Las deportaciones de Trump están costando empleos a los estadounidenses, según un estudio

El gobierno de Donald Trump ha dicho durante mucho tiempo que las deportaciones masivas darían más puestos de trabajo y salarios más altos a los trabajadores nacidos en Estados Unidos. Pero un nuevo estudio pone en duda dicha afirmación, lo que socava un principio central de la política migratoria del presidente.

Según el estudio, publicado por la Oficina Nacional de Investigación Económica, una organización de investigación no partidista, el reciente aumento de las deportaciones ha provocado la pérdida de puestos de trabajo tanto para los migrantes como para quienes nacieron en Estados Unidos, mientras que los salarios se han mantenido estables. La construcción, que depende en gran medida de la mano de obra migrante, se vio más afectada que cualquier otro sector estudiado, y los trabajadores nacidos en Estados Unidos perdieron más empleos como consecuencia de las deportaciones que las personas indocumentadas que permanecieron en el país.

El estudio ofrece el primer análisis nacional de los efectos de las agresivas operaciones de deportación del gobierno de Trump en el mercado laboral, al comparar las comunidades que experimentaron un aumento repentino de las deportaciones entre enero de 2025 y octubre de 2025 con las que no lo hicieron.

Al analizar datos laborales federales, los investigadores se enfocaron en cuatro industrias que dependen en gran medida de trabajadores migrantes indocumentados: la agricultura, la construcción, el sector de la manufactura y el de ventas al por mayor. Las deportaciones tuvieron un efecto impresionante en cada una de esas industrias, con una afectación desproporcionada a los hombres, que representaban más del 90 por ciento de las detenciones migratorias. En conjunto, los sectores afectados registraron un descenso del 5 por ciento en el empleo de los trabajadores varones indocumentados y del 1,3 por ciento en el de los trabajadores varones nacidos en Estados Unidos sin título universitario.

Los investigadores no encontraron pruebas de que los empresarios aumentaran los salarios para atraer a trabajadores estadounidenses. En cambio, el trabajo se desaceleró.

En la construcción --donde los investigadores calculan que el 15 por ciento de la mano de obra es indocumentada-- los trabajadores nacidos en Estados Unidos han pagado un precio por las deportaciones, según el estudio: el empleo descendió un 3 por ciento para los trabajadores varones nacidos en Estados Unidos sin titulación universitaria, y un 7,5 por ciento para los trabajadores indocumentados. Por cada detención, seis trabajadores nacidos en Estados Unidos perdieron un empleo, y cuatro trabajadores indocumentados perdieron uno.

"Las empresas de la construcción consideran que es más fácil reducir la producción, reducir la construcción de nuevas viviendas y de nuevos edificios en general, que intentar aumentar los salarios de los trabajadores nacidos en Estados Unidos", dijo Chloe East, autora del estudio y profesora de Economía en la Universidad de Colorado, Boulder.

Investigaciones anteriores han demostrado también que una mayor aplicación de las leyes de inmigración ralentiza la construcción de viviendas, hace subir los precios de las mismas y provoca pérdidas de empleo para los trabajadores nacidos en Estados Unidos.

En el discurso sobre el Estado de la Unión de febrero, el presidente Trump afirmó que se habían creado miles de puestos de trabajo nuevos en la construcción, y dijo: "Hoy trabajan más estadounidenses que en ningún otro momento de la historia de nuestro país". En un comunicado de prensa de principios de año, la Casa Blanca argumentó que el sector de la construcción se había beneficiado de las deportaciones.

Pero el sector de la construcción residencial se ha desacelerado. Los permisos para construir nuevas viviendas descendieron un 7,4 por ciento interanual en marzo de 2026, hasta 1372 millones de unidades, según el censo. En abril de 2026, los puestos de trabajo en la construcción residencial descendieron un 1,5 por ciento entre un año y otro, según los datos federales de empleo.

"Debido a las elevadas tasas de interés, el aumento de los precios de los materiales y el menor número de personas disponibles para proporcionar servicios de techado, colocación de azulejos, alfombras y otros revestimientos de suelos, cada vez hay menos proyectos financieramente viables", dijo Anirban Basu, economista jefe de Associated Builders and Contractors, una organización comercial nacional.

