
Un informe reciente de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señala que el régimen de Kim Jong-un, en Corea del Norte, ha llegado a ordenar fusilamientos públicos por el consumo o circulación de contenido audiovisual extranjero.
El análisis se basó en relatos de más de 300 personas que escaparon del país en la última década. De acuerdo con los testimonios, cualquier intento de acceder a noticias, música o películas extranjeras es considerado traición.
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Desde 2011, la dictadura aprobó leyes que habilitan la pena de muerte ante la simple tenencia o intercambio de archivos multimedia extranjeros.
Reuters agrega que no solo los productores o distribuidores de material extranjero son perseguidos; basta con recibirlo o compartirlo para quedar expuesto a las mismas penas. La expansión de la vigilancia tecnológica ha facilitado este control, alcanzando incluso las conversaciones privadas y los dispositivos personales.
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Las reformas legales anunciadas en los últimos años no han mejorado la situación judicial: los procesos contra acusados de consumir películas extranjeras siguen desarrollándose sin reales garantías de defensa, apunta la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
Al asumir Kim Jong-un, parte de la sociedad esperaba una apertura o mejora en la calidad de vida, pero la estrategia de aislamiento, junto con la concentración de recursos en el programa nuclear y el cierre comercial agravaron el hambre y la sensación de desamparo colectivo.
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El informe también remarca, como explica Euro News, los menores de edad de familias pobres o huérfanas se ven particularmente vulnerables: suelen integrar “brigadas de choque” obligatorias en zonas de alto riesgo, como minas de carbón o grandes obras de infraestructura. El régimen ha utilizado la criminalización del acceso a medios extranjeros también como herramienta para justificar este tipo de trabajo forzado en los grupos sociales más desprotegidos.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que la juventud norcoreana que logró escapar sueña con una sociedad diferente, pero sus deseos se estrellan día a día contra el endurecimiento de la censura, la amenaza permanente del castigo extremo y la ausencia de derechos para los acusados de las nuevas “faltas” culturales.
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La dimensión de las condenas no está clara en números, dado el hermetismo del Estado norcoreano y la negativa sistemática de las autoridades a compartir estadísticas.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que elaboró el informe en base a los relatos de quienes sobrevivieron y escaparon, concluye que el terror y la sanción letal por acceder a contenido extranjero configuran hoy el principal instrumento de dominación social y política en la vida cotidiana de Corea del Norte, aislando a su población de cualquier influencia global y castigando incluso a quienes solo buscan conocer otras realidades culturales.
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