Así es como Wall Street saca provecho de las demandas por lesiones personales

Empresas y doctores han recomendado cirugías costosas, y en algunos casos innecesarias, a clientes desesperados por ganar sus casos en los tribunales.

Casos de lesiones personales como el de Danny Anguisaca-Morales pueden tardar años en resolverse, por lo que para mantenerse, recurrió a una empresa conocida como financiadora legal para consumidores.

Estas empresas otorgan anticipos de efectivo a los demandantes para cubrir gastos como el alquiler, la comida y la atención médica mientras sus casos pasan por los tribunales. El anticipo es similar a un préstamo, excepto que si un caso fracasa, el demandante no tiene que devolverlo.

Pero la mayoría de las veces, las compañías de seguros llegan a un acuerdo en los casos de lesiones personales, y los demandantes devuelven sus anticipos, más tarifas e intereses del 35 al 45 por ciento anual, en promedio. Una mujer en Nueva York que dijo haberse torcido el tobillo en una acera, por ejemplo, recibió 76.500 dólares en anticipos y terminó debiendo al menos 1,4 millones de dólares a su financiadora para cuando su caso se resolvió, según muestran los registros judiciales.

Tras bambalinas, The New York Times descubrió que Wall Street ha encontrado la manera de sacar provecho de todo esto.

Algunos de los actores más importantes de la industria de financiamiento de consumidores están agrupando miles de estos pagarés para crear valores respaldados por activos, los productos financieros que se volvieron infames durante la crisis hipotecaria de 2008 y que han regresado con fuerza.

Los valores respaldados por activos permiten a los inversionistas comprar una participación en los pagos futuros de un conjunto de deudas o activos. Los préstamos para automóviles y los saldos de tarjetas de crédito se convierten habitualmente en valores. Otros se derivan de garantías menos tradicionales: regalías de composición de canciones, centros de datos, franquicias de comida rápida, y ahora, anticipos de efectivo otorgados a demandantes por lesiones personales.

Para los inversionistas que participan, un valor ofrece un ritmo regular de pagos a medida que concluyen las demandas y se devuelven los anticipos, junto con los honorarios e intereses. Y para una empresa de financiamiento, ofrece una vía rápida para recuperar anticipos anteriores, y efectivo para invertir en otros nuevos.

Los financiadores afirman que están nivelando el campo de juego al permitir que las personas lesionadas se enfrenten a las aseguradoras y a otros adversarios poderosos.

"Las compañías de seguros no son exactamente el arcángel", dijo Jack Kelly, director general de la American Legal Finance Association, un grupo comercial. "Si cortas la bursatilización, cortas el suministro de dinero a las víctimas".

Pero este ciclo también puede impulsar la demanda de casos adicionales y de mayor valor a medida que los financiadores intentan acumular colecciones de nuevos pagarés para atraer a más inversionistas, según descubrió el Times en una revisión de demandas y entrevistas con más de 50 abogados, asistentes legales y exempleados y empleados actuales de financiamiento legal para consumidores.

"Estás involucrando a estos terceros que no tienen ningún interés en la integridad de la profesión legal", dijo Richard Painter, profesor de derecho de valores y ética legal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota. "Simplemente quieren ganar dinero a costa del sistema de justicia".

El crecimiento de la industria de financiamiento ha coincidido con una explosión de casos de lesiones personales en todo el país. Durante la última década, estos casos se han disparado un 70 por ciento en los tribunales estatales y un 33 por ciento en los tribunales federales, según datos de Thomson Reuters Westlaw. Ahora es común que las demandas busquen pagos de siete cifras por accidentes de construcción, accidentes automovilísticos y resbalones y caídas.

Aunque los valores no se cotizan en bolsa, el Times identificó a seis grandes financiadoras de litigios que bursatilizan sus pagarés. En una industria de unas pocas decenas de empresas, estas seis se encuentran entre las más grandes. Juntas, representan más del 90 por ciento de los anticipos a nivel nacional, según el grupo comercial.

El Times encontró más de dos decenas de estos acuerdos de bursatilización desde 2020, los cuales representan cientos de miles de casos y recaudaron 2800 millones de dólares de los inversionistas. Es casi seguro que haya más.

Este ecosistema se construyó demanda tras demanda: las empresas de financiamiento comercializan sus servicios directamente a los consumidores y despliegan representantes de ventas para cultivar relaciones con los abogados. A menudo, los abogados conectan a sus clientes con las financiadoras de litigios, las cuales proporcionan los anticipos de efectivo y luego los agrupan.

