El Departamento de Justicia pone la mira sobre E. Jean Carroll por sus demandas contra Trump

Carroll, quien ganó un juicio civil tras acusar al presidente de los EE. UU. de abuso sexual, es objeto de una campaña de un gobierno que quiere cazar a supuestos enemigos.

El Departamento de Justicia ha abierto una investigación penal contra E. Jean Carroll, la exescritora de revistas de 82 años que acusó a Donald Trump de agresión sexual, según dos personas con conocimiento directo de la situación.

La investigación se centra en si Carroll cometió perjurio en los juicios civiles contra Trump, según una de las personas, quien habló bajo condición de anonimato para discutir una investigación en curso. Carroll ganó una sentencia civil de 5 millones de dólares contra Trump por haber abusado sexualmente de ella y haberla difamado. El presidente pidió el pasado noviembre a la Corte Suprema que se anulara. También ganó una sentencia civil de 83,3 millones de dólares contra él en otro caso de difamación.Someter a Carroll a una investigación representaría el último capítulo de la campaña de represalia de Trump, llevada a cabo por funcionarios del Departamento de Justicia. Varias figuras que presentaron casos penales y civiles contra Trump han estado bajo la lupa del departamento, entre ellos James B. Comey, la fiscala general de Nueva York, Letitia James, y otros adversarios del presidente.

Andrew S. Boutros, el fiscal estadounidense designado por Trump para el Distrito Norte de Illinois, abrió la investigación contra Carroll, según la persona con conocimiento de la situación. La investigación fue reportada anteriormente por CNN.

El abogado de Carroll no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Se dice que Todd Blanche, el fiscal general en funciones, se ha recusado de la investigación debido a su representación previa de Trump, aunque funcionarios de la sede del departamento han participado en la investigación.

La investigación se produce en un momento volátil al interior de un Departamento de Justicia que parece estar cada vez más controlado por Trump, quien se ha enfrentado a poca resistencia por parte de la dirección del departamento mientras acelera su campaña de represalias contra quienes lo acusaron o desafiaron en el pasado.

Blanche ha investigado agresivamente a personas que Trump tiene en la mira. El mes pasado, el departamento acusó a James B.Comey, exdirector del FBI, por una publicación en redes sociales de conchas marinas acomodadas en forma de los números "86 47", que los fiscales dijeron constitutía una amenaza contra Trump. Comey ha dicho que no asoció los números con la violencia y negó haber actuado mal.La campaña de venganza de Trump se puso en marcha el pasado septiembre, cuando exigió públicamente a la entonces fiscala general, Pam Bondi, que actuara para procesar a varios de sus adversarios. Al cabo de varias semanas, un fiscal recién seleccionado en el Distrito Este de Virginia había imputado a Comey y a James. Pero ambos casos fueron desestimados por un juez y, a pesar de la nueva imputación de Comey el mes pasado, el departamento ha luchado por ganar tracción en una serie de casos contra los adversarios de Trump.

Las acusaciones de Carroll se encuentran entre las más severas formuladas contra el presidente, y éste ha tratado durante mucho tiempo de degradarla y desacreditarla.

En un punto de discordia antes del primer juicio, los abogados de Trump escribieron al juez acusando a Carroll de ocultar el apoyo financiero que su caso recibió de Reid Hoffman, el multimillonario cofundador de LinkedIn y fuerte crítico de Trump.

Los abogados dijeron que la eventual revelación de ese financiamiento sembraba "importantes dudas" sobre la credibilidad de Carroll. Sus abogados, en su propia carta al tribunal, argumentaron que el apoyo financiero de Hoffman era irrelevante para las reclamaciones legales de Carroll y que ella no tuvo nada que ver con la obtención del financiamiento externo.

Una vocera de Hoffman no respondió el miércoles por la noche a una solicitud de comentarios.

En mayo de 2023, un jurado federal de Nueva York declaró a Trump responsable de abusar sexualmente de Carroll en un camerino de Bergdorf Goodman a mediados de la década de 1990. El jurado también determinó que Trump la había difamado al decir en sus redes sociales que su caso era un engaño y una mentira.

El jurado concedió a Carroll 5 millones de dólares, un veredicto confirmado en apelación en diciembre de 2024, un mes antes de que Trump jurara su segundo mandato, cuando un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos rechazó por unanimidad su petición de un nuevo juicio. El panel dijo que Trump "no había demostrado que el tribunal de distrito se equivocara en ninguno de los fallos impugnados".

Trump ganó este mes un aplazamiento en otro caso de difamación en el que Carroll fue indemnizada con 83,3 millones de dólares en enero de 2024 tras otro juicio en Manhattan.

El veredicto incluía 65 millones de dólares en daños punitivos después de que el jurado determinara que Trump había actuado con malicia al difamar a Carroll. Sus abogados argumentaron al jurado que era necesario un veredicto grande para impedir que Trump continuara sus ataques contra ella, mismos que realizó en conferencias de prensa, en publicaciones en las redes sociales y durante el propio juicio.

Trump, quien no testificó contra Carroll en el primer juicio, subió brevemente al estrado en el segundo. El veredicto de 83,3 millones de dólares también fue confirmado por un tribunal de apelaciones del Segundo Circuito en un fallo unánime de tres jueces.

El panel de apelaciones dijo que Trump "nunca vaciló ni cejó en sus ataques públicos" contra Carroll, y que ella fue sometida a acoso público como resultado de sus declaraciones, incluidas amenazas de muerte y de lesiones físicas.

El tribunal dictaminó que Trump no tenía que pagar la sentencia, ya que tiene intención de apelar ante la Corte Suprema.

No quedó claro de inmediato por qué la investigación sobre Carroll estaba siendo llevada a cabo por Boutros, quien tiene su sede en Chicago, aunque una organización sin ánimo de lucro asociada a Hoffman se encuentra allí.

La dirección del Departamento de Justicia también ha hecho un amplio uso de una disposición que permite la designación de casos a fiscales elegidos a modo en todo el país, independientemente de si los posibles delitos ocurrieron en sus jurisdicciones.

El departamento asignó su investigación sobre John Brennan, el exdirector de la CIA, al fiscal estadounidense de Miami, Jason Reding Quiñones, porque se le consideraba más dispuesto a perseguir un caso considerado cuestionable por otras oficinas, según antiguos funcionarios.

La conducta de los fiscales bajo la supervisión de Boutros ha sido objeto de serias críticas en los últimos días.

El jueves pasado, anunció que se desestimarían los cargos por delitos menores contra quienes habían protestado a las afueras de un centro de detención de inmigrantes cerca de Chicago el año pasado.

En una audiencia en el centro de Chicago, Boutros dijo que la posible mala conducta de los fiscales durante el proceso del gran jurado había llevado a la desestimación.

Los abogados defensores dijeron que los fiscales que trabajaban a las órdenes de Boutros mantuvieron conversaciones sobre el caso con miembros individuales del gran jurado fuera del juzgado, lo que supone una infracción de las normas.

Jonah E. Bromwich colaboró con reportería.

Glenn Thrush cubre el Departamento de Justicia y también ha escrito sobre la violencia armada, los derechos civiles y las condiciones en las cárceles y prisiones del país.

Benjamin Weiser es periodista del Times y cubre los tribunales federales y la fiscalía de Manhattan, así como el sistema judicial en general.

Jonah E. Bromwich colaboró con reportería.