
Yenifer Paredes, la cuñada del presidente Pedro Castillo, ha saltado a los titulares desde el pasado domingo por un reportaje periodístico donde se le ve ofreciendo y garantizando la realización de una obra de saneamiento a los pobladores de San Miguel, provincia de Cajamarca. Las grabaciones fueron registradas en setiembre del 2021.
Benji Espinoza, abogado del jefe de Estado, se presentó en canal N y aunque dejó en claro que no es parte de la defensa legal de Paredes, dio su opinión y dijo que “desde el punto de vista penal no hay delito en las imágenes que se difundieron en el video de Cuarto Poder”.
“¿Hubo una gestión o un exceso de voluntarismo de la persona? ¿Se hizo la obra? Son preguntas que quedan sueltas. Pero la tentativa es el inicio de la ejecución de un delito, no hay delito”, explicó el jurista.
Añadió que se debe establecer si la cuñada de Castillo –que fue criada como una hija– recibió dinero o alguna promesa. “Una cosa es el nepotismo que no es delito, y tampoco ha habido tráfico de influencia”, manifestó.
Asimismo, dejó ver su extrañeza porque la investigación se ha abierto en Lima y no en Cajamarca donde ocurrieron los hechos. Recordemos que fue el Ministerio Público el que inició una investigación, según anunció este martes. Se debe derivar a Cajamarca que es donde corresponde, precisó Espinoza.
Ante la insistencia del periodista Jaime Chincha sobre la configuración de un posible delito, el abogado replicó que para probar cohecho debe haber soborno, y debe haber un funcionario o servidor público que recibe una ventaja o un bien o un beneficio a cambio de prometer a un funcionario que pueda violar sus obligaciones, y debe haber un elemento corruptor.
El periodista cuestionó por qué Paredes tenía puesto el chaleco de la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción S.A.C, cuyo representante legal es Jhony Espino Lucana, el mismo que ha registrado ingresos a Palacio de Gobierno. Espinoza dijo que habría que preguntárselo a ella, ya que no tiene conocimiento al no ser su patrocinada.
Pidió a la Fiscalía de la Nación que las investigaciones sean céleres para que se exima de responsabilidad al mandatario. Pero reiteró que todo empezó mal cuando una Fiscalía de Cajamarca debió abrir la investigación, y la abrió en Lima.
Sobre el ingreso de Espino a la casa de gobierno, el abogado señaló que no toda persona que ingresa a Palacio necesariamente habla con el presidente o lo visita. Por lo que habría que preguntarle al empresario y que dé las explicaciones. “Pero los hechos dan cuenta que no hay pedido de dinero ni aceptación de dinero, por tanto no hay delito”, apuntó.
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