Julian Assange permanece asilado en la embajada de Ecuador en Londres (AFP)
Julian Assange permanece asilado en la embajada de Ecuador en Londres (AFP)

QUITO — La abrupta salida de Julian Assange de la embajada ecuatoriana en Londres la semana pasada puso fin al dilema al que el gobierno ecuatoriano se enfrentaba en los últimos meses. Desde que Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, asumió sus funciones en mayo de 2017, la situación de Assange ha sido uno de los asuntos más espinosos de la política exterior ecuatoriana.

Uno de los momentos más álgidos fue en octubre pasado, cuando se hizo público el intento de encontrar una salida para el hacker australiano a través de un proceso de nacionalización plagado de irregularidades, llevado a cabo por María Fernanda Espinosa, primera persona nombrada a liderar la cancillería por el gobierno morenista. El diplomático José Valencia heredó el puesto de Espinosa y fue quien tuvo que tomar la decisión de dar por terminados tanto la naturalización de Assange como el asilo concedido en 2012 por el entonces presidente Rafael Correa, cuando el australiano era requerido por la justicia sueca para enfrentar cargos por delitos sexuales.

El gobierno ecuatoriano ha usado de manera exitosa el discurso de la "ingratitud" de Assange para apelar las fibras nacionalistas en búsqueda del apoyo ciudadano. Y ese discurso se ha complementado bien con la estrategia más eficaz durante los dos años del gobierno de Moreno: ganar respaldo popular al revertir las decisiones tomadas por su predecesor; entre ellas, el asilo a Assange.

Sin embargo, este recurso soslaya un hecho central y a menudo olvidado: Moreno fue vicepresidente de Correa durante ocho años y fue un aliado indiscutible del ex presidente mientras gobernó. Los procesos legales que hay en contra de por lo menos una docena de altos funcionarios cercanos a Correa han contribuido a deslegitimar al gobierno anterior pero no, paradójicamente, al propio Moreno. Esto puede cambiar si los derechos de Julian Assange se quebrantan.

Lenín Moreno quizás no evaluó del todo las consecuencias que podría tener para Ecuador y su gobierno cualquier vulneración a los derechos humanos del incómodo inquilino en Londres. Tras la decisión de retirarle el asilo a Assange y la suspensión del proceso de otorgarle nacionalidad ecuatoriana, Moreno dijo: "Hemos quitado el asilo a este malcriado y ventajosamente nos hemos librado de una piedra en el zapato". Pero bajada la espuma de las primeras semanas, la piedra en el zapato que cree haberse sacado el presidente podría ser remplazada por otra más grande.

Julian Assange al momento de salir de la embajada ecuatoriana en Londres
Julian Assange al momento de salir de la embajada ecuatoriana en Londres

En una de sus declaraciones, Moreno dijo que el gobierno británico le había asegurado por escrito que Assange no será extraditado a ningún país que tenga pena de muerte o en el que pueda sufrir torturas. El pedido de extradición de Estados Unidos llegó, sin embargo, pocas horas después. La relatora especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, advirtió que la decisión de Ecuador pone al fundador de WikiLeaks en riesgo de sufrir serias violaciones de sus derechos básicos.

Assange podría ser extraditado a Estados Unidos, un país que contempla en su legislación la cadena perpetua y la pena capital. Además, aunque las autoridades anunciaron el retiro de la nacionalidad ecuatoriana a Assange, según María Dolores Miño, abogada especialista en derechos humanos, hay una evidente violación al debido proceso, lo que podría implicar una inobservancia del Estado ecuatoriano en sus obligaciones internacionales en cuanto a derechos humanos, y Assange podría exigir incluso indemnizaciones.

Las justificaciones del gobierno ecuatoriano para la salida de Assange no han escatimado detalles desagradables sobre su comportamiento: andaba en patineta en los pasillos de la sede diplomática o manchaba las paredes con heces fecales. A eso se suma una larga lista de incumplimientos: haber opinado de política a pesar de la restricción para hacerlo o el que publicó en su sitio, presuntamente en alianza con los rusos, miles de correos robados o intervenidos de la campaña de Hillary Clinton.

Así que no se puede negar que durante los siete años de asilo, Assange incumplió con las condiciones del acuerdo de cobijo diplomático ecuatoriano y con las reglas de convivencia dentro de la embajada. Sin embargo, no deja de ser una incómoda casualidad que la revocación del asilo se tome solo diecisiete días después de que WikiLeaks replicara las denuncias en contra del hermano de Lenín Moreno por supuestamente haber creado una empresa fantasma a través de la cual habrían pagado bienes para uso de la familia presidencial. La investigación filtrada provocó que la fiscalía ecuatoriana abriera una indagación en contra de Moreno.

Esta coincidencia no hace ver bien a Moreno: que las desatinadas declaraciones y acciones de Assange en asuntos de política internacional no hubieran sido suficientes para que el gobierno ecuatoriano diera por terminado el refugio (ni siquiera la presión de Estados Unidos —cuando el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, visitó Ecuador en junio de 2018, un grupo de senadores estadounidenses ejercieron presión para que el caso de Assange se incluyera en la agenda oficial—), pero bastó el golpe a la imagen de Moreno para tomar la decisión.

Esta sincronía desafortunada se puede volver más incómoda si Estados Unidos enjuicia y castiga a Assange de manera desproporcionada y lo convierte en un mártir. Ese país busca extraditarlo por la información que WikiLeaks publicó en 2010, luego de que Chelsea Manning filtrara miles de documentos secretos que revelaban abusos en las guerras de Afganistán e Irak. Entre ellos, un video en el que militares estadounidenses asesinan, desde un helicóptero, a civiles, incluidos dos periodistas.

La política exterior ecuatoriana y la imagen del país en el mundo diplomático están en riesgo si los derechos de Assange son quebrantados. Y la legitimidad de Moreno podría también perjudicarse a la larga pues entre tantos otros momentos para revocar el asilo, el presidente eligió el peor: tomó la decisión justo cuando su imagen como líder anticorrupción —lejano de los deslices del correísmo— está puesta en duda.

Por lo mismo, Moreno, pese a su cercanía con el gobierno estadounidense y su antipatía hacia Assange —ya sea por su conducta en la embajada o la filtración contra él y su familia—, no puede desentenderse del futuro del australiano. Debe exigir que el Reino Unido respete las condiciones de no extraditar al ciberactivista a un país que pueda torturarlo o condenarlo con un castigo ejemplar.

La autora es periodista, docente y traductora. Ha sido reportera de televisión y colabora en medios ecuatorianos e internacionales.

*Copyright: c.2019 New York Times News Service