Vapeadores en México: prohibición dispara mercado negro y favorece al crimen organizado

La política constitucional contra los vapeadores en México ha generado efectos contrarios a los que buscaban las autoridades. Aunque el gobierno federal endureció las restricciones hasta llevarlas al nivel constitucional, organizaciones civiles y especialistas aseguran que la medida detonó el crecimiento del mercado negro, fortaleció redes de contrabando y provocó un aumento en el consumo de tabaco tradicional.

A unos días del Día Mundial del Vapeo, que se conmemora cada 30 de mayo, la asociación México y el Mundo Vapeando sostuvo que el país enfrenta “la tormenta perfecta” en materia de tabaquismo y comercio ilegal de dispositivos electrónicos.

Juan José Cirión Lee, presidente de la organización, afirmó que la prohibición no eliminó el consumo de vapeadores, sino que desplazó su venta hacia canales clandestinos sin ningún tipo de regulación sanitaria o control de calidad.

De acuerdo con sus estimaciones, actualmente cerca de tres millones de personas continúan utilizando vapeadores en México, pese a las restricciones impulsadas por el gobierno federal. Sin embargo, advirtió que la diferencia es que ahora los productos se comercializan principalmente a través de redes informales vinculadas al contrabando.

“Antes de la prohibición constitucional existían establecimientos que operaban mediante amparos y comercializaban productos importados bajo ciertas normas de calidad. Hoy todo ocurre en la clandestinidad”, señaló el activista.

Mercado ilegal y riesgos para menores de edad

Uno de los puntos que más preocupa a especialistas y organizaciones civiles es el acceso de menores de edad a estos productos. Según México y el Mundo Vapeando, la falta de regulación abrió la puerta a que adolescentes y jóvenes puedan adquirir dispositivos sin ningún control de edad en mercados clandestinos.

Cirión Lee comparó la situación mexicana con la de países como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y España, donde el vapeo sí está regulado y únicamente puede venderse a personas adultas.

Además del impacto sanitario, la asociación alertó sobre las pérdidas económicas derivadas de la evasión fiscal. Indicó que el gobierno dejó de recaudar recursos relacionados con impuestos de importación, IVA e Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

En 2022, legisladores de Movimiento Ciudadano estimaron que una regulación formal del vapeo podría generar hasta 13 mil millones de pesos en ingresos fiscales, de los cuales aproximadamente 4 mil millones podrían destinarse a estados y municipios.

Prohibición también habría impulsado el tabaquismo

Otro de los efectos señalados por activistas es el posible repunte en el consumo de cigarros tradicionales. Antes de la prohibición, seis de cada diez personas utilizaban vapeadores como alternativa para dejar el tabaco convencional.

No obstante, la dificultad para conseguir dispositivos electrónicos de forma segura habría provocado que parte de esos consumidores regresaran al cigarro tradicional.

El presidente de la organización sostuvo que tres de esas seis personas retomaron el hábito de fumar tabaco, lo que representa un retroceso frente a estrategias de reducción de daños aplicadas en otras partes del mundo.

Países como Reino Unido y Francia han promovido el uso regulado de vapeadores como una herramienta para disminuir el consumo de cigarro convencional. Incluso, naciones como Suecia y Japón han reportado reducciones importantes en tabaquismo vinculadas al uso de dispositivos electrónicos.

En América Latina también comienzan a surgir cambios regulatorios. Chile aprobó recientemente un marco legal para regular la venta y uso de vapeadores, mientras que Argentina eliminó restricciones sobre estos productos durante 2026.

En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorizó nuevamente algunos dispositivos y sabores, mientras legisladores han insistido en que el principal riesgo proviene del comercio ilícito y no de los mercados regulados.

Frente a este escenario internacional, organizaciones civiles consideran que México se mantiene rezagado al apostar por una estrategia de prohibición total que, lejos de erradicar el consumo, habría fortalecido al crimen organizado y ampliado la informalidad en el sector.