La Justicia de Bolivia aclaró que las órdenes de captura contra líderes sindicales solo están suspendidas de forma temporal

El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz aclaró este lunes que las órdenes de captura emitidas contra dirigentes sindicales y campesinos que encabezan las protestas contra el presidente boliviano, Rodrigo Paz, no fueron anuladas de manera definitiva, sino que permanecen suspendidas de forma temporal mientras la Fiscalía corrige observaciones realizadas por un juzgado.

La presidenta del TDJ de La Paz, Margot Pérez, explicó que la decisión judicial respondió a una acción presentada por las defensas de Mario Argollo, dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), y de Vicente Salazar, líder de la Federación Departamental de Campesinos Tupac Katari.

Según la magistrada, los abogados de ambos dirigentes promovieron “una acción de libertad” con el objetivo de dejar sin efecto las órdenes de captura emitidas en su contra. “Los operadores de justicia que han visto esta acción de libertad han considerado que el Ministerio Público debe fundamentar y motivar esa decisión para poder mantener las medidas como es el mandamiento de aprehensión”, sostuvo Pérez ante los medios.

La autoridad judicial precisó que el juzgado concedió la acción constitucional a favor de los dirigentes, aunque aclaró que la medida no implica la eliminación definitiva de las órdenes de arresto. “La reformulación de las órdenes de aprehensión la tiene que hacer el Ministerio Público”, indicó.

Pérez remarcó además que la resolución judicial únicamente buscó restituir derechos que, según el criterio del tribunal, fueron vulnerados durante la emisión de los mandamientos de captura. “Entonces no es una suspensión definitiva, porque mediante la acción de libertad no se ha determinado eso, se ha solamente repuesto el derecho vulnerado a estos dirigentes”, explicó.

La magistrada agregó que ahora corresponde a la Fiscalía decidir si reformula los requerimientos observados por la Justicia para reactivar las órdenes de aprehensión contra los dirigentes sindicales.

Las aclaraciones del TDJ surgieron luego de que el viernes un juzgado de La Paz dispusiera dejar “sin efecto legal” y suspender “los efectos de los mandamientos de aprehensión emitidos” contra Argollo y Salazar, una decisión que fue interpretada por algunos sectores como una anulación definitiva de las medidas.

Los dos dirigentes forman parte de las organizaciones que lideran las protestas contra el Gobierno de Rodrigo Paz. La COB, la Federación Departamental de Campesinos Tupac Katari y otros movimientos sociales, junto con seguidores del expresidente Evo Morales, exigen la renuncia del mandatario.

Los manifestantes sostienen que el Gobierno incumplió promesas realizadas durante la campaña y acusan a la administración de Paz de impulsar un proceso de privatización de empresas y servicios públicos. Las autoridades rechazan esas acusaciones.

Argollo, Salazar y otros dirigentes sindicales enfrentan procesos por presuntos delitos de terrorismo, instigación pública a delinquir y otras figuras penales vinculadas a los hechos ocurridos durante las movilizaciones.

Las investigaciones se iniciaron después de una serie de protestas que derivaron en enfrentamientos con efectivos policiales, disturbios callejeros y saqueos contra oficinas públicas y privadas en la ciudad de La Paz.

La situación política continúa sin señales de distensión. Los sindicatos habían condicionado su participación en una mesa de diálogo impulsada por la Asamblea Legislativa, la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo a la anulación de las órdenes de captura contra sus dirigentes.

Sin embargo, el domingo las organizaciones anunciaron que no participarán en negociaciones y ratificaron su exigencia de que Rodrigo Paz abandone la Presidencia.

Mientras tanto, los bloqueos de carreteras mantienen bajo presión a varias regiones del país. Las ciudades de La Paz y El Alto figuran entre las más afectadas por las medidas de fuerza iniciadas el 6 de mayo.

Los cortes de rutas provocaron dificultades para el abastecimiento de alimentos y generaron aumentos de precios en distintos productos de consumo básico. También se registraron faltantes de combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal, además de pérdidas económicas para diversos sectores productivos.

Las interrupciones del tránsito ya no se limitan al área metropolitana de La Paz. Durante las últimas dos semanas, los bloqueos se extendieron a los departamentos de Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz, en un conflicto que mantiene elevada la tensión política y social en Bolivia.

(Con información de EFE)