A medida que ha aumentado el número de casos de lesiones personales, los funcionarios del gobierno y la industria de seguros han advertido sobre un fraude creciente e incluso sistémico, lo que plantea dudas sobre si el fraude se está filtrando a los valores.

Este año, la gobernadora de Nueva York anunció medidas enérgicas contra el fraude de seguros de automóviles después de que los reguladores reportaran un aumento del 80 por ciento en reclamaciones dudosas desde la pandemia. Texas, California, Luisiana, Pensilvania y Míchigan han registrado aumentos de dos dígitos en el fraude de seguros reportado en los últimos cinco años.

Las aseguradoras y otras entidades han recurrido a una táctica agresiva para rechazar lo que afirman que son estafas en aumento. Desde 2023, empresas como Geico, Allstate, Uber y FedEx han presentado al menos 60 demandas civiles por crimen organizado en cinco estados. Acusan a cientos de abogados, proveedores médicos y otros de conspirar para inventar reclamaciones falsas o exageradas. Las empresas también han acusado de fraude a demandantes individuales.

Los casos de crimen organizado argumentan que se alentó o coaccionó a los demandantes para que recibieran tratamiento médico innecesario con el fin de aumentar el valor de sus demandas.

En entrevistas, una decena de exempleados de firmas de abogados y financiadoras de litigios legales se hicieron eco de estas acusaciones, al decir que las financiadoras de litigios y los abogados ofrecían la perspectiva de anticipos adicionales para que los demandantes se sometieran a más operaciones quirúrgicas. (La mayoría habló bajo condición de anonimato por temor a represalias profesionales).

"Muchas veces los clientes no querían una operación como una fusión cervical porque es riesgosa, pero también necesitaban dinero", dijo Daniel Laskowski, quien trabajó en ventas para la financiera legal con sede en Florida, USClaims, hasta el año pasado. "En cierto modo, es como presionar a alguien para decirle: 'Si quieres esta cantidad de dinero, necesitas someterte a esta cirugía'".

Cada vendedor tenía el objetivo mensual de emitir 500.000 dólares en anticipos, dijo. "Nos hacían llamar a todos los abogados con los que estábamos trabajando para ver si alguien necesitaba dinero", recordó Laskowski, quien dijo que fue despedido por no generar suficientes negocios.

USClaims ha financiado a múltiples demandantes que posteriormente fueron acusados de fraude, pero la empresa misma no ha enfrentado acusaciones directas. La compañía dijo en un comunicado que si se demuestra que un caso es fraudulento, entonces "USClaims se encuentra entre los que fueron defraudados y perdieron dinero". Agregó que la empresa tiene una participación financiera en sus propias bursatilizaciones, por lo que asume parte del riesgo.

Las demandas por extorsión presentadas por compañías de seguros y otras entidades argumentan que muchos de los demandantes por lesiones personales son de bajos ingresos, y algunos son reclutados por "captadores" que trabajan para firmas de abogados. A menudo, los demandantes terminan con solo una fracción de cualquier acuerdo, señalan las demandas.

El año pasado, por ejemplo, un trabajador de la construcción en Nueva York le debía casi 1,8 millones de dólares a su financiera para cuando recibió un acuerdo de 3,75 millones de dólares. Después de que sus abogados recibieron su parte de un tercio, como es habitual, el trabajador obtuvo 500.000 dólares.

En Queens, Nueva York, 11 personas en la misma dirección --un edificio de departamentos de tres unidades-- presentaron demandas alegando lesiones graves relacionadas con la construcción en un plazo de 18 meses. Al menos cinco han recibido anticipos de efectivo, y al menos siete han tenido cirugías mayores, incluidas fusiones de columna y cuello, según muestran los registros.

"Se está explotando a las personas, particularmente cuando se les incentiva económicamente de una manera que es muy difícil rechazar", dijo Daniel Johnston, socio de The Willis Law Group, que ha representado a aseguradoras y otras empresas que presentan demandas por fraude y extorsión.

Kelly, del grupo comercial, dijo que cree que el fraude es mínimo y que la industria de seguros simplemente quiere asfixiar el financiamiento que brinda a los demandantes la ventaja y el tiempo para ganar acuerdos más altos.

"Si realmente hubiera un predominio de fraude en este mercado", dijo, "¿no crees que la industria de seguros habría presentado estos miles de casos a los fiscales federales, los habría envuelto para regalo y dicho: 'Aquí están'?".

Es difícil saber si los casos de presunto fraude están respaldando los valores, porque a las financiadoras de litigios no se les exige revelar los anticipos individuales que agrupan.

