca en julio.

El fin del programa sería catastrófico para la reputación de Bukele ante la diáspora salvadoreña, dijeron los expertos regionales.

Noah Bullock, director de Cristosal, una organización salvadoreña de derechos, dijo que sería "extraño" que el gobierno de Trump pusiera fin al TPS después de las medidas que el líder salvadoreño ha tomado para apoyar la agenda de Trump sobre migración y narcotráfico.

Bullock dijo que el gobierno de Trump no solo ha pasado por alto un patrón documentado de violaciones de derechos humanos bajo el mandato de Bukele, sino que también se ha vuelto "cómplice" de los abusos de su gobierno.

Bukele impuso un régimen de excepción en 2022, con la intención de tomar medidas enérgicas contra las pandillas de su país, que suspendió el debido proceso y ha resultado en la detención de decenas de miles de salvadoreños, la mayoría sin juicio. A Bukele también se le ha atribuido una fuerte caída en la tasa de homicidios y una reducción más amplia de la violencia.

Parece que El Salvador ha cosechado los beneficios de la disposición de Bukele a colaborar con Trump.

En abril de 2025, un mes después de que Bukele aceptara a los migrantes venezolanos en su sistema penitenciario, el Departamento de Estado de Estados Unidos elevó el aviso de viaje de El Salvador a su calificación de seguridad más alta, y lo designó de manera oficial como más seguro que naciones de Europa occidental como Francia. La mejora fue significativa para un país que alguna vez estuvo plagado de pandillas y cuyo líder busca cambiar su imagen y atraer turismo internacional.

El número de vuelos de expulsión del ICE a El Salvador ha aumentado drásticamente en 2026 en comparación con el año anterior, según Human Rights First, una organización con sede en Estados Unidos que rastrea las deportaciones. Pero ese número sigue estando por debajo del número de vuelos de deportación a El Salvador en 2022 bajo el mandato del presidente Joe Biden. En ese momento, un número récord de migrantes cruzaba la frontera de Estados Unidos.

El gobierno de Trump ya ha pausado o cancelado el TPS para 13 de los 17 países que alguna vez estuvieron cubiertos. La Corte Suprema dictaminó en junio que el gobierno podía poner fin al programa para cientos de miles de haitianos y sirios.

A menos de dos meses de las elecciones intermedias, las tácticas agresivas de inmigración han surgido como un tema espinoso para los republicanos. Las imágenes de personas que son acorraladas en aeropuertos y en sus autos han provocado rechazo, incluso cuando los miembros de la base del presidente Trump han pedido tácticas de mano más dura.

El Salvador fue el primer país designado bajo el programa del TPS luego de que el Congreso lo creara con apoyo bipartidista y el presidente George H. W. Bush lo promulgara como ley en 1990. El estatus proporciona un refugio seguro para personas de naciones extranjeras sumidas en conflictos armados, desastres naturales y crisis, y el gobierno puede renovarlo hasta por 18 meses a la vez.

Los críticos, incluido Trump, dicen que el programa tenía la intención de proporcionar solo alivio a corto plazo. Las organizaciones de derechos de los migrantes y de ayuda a los refugiados responden que el estatus se ha convertido en uno de los pocos caminos hacia la seguridad dentro del sistema migratorio de Estados Unidos, anticuado y sobrecargado, que el Congreso no ha logrado reformar.

Daysi González, de 31 años, operadora política demócrata y socia de Solidarity Strategies, una firma de consultoría progresista, ha vivido en Estados Unidos desde que llegó a California proveniente de su natal El Salvador para la Navidad de 2000. Ella y su familia ingresaron al país con visas de turista, pero solicitaron el TPS después de que su país de origen fuera azotado por fuertes terremotos ese invierno. Terminó quedándose durante décadas.

González dijo que habría solicitado una residencia a más largo plazo si hubiera podido, pero el programa no proporciona una vía legal hacia el estatus de residente permanente legal.

Ahora, ha estado publicando videos en las redes sociales en los que relata lo que podrían ser sus últimos días en Estados Unidos. El martes, estaba buscando vuelos y esperando recibir noticias de su empleador sobre si podría mantener su empleo.

"Sin confirmación de que puedo trabajar legalmente, de que puedo renovar mi licencia, vivir aquí simplemente será demasiado peligroso", dijo.

Jazmine Ulloa es reportera de temas de Estados Unidos que cubre migración para el Times.

Madeleine Ngo cubre migración y políticas públicas sobre economía para el Times.

Annie Correal es corresponsal en Latinoamérica para el Times.