La Comisión de Asuntos Europeos del Senado francés aprobó por unanimidad una resolución que insta al Gobierno a acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con el fin de impedir la ratificación del acuerdo de libre comercio negociado entre la Unión Europea y el Mercosur.
La Cámara Alta francesa informó que esta decisión se basa en su rechazo al acuerdo, tal como lo cerró la Comisión Europea en diciembre de 2024.
La resolución advierte sobre tres riesgos principales: la posibilidad de dividir el acuerdo para evitar la exigencia de unanimidad entre los Estados miembros, el mecanismo de “reequilibrio” que permitiría presionar a la Unión Europea respecto de normas ambientales y sanitarias, y la debilidad de las salvaguardas sanitarias y de bienestar animal incluidas en el texto, según informó la agencia EFE.
El Gobierno francés reiteró que considera el tratado con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay “inaceptable” mientras no garantice “cláusulas espejo” que obliguen a los productos sudamericanos a cumplir estándares equivalentes a los exigidos en Europa, especialmente en materia agrícola.
Francia también demanda controles aduaneros más estrictos y la prohibición de plaguicidas vetados por la Unión Europea en los bienes importados, reflejando la preocupación de sectores agrícolas y ganaderos, que consideran que el acuerdo amenaza la producción local y fomenta la competencia desleal en carne, azúcar, arroz, miel y soja.
Mientras tanto, según la agencia AFP, la Comisión Europea propuso como fecha límite el 20 de diciembre para que los Estados miembros se posicionen. Un funcionario de Bruselas indicó que la votación podría realizarse a comienzos de mes, antes de la cumbre de Mercosur en Brasil.
En contraste, países como Alemania y España apoyan la ratificación como vía para diversificar destinos comerciales, frente a episodios como la imposición de aranceles estadounidenses durante la presidencia de Donald Trump.
Por su parte, el ministro español de Agricultura, Luis Planas, expresó su optimismo sobre la pronta entrada en vigor del acuerdo.
Además, la Comisión Europea respondió a las preocupaciones agrícolas afirmando que ya existen medidas de salvaguardia para productos sensibles y se comprometió a intervenir si se detectan efectos negativos en el mercado comunitario.
Por otro lado, el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, defendió estas protecciones como suficientes para resolver los desafíos planteados.
El proceso aún debe superar una votación decisiva en el Parlamento Europeo, donde cerca de 300 de los 720 eurodiputados, incluyendo la representación francesa, la mayoría polaca y parlamentarios tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha, manifiestan su firme oposición.
Bajo este contexto, unos 150 legisladores han solicitado que la cámara recurra el acuerdo ante la justicia europea, subrayando la profundidad y la polarización del debate.
(Con información de EFE y AFP)
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