
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles la regulación del nuevo modelo de financiación de las seis universidades públicas de la región, dotado con 14.800 millones de euros hasta el año 2031. El acuerdo lo alcanzaron el pasado mes de marzo tras meses de protestas de alumnos y autoridades universitarias por falta de la financiación que exigían.
La Universidad Complutense recibirá de la Comunidad de Madrid en seis años 2.914,2 millones de euros; la Autónoma, 1.260,5 millones; la Universidad de Alcalá, 763 millones; la Carlos III, 850,1 millones; la Politécnica, 1.676,3 millones, y la Rey Juan Carlos, 971,9 millones de euros. En total, se estima que las seis universidades públicas madrileñas dispondrán anualmente de una media de 2.465,1 millones para financiar su actividad. De los casi 14.800 millones previstos hasta 2031, cerca de 12.300 (el 83%) llegarán a través de los Presupuestos Generales regionales y del capítulo III de precios públicos.
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¿Por qué el nuevo sistema se escapa de la normativa estatal?
La realidad es que no hay garantías de que el sistema cumpla con la ley. Una de las motivaciones detrás de las multitudinarias protestas de la Plataforma por las universidades públicas madrileñas era que la propuesta anterior de la Consejería de Educación no cumplía con la Ley Orgánica del Sistema Universitario. La LOSU establece que las comunidades autónomas deben invertir un 1% de su Producto Interior Bruto. La idea del Ejecutivo autonómico que, finalmente, no salió adelante no llegaba al mínimo, pero tampoco hay certezas de que el nuevo sistema que se aplicará durante los próximos 5 años vaya a cumplir con la norma.
Esto se debe a que el nuevo sistema de financiación, que por primera vez tendrá carácter plurianual, ya está cerrado hasta 2031, pero las partidas presupuestarias se aprueban año a año y tampoco se puede establecer cómo evolucionará el PIB.
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Con todo ello, las plataformas, en las que participan estudiantes y docentes de los seis centros, denuncian que “las universidades públicas madrileñas están y seguirán infrafinanciadas". Aseguran -con datos que recogen en la web, https://madrid.porlapublica.org/ donde explican “cómo se reparte el gasto total y cuánto se aleja del umbral del 1 % del PIB”- que este modelo “alivia parcialmente la situación, pero no corrige la infrafinanciación crónica acumulada desde los recortes de la crisis". Además del personal, las universidades deben sostener con otros ingresos el resto de gastos esenciales de funcionamiento, como suministros, mantenimiento o servicios.
Cómo funciona el nuevo modelo
Está diseñado con orientación al cumplimiento de objetivos, con un fondo específico para ello, al tiempo que se refuerzan los mecanismos de seguimiento, supervisión, transparencia y rendición de cuentas. Así, las universidades deberán presentar cada año una memoria justificativa del destino de los fondos recibidos y disponer de un sistema de contabilidad analítica plenamente operativo antes de que finalice 2028. El Gobierno autonómico ha sido sensible a las peculiaridades de cada universidad.
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De este modo, tendrán acceso a dos tipos de fondos extraordinarios: uno de Convergencia, orientado a corregir desequilibrios y equilibrar el déficit de aquellos centros que lo requieran; y un fondo adicional que permitirá corregir y compensar los efectos de la aplicación del nuevo modelo y ofrecerá financiación para proyectos singulares con el objetivo de incrementar su competitividad.
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