Retos de la Administración pública frente a la crisis política

La atención de los principales problemas que nuestra sociedad enfrenta (acceso a la salud, trabajo decente, educación de calidad, etc.) requiere la presencia y actuación de una Administración pública capacitada, bien orientada, suficientemente remunerada, que esté en condiciones de afrontar estos retos y acompañar a la ciudadanía en el esfuerzo cotidiano por alcanzar mejores condiciones de vida.

Este objetivo es imposible de alcanzar si en cinco años tenemos cinco presidentes. No cabe insistir en lo dramático que resulta para una adecuada gestión pública que los ministros permanezcan en sus cargos apenas unos meses o tal vez, días.

La inestabilidad política (expresada en la sucesión de altos funcionarios así como en la permanente confrontación entre el Gobierno y el Congreso) tiene consecuencias muy graves en el funcionamiento de las entidades administrativas.

Con la incertidumbre de no saber cuánto tiempo durarán en el cargo, la alta dirección de un organismo público difícilmente tendrá la capacidad de proyectarse en un horizonte temporal que le permita planificar y adoptar decisiones. Esa incapacidad de planificación de la actuación administrativa genera que se actúe simplemente de forma reactiva ante un problema o, peor aún, ante un titular periodístico.

Dicho en otras palabras, mientras no se alcance un nivel de visibilidad capaz de lograr la atención de las autoridades, los problemas de los ciudadanos quedarán flotando a la espera de que se solucionen solos. Esta es una historia que hemos visto repetida muchas veces y en diversos gobiernos. El caso de los conflictos sociales alrededor de la minería es un ejemplo de ello.

Por supuesto, todo lo anterior se agrava exponencialmente si quien ha llegado a las más altas instancias del poder público no tiene ni la capacitación ni la experiencia necesarias para adoptar un plan de gobierno con objetivos realizables con los recursos (económicos, personales y también políticos) existentes.

A lo anterior, habrá que añadir que en los últimos años (y en los últimos días) una buena parte de la inestabilidad política que vive nuestro país ha estado asociada a la corrupción. Desde pendencieros tramitadores que consiguen una (pequeña o gran) licitación hasta organizaciones sistemáticamente preparadas para el asalto o cooptación del aparato estatal para torcerlo hacia sus propios fines.

Como reacción a la corrupción somos testigos de una legislación construida desde la sospecha, la cual ha sufrido una metástasis hacia lo indecible: requisitos absurdos, impedimentos desorbitados y aplicaciones inauditas de la ley, dificultan la contratación pública, desalientan el ingreso al servicio público y convierten a todos en potenciales criminales.

A pesar de estos problemas y a pesar de todos los escándalos, no podemos desconocer la necesidad de una Administración pública que contribuya a elevar el nivel de vida de todos nosotros. Sin perjuicio de la orientación política de futuros gobiernos, necesitarán un conjunto organizado, capacitado y motivado de servidores públicos para el cumplimiento de sus legítimos objetivos políticos.

Son muchas las medidas que deben adoptarse para que la Administración pública pueda afrontar todas las consecuencias de una (larga) crisis de inestabilidad política. Se requerirá un alto grado de desprendimiento y confianza entre los diversos actores políticos para alcanzarlos, lo que no será fácil. Sin embargo, no podemos ignorar esta realidad y debemos trabajar teniendo en cuenta ese contexto.

Entre las medidas que se pueden adoptar para lograr que contemos con una buena Administración pública podríamos señalar tres: primero, fortalecer el servicio civil, garantizando en la mayor medida de lo posible, condiciones objetivas de ingreso en el empleo público, lo que requiere asegurar que el trabajo realizado por SERVIR continúe en esa misma línea; segundo, delimitar mejor las competencias de la Contraloría General de la República para evitar que interfiera con la gestión de las entidades y, por otro lado, aprovechar toda su experiencia adquirida ofreciéndole un rol más orientador, preventivo antes que reactivo o sancionador; y tercero, acometer una revisión amplia (con intervención de diversos actores públicos y privados) de las normas de contratación pública, para eliminar exigencias absurdas, mejorar el régimen de impedimentos para contratar, facilitar la competencia en los procesos de selección así como mejorar el régimen de ejecución contractual.

Dato: El libro Actividad de fiscalización en el procedimiento administrativo peruano, publicado por ESAN Ediciones, será presentado el 3 de agosto a las 20:00 horas, en el Auditorio Abraham Valdelomar de la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL 2022).

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