Alias Timochenko reaccionó a decisión de Abelardo de la Espriella de apagar las emisoras de paz: “Es incumplir el acuerdo”

La decisión del presidente Abelardo de la Espriella de apagar en su totalidad la programación de las emisoras de paz creadas desde la implementación del acuerdo de paz con las extintas Farc en 2016 sigue generando posiciones encontradas.

De hecho, tras el anuncio, uno de los primeros en aparecer fue el exjefe guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko, que, a través de su cuenta de X, cuestionó la decisión que afecta directamente a los municipios vinculados al proceso de paz.

Según el también líder del partido Comunes, la decisión del Ejecutivo sería una violación directa al acuerdo de paz firmado en la Habana en 2016 que, entre otras, abrió el espacio radial como parte del proceso de reparación y reintegración en las zonas de conflicto.

Así mismo, alias Timochenko cuestionó que el Ejecutivo quiera “opacar” las muestras de arte y cultura que representan el espacio radial y que beneficia a las comunidades campesinas y víctimas del conflicto armado en el país.

“Apagar las Emisoras de Paz es incumplir el Acuerdo de Paz y violar la Constitución Política de Colombia.¿Cuál es el temor y la prevención hacia las emisoras creadas por el Acuerdo de Paz cuyo fin único es hacer pedagogía de la no-violencia por medio de la cultura y el arte?“, indicó el exlíder guerrillero.

Por su parte, el exsenador del partido Comunes Omar Restrepo se despachó contra el Gobierno nacional al asegurar que estaría violando el derecho a la información, además de atentar contra las comunidades beneficiadas por el alcance radial.

“El Acuerdo de Paz es una conquista del pueblo colombiano y, por eso mismo, por mucho que los guerreristas de la extrema derecha se empeñen en desmontarlo, no nos van a devolver al pasado de los hornos crematorios, los falsos positivos y las masacres. Porque silenciar las Emisoras de Paz no atenta solo contra el derecho a la información, sino que atenta directamente contra el derecho de las comunidades afectadas por el conflicto y de las víctimas a ser informadas y a tener voz”, señaló el excongresista.

Las críticas surgen después de que el Gobierno de Abelardo De la Espriella ordenó suspender la programación de las 20 emisoras de paz creadas por el Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia, una decisión que dejó esas frecuencias emitiendo solo música y que puso bajo discusión la continuidad de un compromiso estatal con municipios golpeados por el conflicto armado.

La medida no se limitó a esas estaciones. También alcanzó a 11 emisoras descentralizadas del sistema de Radio Nacional, que en conjunto reúnen más de 70 frecuencias, mientras en las regiones crece la incertidumbre por el futuro de contenidos locales que, según trabajadores del sistema, representaban cerca del 90% de la programación de las emisoras de paz.

La instrucción fue enviada el lunes festivo 17 de agosto por medio de un mensaje de WhatsApp remitido por Inravisión a los directores de las estaciones, según reveló El Armadillo. Desde entonces, quedaron fuera del aire espacios informativos, culturales y comunitarios producidos desde los territorios.

Las emisoras de paz surgieron del punto 6.5 del acuerdo firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las antiguas Farc. Ese documento ordenó poner en funcionamiento 20 “emisoras para la convivencia y la reconciliación” en municipios priorizados.

Su función no se limitaba a la difusión musical. Esas señales debían ofrecer contenidos culturales, informativos y de servicio, además de abordar la implementación del acuerdo y la vida cotidiana de las comunidades donde operan.

La decisión llegó pocos días después de la posesión del nuevo Gobierno y de movimientos internos en Inravisión. El 12 de agosto, el Ministerio TIC oficializó el nombramiento de la abogada Ángela María Mora como gerente de la entidad.

Cuatro días después, el 16 de agosto, esa cartera publicó un comunicado en el que anunció el fin de lo que definió como “el aparato de propaganda en el Sistema de Medios Públicos de Colombia”. Según el ministerio, Mora y la ministra Alexandra Falla acordaron un “plan de acción inmediato” para transformar la programación, revisar la contratación y fortalecer la gestión del sistema.

Entre las medidas informadas por la cartera figuraban el fin de la franja noticiosa y de opinión en radio y televisión, así como una revisión de contenidos, contratos y convenios. El Gobierno sostuvo que busca un sistema “plural, independiente, transparente y al servicio de la ciudadanía”, en el que la información pública no quede subordinada a intereses políticos.

Trabajadores del sistema aseguraron que las tensiones editoriales ya habían comenzado antes de la suspensión. Una funcionaria afirmó que Diego Fajardo, quien según su relato todavía no estaba contratado, empezó a intervenir en los consejos de redacción y a revisar los contenidos previstos para emisión.

De acuerdo con fuentes citadas por El Armadillo, esas diferencias se agravaron durante la cobertura del terremoto del 10 de agosto. Los equipos periodísticos, según esas versiones, defendieron su trabajo bajo criterios de información y neutralidad.

La consecuencia inmediata de la orden fue más amplia que la salida del aire de programas periodísticos. También dejaron de emitirse espacios dedicados a cultura, medio ambiente, vida campesina y dinámicas comunitarias, producidos para públicos locales en municipios donde la radio pública cumple una función de conexión territorial.