Paz, elecciones y justicia, y un nuevo diálogo venezolano

En cuestiones de moralidad interactiva cómo son los procesos de diálogo en Venezuela, en los que la mayoría de las predicciones desiderativas siempre han sido erróneas y siempre van a ser erróneas; la justicia y la democracia han sido bienes ilusorios de estos procesos y ningún resultado se ha aproximado remotamente a estas dos necesidades venezolanas. En una lectura más amena y pragmática de la historia fallida que surge de los diálogos, nos lleva a una muestra permanente de oportunidades perdidas en el mejor de los casos, pero, fundamentalmente, constituyen maniobras disuasorias, estrategias de ganar tiempo y búsquedas furtivas de legitimación. La interacción política y social en un sistema democrático concibe la justicia como un bien de gran valor. Quizás en Venezuela la conducta frente a la verdad y a la justicia en lo que va de este siglo se reduce al conocimiento de los casos y de una verdad que se expresa en el conocimiento popular pero siempre lejos de las instancias jurisdiccionales. Incluso si la aceptamos como parte de nuestra propia historia porque hicimos los mayores esfuerzos para abrir la investigación en la Corte Penal Internacional y para el procesamiento de Maduro, presentando informes y evidencia probatoria contundente, la justicia sigue operando sobre la base de la lentitud y la impunidad. Algunos sesgos de esta tendencia se encuentran hoy en perspectivas opuestas, de hecho, hubo posicionamientos sobre los procesos de la justicia internacional en los que han sido coincidentes las perspectivas de EUA y de las autoridades del régimen. En el antidemocrático siglo XXI venezolano, la persecución política, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales han sido las constantes, la conculcación de libertades y garantías fundamentales era la norma. Ahora, en perspectiva, podemos decir con mucho fundamento que el papel de la fiscalía de la CPI de ir rápido en algunos casos y muy lento en el caso venezolano deja muchas dudas en cuanto a la corrección ética de las acciones llevadas a cabo o no llevadas a cabo. No podemos dejar de lado muchas cosas, porque primero debemos preguntarnos cómo se ha descuidado tanto la justicia. No hay que ser un racionalista-analítico jurídico para sentir lo que sienten las víctimas y los familiares de las víctimas. No ha habido justicia. En la simple observación de la evolución de este proceso de “transición” vemos algo que hemos visto antes: hay uno (dos) que paga(n) (Nicolás Maduro-Cilia), pero otros integrantes tempranos en estas listas de las personas que conformaban la cadena de mando de la dictadura, especialmente en lo que respecta a la justicia de los Derechos Humanos y los crímenes de lesa humanidad, que parece que se les estuviera permitiendo una posibilidad de impunidad. Como que eso parecería ser el precio para alcanzar una semidemocracia o una democracia tutelada. Indudablemente, Maduro tiene mucho que responder ante la justicia y las víctimas, pero también muchos tienen muchas cosas que aclarar respecto a tantas cosas.

El análisis de una posible “democracia” sin justicia acompaña la “transición” y tiene como objetivo informar respecto a este proceso de comunicación de contenido e información relacionados con estimular las expectativas de millones de venezolanos. Un proyecto ético para la democracia en Venezuela debería basarse en la memoria, la verdad, la justicia y la no repetición. El propósito de ello es orientar al sistema judicial respecto a un proceso específico o justificar un enfoque integral de acuerdo con el espíritu de la Constitución, las convenciones de derechos humanos y la ley. Por lo tanto, el nivel básico se considera clave para establecer una taxonomía de la racionalidad de los tipos de responsabilidad criminal que deben guiar la referida racionalidad de la justicia de los Derechos Humanos. Desde la perspectiva de los mismos, sería erróneo suponer que el líder original de la dictadura sea condenado por un tribunal o un jurado, pero que coautores, cómplices, encubridores, ejecutores e ideólogos evadan su responsabilidad, dada su funcionalidad en un proceso de transición. Esto no solo es ilegal, sino también inmoral. Este tema afecta la integridad de la democracia, le da un contenido vil y hace que sus bases sean absolutamente vulnerables. La necesidad de justicia implica examinar las acciones más relevantes, esperadas y dirigidas del sistema e iniciar acciones legales tras una interacción constructiva entre los exponentes de ideas opuestas, todos los actores del desarrollo democrático y aun las partes con desacuerdos morales. Es esencial recopilar una lista de estos posicionamientos y proteger los sistemas de justicia y el modo en que esta se desarrolla. Pero es absolutamente claro que no puede haber democracia sin justicia y no puede haber justicia si hay impunidad.

La justicia implica, en última instancia, comprender el orden de las interacciones con respecto a las acciones y el comportamiento de otros sistemas activos en la democracia, así como las acciones a escala global. Elegir la democracia con justicia exige liberarse de las limitaciones en el funcionamiento que pudiera tener el sistema, especialmente en lo que respecta al Estado de Derecho como valor fundamental y principio rector de la más plena vigencia del orden constitucional. Un país sin certeza jurídica es un país sin certeza económica ni política. Solo la justicia construye las mejores condiciones para la participación sistémica y representa, sin duda, una síntesis de razón y estructura suficientes. Pero si el contexto político considera dar prioridad a variables políticas que desajustan estos principios, el impacto histórico de esas ideas será extremadamente negativo y discrecional. Los diálogos se deben centrar en las acciones beneficiosas que resalten las perspectivas morales dentro de las interacciones. Ojalá en este diálogo inducido pronto se entreguen elementos que otorguen plena fe a la opinión pública para una pronta elección libre, justa y transparente. Ojalá la interacción en el diálogo sea fructífera y transparente. Ojalá se respeten los derechos políticos de todos los liderazgos políticos de Venezuela. Ojalá no haya ninguna forma de impunidad. Todo esto está inextricablemente ligado a la justicia que Venezuela no ha tenido hasta ahora.

Luis Almagro

Instituto CASLA