Pero las seis firmas identificadas por el Times han bursatilizado la mayoría de sus anticipos, según profesionales de finanzas y financiamiento con conocimiento directo de estos acuerdos. Todas las financiadoras de litigios han respaldado a demandantes que posteriormente fueron acusados de fraude, y la mitad han sido nombradas como acusadas en demandas por extorsión.

Una demanda presentada en junio trazó una línea directa desde la bursatilización hasta el fraude. Afirmaba que la financiera con sede en Nueva York, Golden Pear Funding, participó en un plan para inflar las reclamaciones por lesiones personales, alargar los casos y maximizar sus pagos, "todo mientras bursatilizaba las reclamaciones para venderlas a inversionistas externos". Golden Pear declinó hacer comentarios.

Los valores de financiamiento legal han atraído principalmente a inversionistas institucionales como los fondos mutuos, al ofrecer rendimientos confiables que no se ven afectados directamente por las fluctuaciones del mercado de valores. (El Times encontró rendimientos de hasta un 17 por ciento, con promedios de alrededor del 7 por ciento). Millones de estadounidenses tienen una participación en ellos a través de cuentas de jubilación o carteras personales invertidas en esos fondos.

Incluso las propias compañías de seguros no han podido resistirse a estas inversiones.

Más de 30 aseguradoras de accidentes y daños a terceros --las empresas que generalmente son responsables de los pagos por lesiones personales-- han invertido al menos 136 millones de dólares en valores creados a partir de demandas por lesiones personales desde 2020. Estas incluyen a 16 miembros de la organización sin fines de lucro Oficina Nacional de Delitos de Seguros, un importante grupo comercial contra el fraude, que el año pasado se quejó ante el Congreso de que el financiamiento legal por parte de terceros estaba alimentando el fraude.

Los representantes de 10 de las 16 empresas dijeron que ya no mantenían esas inversiones y que no invertirían en futuros valores de financiamiento de litigios. Los valores están "cada vez más desalineados con nuestro papel como aseguradora", dijo Julia B. Jenson, portavoz de Western National Insurance Group, cuyas filiales habían invertido al menos 14 millones de dólares.

Anguisaca-Morales, que tenía 32 años cuando dijo que se cayó de una escalera en una iglesia de Manhattan en julio de 2020, finalmente fue acusado por la iglesia y su contratista de fingir su accidente en medio de un "clima de fraude generalizado".

Dijo en una declaración jurada que había huido de Ecuador aproximadamente un año antes y había solicitado asilo en Estados Unidos.

Según un documento judicial, estuvo confinado en cama durante dos meses después del accidente y más tarde se sometió a una operación de rodilla y espalda, y le fusionaron vértebras en el cuello con tornillos. Anguisaca-Morales "sufrió una grave conmoción en su sistema nervioso"; estaba atormentado por dolores de cabeza, vértigo y trastorno de estrés postraumático; y ya no podía trabajar, escribieron sus abogados.

Dos firmas de abogados que han representado a Anguisaca-Morales --Subin Associates y Cerchione Hurowitz-- han sido nombradas como acusadas en demandas por extorsión, al igual que su financiera y dos médicos ortopédicos que lo operaron.

Anguisaca-Morales recibió financiamiento de Pegasus Legal Capital, con sede en Florida, según muestran los registros. El monto no fue revelado. No está claro si su anticipo fue bursatilizado, pero Pegasus bursatiliza una gran mayoría de sus casos, según una persona familiarizada con las prácticas de la financiera.

En una entrevista, Anguisaca-Morales dijo que sus abogados le habían dicho que si se sometía a las operaciones, podría obtener mucho dinero por el accidente. La demanda y las intervenciones quirúrgicas descarrilaron su vida, dijo, y declinó proporcionar más detalles, incluido cómo se conectó con sus abogados o con Pegasus.

"No quiero meterme en más problemas", dijo Anguisaca-Morales. "Dios se encargará de las personas que hacen mal en el mundo". Dijo que estaba trabajando para pagar la deuda en la que incurrió al venir a Estados Unidos y para acumular fondos de emergencia en caso de que lo deporten.

Después de que el Times contactara a Cerchione Hurowitz el mes pasado sobre la demanda, la firma la retiró. La firma no explicó su razonamiento, al citar el privilegio cliente-abogado. Sus médicos y la financiera declinaron hacer comentarios.

Exempleados de firmas de abogados y de financiadoras de litigios dijeron en entrevistas que con cada vez más dinero en juego, las condiciones están dadas para los oportunistas.

En 2024, un exvicepresidente de Cartiga, una financiadora de litigios con sede en Nueva York, demandó a la empresa, argumentando que lo habían despedido en represalia por advertir a los líderes que estaban financiando demandas dudosas por lesiones personales.

