El Ministerio de Seguridad Pública de China amplió la supervisión policial del ciberespacio, con controles sobre procesamiento de datos, contenido en línea y algoritmos. Las nuevas medidas de inspección entrarán en vigor el 1 de octubre y sustituirán las reglas introducidas en 2018.
Según Radio Free Asia, el alcance ampliado podría someter a mayor escrutinio a personas comunes, incluidos trabajadores independientes que manejan información de clientes y quienes se comunican con contactos en el exterior.
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La normativa abarca a operadores de redes, procesadores de datos y quienes gestionan información personal, y define qué autoridad policial tiene jurisdicción cuando el inspeccionado es un individuo. La policía podrá realizar inspecciones en línea, pruebas de seguridad y escaneos de vulnerabilidades, y las autoridades municipales o superiores podrán recurrir a detección remota de fallas y pruebas de penetración bajo ciertas circunstancias.
En inspecciones presenciales, los agentes podrán revisar y copiar información electrónica vinculada con el control. El texto también incluye datos de registro de usuarios, registros de internet, seguridad algorítmica y contenido en línea, y contempla revisiones conjuntas con otras agencias sobre lo que denomina “orientación de contenidos” en la seguridad ideológica del ciberespacio.
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El régimen de Xi Jinping afirmó que las medidas buscan reforzar la supervisión de ciberseguridad, coordinar inspecciones y reducir cargas innecesarias para las empresas. También habilitan a la policía a emitir cartas de recomendación cuando detecte riesgos que aún no constituyan una infracción y a citar a responsables a reuniones si considera que el riesgo es sustancial.
El exfiscal de AnhuiShen Liangqing dijo a Radio Free Asia que las disposiciones reflejan una expansión del poder policial y que las autoridades chinas dependen cada vez más de la vigilancia y del control de la información ante presiones económicas y sociales.
El control transnacional
La tendencia represiva de Beijing está en marcado ascenso. En abril, China ordenó a Meta, propietaria de Facebook, que deshiciera su acuerdo de 2.000 millones de dólares para adquirir Manus, una startup de IA registrada en Singapur. Meta acató la orden, al igual que los fundadores chinos de Manus, a quienes se les había prohibido salir de China. Si bien esta saga tuvo cierto aire de improvisación legal, el régimen chino está trabajando ahora en leyes que le otorgan mayor control sobre el flujo de tecnología de IA.
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Estas son solo las últimas de una serie de medidas legales destinadas a extender la influencia del Partido Comunista Chino más allá de sus fronteras. Las medidas son muy diversas y abarcan desde sanciones extranjeras hasta política étnica.
En la medida en que el propio brazo extendido de China es una represalia contra las sanciones de otros, su fuerza proviene del dominio del país sobre las cadenas de suministro globales. Pero China también está librando una guerra jurídica en el extranjero con el fin de fortalecer el control político en su propio territorio, señaló The Economist.
La revista también recuerda otras medidas del régimen de Beijing: “El brazo largo de China también se preocupa por controlar a individuos y organizaciones que considera una amenaza para la seguridad interna del país, definida en un sentido muy amplio. En julio entró en vigor una ley sobre la ‘promoción de la unidad étnica’, que penaliza cualquier acto en el extranjero que ‘socava la unidad nacional’. Un proyecto de ley sobre ciberdelincuencia, actualmente en trámite en la Asamblea Popular Nacional, el parlamento chino que suele ser meramente formal, tipificará como delito alojar o transmitir información en el extranjero que perjudique los “intereses públicos” de China. Otra ley en consideración codifica las facultades para recopilar pruebas de corrupción en entidades chinas en el extranjero".
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