Incluso antes de la oleada de deportaciones, el sector de la construcción se enfrentaba a la escasez de mano de obra debido a que la fuerza laboral se encuentra envejecida y mermada, además de que carecía de una sólida cantera de trabajadores recién formados. El éxodo de trabajadores extranjeros durante la crisis de las ejecuciones hipotecarias de 2008, cuando casi 2 millones de trabajadores de la construcción perdieron su empleo, ha tenido un impacto duradero. Desde entonces el país no ha construido suficientes viviendas, en parte debido a que la mano de obra sigue siendo escasa, lo que ha provocado una severa escasez de viviendas que impulsa la crisis actual.

"Supongo que vamos a ver una conmoción similar a largo plazo en el sector de la construcción", dijo East.

En los últimos meses, Adrian Avila, presidente de Avica Construction and Development, constructora de Los Ángeles, ha visto cómo trabajadores migrantes de más edad se autodeportaban por temor a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. "Para algunos, esto supuso un cambio de mentalidad", dijo. "Quizá ha llegado el momento de colgar el casco, en el sentido literal".

Avila, cuya empresa está reconstruyendo viviendas destruidas en el incendio de Eaton del año pasado, ha tenido que retrasar proyectos para adaptarse a la escasez de mano de obra, pero no ha subido los salarios porque dijo que paga de forma competitiva. La escasez de mano de obra, que creía que tardaría unos años, parece haber llegado.

"Pensábamos que íbamos a tener algún tiempo para rellenar esos huecos" en la mano de obra, dijo Avila, quien también es presidente de la sección de Los Ángeles de la Alianza Nacional Hispana de la Construcción. "Pero ahora con esto, ese vacío se está haciendo más grande".

Los proyectos que antes llevaban a Samantha Jones, contratista general del sur de Florida, dos o tres meses, ahora le llevan cinco o seis. El año pasado, Jones perdió a 14 de sus 34 trabajadores por detención o autodeportación, incluidos 11 en un lapso de tres semanas en agosto pasado, con lo que la empresa de la que es dueña desde hace 17 años, casi quiebra.

"La gente cree que contratamos a trabajadores migrantes porque son mano de obra barata", dijo Jones. "No es porque sean mano de obra barata; es solo que su conjunto de habilidades encaja mejor en nuestra industria".

Los trabajadores, muchos de los cuales llevan décadas trabajando para ella, llegaron con conocimientos especializados en albañilería y carpintería. "Aquí en el sur no tenemos escuelas de oficios", dijo.

Jones prevé aumentar los precios que cobra a sus clientes en un 15 por ciento, dinero que no se destinaría a aumentar los salarios, sino a cubrir la pérdida de negocio por los retrasos. La semana pasada, el ICE volvió a actuar en la zona, lo que mantuvo a algunos trabajadores en casa por miedo. "Desde el punto de vista logístico es horrible", dijo.

Pero en Miami, Omri Farache, propietario de Mia Remodeling Contractors, tiene la esperanza de que las deportaciones puedan beneficiarlo. Ve un futuro en el que ya no se verá superado por un contratista sin licencia dispuesto a trabajar por menos dinero. "Para ser honesto, al final está bien", dijo. "Creo que una mayor regulación y menos diferencia de precios de los trabajadores de mantenimiento son buenos para mí".

Algunos contratistas tienen dificultades para encontrar trabajadores cualificados para cubrir las nuevas vacantes. En Mineápolis, Josue Alvarez, propietario de Milestone Construction, subcontratista de paneles de yeso, ha estado entrevistando a candidatos para sustituir a uno de sus pintores, quien fue deportado a Guatemala, su país natal, en diciembre. Alvarez confiaba en ese trabajador, que tenía ocho años de experiencia y estaba dispuesto a trabajar muchas horas.

"Era un tipo de fiar, alguien en quien podía apoyarme", dijo Alvarez, quien cerró su negocio durante seis semanas durante la oleada invernal del ICE por temor a que detuvieran a sus otros trabajadores.

En medio de un mercado laboral restringido, Alvarez dijo que otros subcontratistas también se apresuran a sustituir a los trabajadores que han perdido a medida que se acumulan los proyectos. Algunos de los subcontratistas con los que antes competía han quebrado. "Casi todo el mundo está en esa búsqueda", dijo. "Muchas empresas han perdido a muchos buenos empleados".

Sin embargo, dijo, en los cuatro años que lleva como propietario de su empresa, ningún trabajador nacido en Estados Unidos ha solicitado nunca un puesto de trabajo. Y tampoco se ha presentado ninguno para cubrir su vacante actual.

Ronda Kaysen, es una periodista que cubre el sector inmobiliario para el Times, escribe sobre la relación entre vivienda y sociedad.