
La OEA acaba de celebrar su quincuagésima segunda asamblea general y una vez mas los resultados de la reunión han estado muy debajo de las expectativas. Porque para la mayoría de los ciudadanos de las Américas el órgano rector de la política regional debería tener mayor influencia en el enfrentamiento de los retos que confronta América Latina.
Para muchos, por ejemplo, es incompresible que siendo el único órgano regional que ha creado un mecanismo para la defensa de la democracia denominado La Carta Democrática Hemisférica haya naciones que la violan flagrantemente sin que el órgano intervenga. Después de todo la mayoría de los latinoamericanos son futbolistas y esperan que el arbitro intervenga cuando un jugador está en posición adelantada o mete la mano para anotar un gol o empuja deliberadamente a un rival para sacarlo del juego.
Peor aún, todos los días leemos que en Haití la situación se ha deteriorado a tal punto que quien gobierna es el crimen organizado local y transnacional. Esto además de constituir una clara amenaza para la estabilidad del Caribe pone en peligro tanto los avances democráticos como los económicos logrados con tanto sacrificio por la República Dominicana. Y ante esta tragedia la OEA aun no responde a una petición del exánime gobierno de esa nación que solicita una fuerza de intervención multinacional. Y si bien es cierto que la Carta de la OEA no le permite armar ejércitos para la preservación o mantenimiento de la paz, si le permite armar la estrategia y dirigirse a la ONU como materia de emergencia para solicitar este recurso.
Desde el punto de vista financiero es una institución quebrada porque no solo hay muchos miembros que no pagan sus cuotas a tiempo y en forma sino que hay otros que reciben apoyo de la organización sin cumplir sus deberes financieros.
Políticamente está paralítica porque al tenerse que tomar las decisiones fundamentales por mayoría calificada es imposible adoptar reformar sin la construcción de un consenso previo. En esta era de polarización que vive el mundo muchos miembros de la OEA fueron conquistados por la ideología del Foro de San Pablo para servir de cómplices a gobiernos totalitarios como Nicaragua, Venezuela y Bolivia.
En síntesis, la institución requiere con carácter urgente una reestructuración que le permita mejorar sus finanzas; reducir la burocracia e incrementar la capacidad de proveer servicios a los estados miembros de manera directa para así asistirles en dos tareas que deben ser continentales. La primera es reforzar las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y la segunda es fomentar la competitividad de las economías mediante el apoyo a la digitalización. Este último ejercicio debería iniciarse con las misiones de observación electoral que deberían apoyarse en los avances tecnológicos digitales para mejorar la capacidad de organización de detectar fraudes y de apoyo a las autoridades electorales.
Lo que la organización no se puede permitir es la inercia si aspira a continuar siendo el foro político por excelencia de la región y a preservar y ampliar sus dos grandes logros que son el sistema continental de defensa de los derechos humanos vía la CIDH y la prestación de servicios de salud vía la OPS.
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