El régimen de Irán dejó en libertad al activista Erfan Soltani después de pagar casi 12.600 dólares de fianza

El joven activista Erfan Soltani, de 26 años, fue puesto en libertad bajo fianza este fin de semana tras permanecer detenido desde principios de enero como resultado de las recientes protestas antigubernamentales en Irán. La excarcelación fue confirmada por la Organización de Derechos Humanos Hengaw y el abogado de Soltani, Amir Mousakhani, quien detalló que la fianza ascendió a dos mil millones de tomanes (alrededor de 12.600 dólares).

Soltani, empleado de una tienda de ropa y convertido en símbolo de la movilización social, fue arrestado en la noche del 8 de enero de 2026 en Fardis, cerca de Karaj, durante el estallido social que sacudió al país desde finales de 2025. Aunque algunas fuentes oficiales iraníes citaron posteriormente el 10 de enero como la fecha de registro formal, la mayoría de los reportes de organizaciones de derechos humanos y familiares coinciden en que fue capturado el día 8 en su residencia o cerca de ella, en el distrito de Fardis, Karaj. Tras su arresto, su familia permaneció tres días sin noticias de su paradero hasta que el 11 de enero las autoridades confirmaron su detención. Finalmente, tras semanas de incertidumbre, fue puesto en libertad bajo fianza el 31 de enero de 2026.

Su familia denunció que las autoridades llegaron a amenazarle con la ejecución, aunque el poder judicial iraní desmintió posteriormente que existiera una condena a muerte. La judicatura iraní precisó que los cargos presentados contra él —“colusión contra la seguridad nacional” y “propaganda contra el sistema”— contemplan penas de prisión, no la pena capital, y que el caso aún se encuentra en fase de investigación.

La detención de Soltani se produjo en el contexto de una oleada de protestas que comenzó el 28 de diciembre de 2025. El detonante inicial fue el colapso del rial iraní y una inflación que superó el 40%, provocando una huelga en el Gran Bazar de Teherán. Pronto, las reivindicaciones económicas derivaron en exigencias de cambio político y el fin del régimen clerical, con consignas dirigidas contra el líder supremo Ali Khamenei.

Las fuerzas de seguridad respondieron con una represión calificada por observadores como la más letal desde la fundación de la República Islámica en 1979. El Gobierno de Irán ha reconocido más de 3.000 muertes durante los disturbios y sostiene que la mayoría corresponde a miembros de los cuerpos de seguridad y transeúntes, atribuyendo la violencia a “actos terroristas”. Por su parte, la Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, ha documentado 6.713 muertes, en su mayoría manifestantes, y más de 10.000 detenciones desde el inicio de la crisis.

Las protestas, según las autoridades iraníes, fueron inicialmente pacíficas, pero derivaron en disturbios violentos, especialmente los días 8 y 9 de enero, fechas en las que se intensificó la actuación policial y la detención de figuras como Soltani. Teherán acusa a Estados Unidos e Israel de promover los disturbios y califica la movilización como un intento de “golpe de Estado” dirigido desde el exterior.

Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional han criticado la opacidad del proceso judicial en Irán, señalando que a Soltani se le negó acceso a un abogado independiente y que su proceso fue sumamente acelerado. A diferencia de protestas anteriores como las de 2022, el actual movimiento ha unido a comerciantes tradicionales y jóvenes trabajadores, impulsados tanto por la crisis económica como por el reclamo de libertades políticas.

Actualmente, aunque la presencia masiva en las calles ha disminuido por los cortes de internet y la respuesta estatal, la situación sociopolítica sigue marcada por la tensión. La liberación de Soltani bajo fianza representa un hecho relevante en un contexto donde miles de detenidos permanecen bajo custodia, mientras el Gobierno mantiene su postura de que la seguridad nacional está bajo amenaza.