El exempleado, Kristopher Hassett, relató que les dijo a sus jefes que había identificado a un bufete de abogados y a un captador que parecían estar fabricando casos. En respuesta, según su denuncia, el director financiero de Cartiga le dijo que mantuviera los casos potencialmente fraudulentos "en los libros" para mantener el volumen.

La demanda de Hassett también afirmaba que Cartiga alentaba a los demandantes a someterse a procedimientos médicos para aumentar el valor de sus reclamaciones.

En un comunicado, Cartiga negó las acusaciones y dijo que Hassett era un "empleado descontento que fue despedido como parte de una reducción de personal". La compañía agregó que "ha actuado de manera adecuada y responsable en todo momento". Hassett declinó hacer comentarios.

Desde 2022, Cartiga ha ofrecido al menos dos bursatilizaciones, al recaudar más de 175 millones de dólares que podrían financiar a nuevos demandantes.

Este año, una compañía de seguros presentó una demanda por actividades delictivas en la que acusa a Cartiga y a otras financiadoras de litigios de solventar cirugías innecesarias y a sobreprecio, cobrar altas tasas de interés y tarifas, y en última instancia, aumentar el valor de los casos para incrementar sus propias ganancias.

La demanda por crimen organizado cita el caso de Gina Lombana, quien recibió un monto no revelado de financiamiento de Cartiga y de otra empresa. En 2022, ella demandó a los propietarios de un edificio de Queens por 6,5 millones de dólares, diciendo que se había tropezado en una acera irregular.

Lombana, que tenía 37 años cuando se cayó, afirmó que sus lesiones requirieron cuatro cirugías, que incluyeron la fusión de su columna y cuello y la extirpación de al menos una parte del cóccix.

Más tarde retiró la lesión del cóccix de su reclamación, después de que un abogado de los propietarios del edificio señaló que ella dijo que se había caído hacia adelante, no hacia atrás.

Los registros judiciales muestran que otra empresa de financiamiento compró sus anticipos e impuso intereses y tarifas que ascienden a casi un 60 por ciento anual. Para noviembre, deberá más de 1 millón de dólares.

Lombana, quien dijo en una declaración jurada que ahora le dolía bañarse y cocinar, ha sido acusada de fraude en los documentos judiciales por parte de los propietarios del edificio. Ella remitió las preguntas sobre su caso pendiente a su abogado, Chris Long de la firma McDonald Worley. "Si hubiera fraude, no estaríamos involucrados", dijo Long.

Cartiga dijo en un comunicado que, si bien no podía hacer comentarios sobre clientes específicos, "suscribe reclamaciones con rigor e independencia". La compañía dijo que en el "raro caso" de que las partes den información falsa que no logre detectar, la firma también es engañada y pierde dinero.

En los últimos años, más de una decena de estados han impuesto restricciones al financiamiento de litigios por parte de terceros, lo que incluye limitar las tasas de interés, prohibir las tarifas de referencia a abogados y proveedores médicos, y requerir que los demandantes revelen sus fuentes de financiamiento ante el tribunal.

Virginia Occidental fue el primero de un pequeño número de estados en limitar explícitamente la bursatilización. Los legisladores allí estaban preocupados de que las empresas de financiamiento pudieran verse tentadas a ignorar las señales de fraude mientras buscaban demandantes a quienes respaldar, dijo Mike Romano, un abogado de demandantes que ayudó a elaborar el proyecto de ley bipartidista como senador estatal.

"Hacia ahí se dirigían la práctica del derecho y el financiamiento de litigios", dijo Romano, quien anteriormente investigó fraudes para la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. "Constantemente están buscando nuevas maneras de tomar el dinero que tienen, invertirlo y ganar más dinero".

Lilia Yapparova y Wesley Parnell colaboró con reportería. Producción adicional de Rumsey Taylor.

METODOLOGÍA

Para medir el grado de participación de Wall Street en el financiamiento legal para consumidores, el Times examinó los anuncios públicos de las financiadoras de litigios y agencias de calificación, así como los listados en el servicio de noticias financieras de Bloomberg. El Times identificó y analizó 26 bursatilizaciones desde 2020.

No se exige que las financiadoras de litigios revelen quiénes son sus inversionistas. Sin embargo, el Times pudo identificar a muchos de los inversionistas en esos acuerdos a través de sus propias declaraciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y los reguladores estatales de seguros. Para determinar el monto total invertido por estas empresas, el Times utilizó el valor reportado de la tenencia más antigua de cada empresa de cualquier valor dado.

Lilia Yapparova y Wesley Parnell colaboró con reportería. Producción adicional de Rumsey Taylor.