Nuevos gobernadores de Arequipa, Cusco y Puno solicitan investigar las 28 muertes por las protestas contra Dina Boluarte

Los nuevos gobernadores regionales de Arequipa, Cusco y Puno exigieron tras juramentar a sus cargos que se realice una exhaustiva investigación por los 28 fallecidos que dejaron las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en los primeros días de diciembre pasado.

Rohel Sánchez Sánchez, la nueva autoridad regional de Arequipa, indicó que se solidariza con las familias que perdieron a sus seres queridos durante las protestas y a de los que resultaron heridos. “No hay razón para tales escenarios. Pedimos investigación rápida y justicia como corresponde”, señaló.

Por su parte, Werner Salcedo, gobernador de Cusco, apuntó que se debe adelantar las elecciones generales antes de 2024, la redacción de una nueva constitución, así como investigación y sanción a los responsables de los asesinatos.

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En tanto, Richard Hancco, flamante autoridad de Puno, se sumó al pedido de investigación para esclarecer la muerte de los caídos, condenó el hecho por la represión policial y militar.

“No queremos que el Estado se convierta en asesino, ni en un ente violador de los derechos humanos, por lo tanto, condenamos todo aquello que está involucrado en el uso excesivo de las fuerzas y facultades que tienen cualquier miembro de la policía y del Ejército”, expresó.

Soluciones inmediatas

Por otro lado, la gobernadora de Moquegua, Gilia Gutiérrez, señaló que propuso a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, la emisión de un pronunciamiento para exhortar al Congreso a que las nuevas elecciones sean a 2023.

Finalmente, Luis Torres, gobernador de Tacna, exigió que las autoridades nacionales den solución a la crisis política independientemente si los problemas vienen de la izquierda o derecha.

Paro regional

Lo cierto es que la tregua que otorgó un sector del pueblo peruano, mayoritariamente del interior del país, al gobierno de Dina Boluarte está próximo a terminar. Las protestas se retomarán este miércoles 4 de enero, tras el término de las celebraciones por Navidad y Año Nuevo, y con esto el estallido social vuelve a ser un peligro latente.

Al menos son siete las regiones que anunciaron, a través de sus líderes y dirigentes, el inicio de una huelga indefinida para que se haga caso a sus pedidos, entre ellos el cierre del Congreso y la renuncia de la presidenta Boluarte.

Luego de una reunión en Arequipa, dirigentes de esa región, Puno, Cusco, Apurímac, Moquegua, Madre de Dios y Ayacucho decidieron dar por finalizada la tregua que se brindó al Ejecutivo por las fiestas de fin año y retomarán las manifestaciones.

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En ese encuentro macrorregional, la población acordó acatar la huelga indefinida, seguir con el pedido de renuncia de la mandataria y sumaron la solicitud a las autoridades de emitir sanciones penales severas para los autores y responsables de las más de 20 muertes registradas a nivel nacional.

Dentro de este gran sector de protestantes hay un grupo con un pensamiento más radical: “Dina Boluarte no solo tiene que renunciar, sino también irse a la cárcel”. José Luis Chapa Díaz, presidente de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), es uno de los que opina así.

Los ánimos en contra de ella han ido en aumento por disponer el Estado de Emergencia en varias ciudades que permitió que militares salgan a las calles. En videos compartidos en redes sociales se aprecia cómo estos dispararon a quemarropa con sus fusiles de guerra.

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