El Consejo de Seguridad de la ONU respaldó esta semana el plan de reconstrucción impulsado por Estados Unidos para la Franja de Gaza, una propuesta que otorga a Donald Trump el rol de gobernante de facto en el enclave palestino durante un mandato inicial de dos años, con posibilidad de extensión. Mientras la región permanece devastada por la ofensiva israelí iniciada tras el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023, la implementación y viabilidad del plan enfrentan obstáculos en varios frentes —desde la aceptación local hasta los mecanismos de seguridad y gobernanza— y su cronograma permanece indefinido.
Entre los elementos centrales del plan figura la creación de una Junta de la Paz, presidida por Trump, que ejercerá autoridad ejecutiva sobre la gobernanza y la reconstrucción, en coordinación con un contingente armado internacional encargado de garantizar la seguridad y promover el desarme de Hamas, una de las condiciones exigidas por Israel. No obstante, subsisten interrogantes relevantes sobre la composición de la Junta, la legitimidad de su mandato y su relación con la población local.
Las dudas comienzan con la propia ejecución: a pesar del respaldo del Consejo de Seguridad, aún no existen negociaciones formales entre las partes. El cese al fuego declarado en octubre apenas ha transitado su primera fase, con Hamas pendiente de entregar los restos de los últimos rehenes. Todavía no se ha iniciado la reconstrucción pese a que la mayoría de los palestinos de Gaza permanece desplazada y dependiente de la ayuda internacional.
Mandato internacional y dudas de legitimidad
Según los términos de la resolución de la ONU, la administración internacional abriría la puerta a la participación de países árabes y de mayoría musulmana, quienes podrían contribuir con tropas a la Fuerza Internacional de Estabilización. Estados Unidos espera que una mayor integración de estos actores regionales facilite la aceptación del plan por parte de la población local. Sin embargo, la aprobación popular palestina está lejos de estar asegurada; el riesgo de que la administración internacional sea percibida como una ocupación al servicio de Israel representa una amenaza a su legitimidad.
El nuevo modelo de gobierno no otorga un papel relevante a los representantes palestinos en la administración de Gaza y se limita a referencias vagas sobre la eventual creación de un Estado palestino, en parte debido a la oposición israelí. El calendario propuesto no establece plazos concretos para la retirada total de las fuerzas israelíes ni para la reconstrucción de las zonas más afectadas.
El reto del desarme de Hamas
Uno de los desafíos más controvertidos es el desarme de Hamas. El grupo terrorista, que aún mantiene influencia en gran parte de Gaza, ha condicionado cualquier concesión a garantías firmes respecto al fin de la ocupación y la creación de un Estado palestino.
La Fuerza Internacional de Estabilización tendría la misión de desmantelar la infraestructura militar de Hamas y de supervisar una fuerza policial local bajo parámetros externos, pero hasta la fecha ningún país árabe ha confirmado el envío de tropas, y la resistencia de Israel a la participación de ciertos actores, como Turquía, complica el despliegue. Desde Hamas se ha advertido que cualquier intento directo de incautar armas podría convertir a la fuerza internacional en “parte del conflicto a favor de la ocupación”.
La selección de los integrantes de la Junta
Otra cuestión abierta es la selección de los integrantes de la Junta de Paz y de los responsables palestinos del gobierno cotidiano. Trump anunció la inclusión de figuras internacionales, como el ex primer ministro británico Tony Blair, aunque su participación formal no ha sido confirmada. La administración diaria recaería en un comité tecnocrático de palestinos independientes sin lazos con Hamas ni la Autoridad Palestina, fórmula que ha sido criticada desde sectores locales por carecer de legitimidad representativa.
De acuerdo con el análisis del encuestador palestino Khalil Shikaki, la legitimidad de tal comité exige un proceso de selección “totalmente palestino”, con consulta a sindicatos, líderes comunitarios y organizaciones sociales. Sin embargo, existe el temor de que quienes participen sean percibidos como colaboradores de Estados Unidos o Israel, lo que podría agravar la fragmentación interna y desincentivar la adhesión de figuras relevantes. En su declaración más reciente, Hamas denunció la “tutela internacional” impuesta por la resolución de la ONU y sostuvo que responde a intereses israelíes.
La resolución contempla la posibilidad de transferir el control de Gaza a la Autoridad Palestina, condicionada a reformas institucionales y a la celebración de elecciones, pero la objeción del gobierno israelí pone en duda este eventual traspaso. Bajo presión internacional, Estados Unidos incluyó una alusión a la autodeterminación palestina, aunque de modo ambiguo y sin un calendario definido.
La indefinición respecto a la soberanía futura, combinada con la falta de protagonismo palestino y la persistencia de grupos armados, eleva el riesgo de estancamiento en todas las etapas del plan, desde el desarme hasta la reconstrucción. Amplios sectores de la población priorizan la recuperación económica y el retorno de la vida cotidiana, pero la ausencia de garantías sobre el horizonte político puede erosionar aún más la confianza en la intervención internacional.
El panorama en Gaza se complejiza por la multiplicidad de fuerzas presentes: además de Hamas y el ejército israelí, actúan milicias rivales, la nueva policía bajo tutela externa, tropas internacionales y una posible administración civil mixta, lo que incrementa el potencial de choques internos y dificulta cualquier transición ordenada hacia la estabilidad y una salida política sostenible.
(Con información de AP)
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