Persecución en Rusia: la vida bajo condena de trabajo forzado en Norilsk, la ciudad más contaminada del país

Durante la primavera, Yekaterina Fatyanova, quien cumplía un arresto domiciliario, vio su rutina en Krasnoyarsk interrumpida por una notificación inesperada. Por la noche, agentes penitenciarios le entregaron en su casa la orden para que, al día siguiente, se presentara y fuera trasladada a otra ciudad.

En pocas horas, debió repartir sus plantas, dejar a su gato Rokotok al cuidado de su madre y empacar solo lo indispensable. Su permiso de equipaje no superaba los 10 kilos, lo que la obligó a llevar únicamente dos suéteres, un abrigo, un par de medias gruesas, una bufanda y algo de ropa extra. La premura y la incertidumbre definieron esa noche, en la que, según relató a Reuters, apenas logró dormir, dominada por la ansiedad y el desarraigo.

A la mañana siguiente, viajó a Norilsk, ciudad al norte del círculo polar ártico, donde viven más de 175.000 personas. Es considerada la más contaminada de Rusia, según el diario oficial Rossiyskaya Gazeta, y sufre una de las crisis climáticas más severas del país.

La temperatura promedio se mantiene por debajo de cero durante ocho meses al año y, en invierno, los termómetros pueden descender a -50°C, con semanas de “noche polar”. Norilsk aún conserva huellas de su origen como bastión del sistema Gulag: fue fundada por prisioneros forzados bajo el régimen de Stalin y, hasta la actualidad, mantiene una colonia penal masculina. En abril de este año se inauguró un centro correccional femenino donde Fatyanova ingresó como nueva interna.

Su condena se originó cuando una corte local la declaró culpable de “desacreditar a las fuerzas armadas rusas”. La acusación surgió por su labor como editora de un artículo sobre la guerra de Ucrania, publicado en un pequeño periódico comunista.

Aunque no era la autora, fue sometida a una evaluación obligatoria de un mes en un hospital psiquiátrico por orden judicial y, finalmente, sentenciada a dos años de trabajo forzado.

Durante meses tuvo que permanecer en su casa, vigilada por una tobillera electrónica, sin acceso a internet ni teléfono, aguardando la notificación sobre la fecha y lugar de cumplimiento. Según contó a Reuters, aquel mensaje llegó sin previo aviso.

El sistema de “trabajo correccional” al que fue asignada está diseñado para condenados por delitos menores como hurtos, deudas o tenencia de drogas.

En los últimos años, sin embargo, se ha extendido a activistas y opositores políticos. Los condenados no figuran formalmente como presos, pero deben vivir en centros vigilados, con la posibilidad de usar sus propios celulares y disfrutar de “tiempo personal”. Son enviados como fuerza laboral a empresas locales, estatales o privadas

El Ministerio de Finanzas estima que esta política generará aproximadamente 50.000 millones de rublos (USD 590 millones) en ingresos estatales durante el año.

El gobierno ruso implementó la versión actual del sistema en 2011 y su expansión se aceleró por la escasez de mano de obra a raíz de la guerra en Ucrania.

Entre 2022 y hoy, el número de personas sancionadas con trabajo forzado creció de 15.000 a un objetivo de 80.000. Esto responde a la movilización militar, con el alistamiento o la salida al extranjero de cientos de miles de personas, y al rechazo de muchos rusos a mudarse a regiones remotas o ambientalmente dañadas como Norilsk. La administración local informó que, en julio pasado, había casi 3.800 vacantes en la ciudad y únicamente 172 desocupados registrados.

En su primer mes en el centro correccional femenino, Fatyanova compartía alojamiento con más de cincuenta reclusas, la mayoría condenadas por delitos no violentos o económicos.

Según mencionó a Reuters, la rutina comenzaba puntualmente a las 06:00: disponían de cincuenta minutos para asearse, limpiar, ordenar la ropa, hacer la cama, desayunar y dejar todo listo para la inspección.

Quienes eran asignadas a trabajos externos, como Fatyanova, debían salir antes para tomar un autobús, a las 06:37, y viajar durante una hora y media hasta el hostel para empleados de Nornickel, donde se encargaban de la limpieza de dormitorios, baños, duchas y zonas comunes. Su remuneración mensual en julio fue de 52.150 rublos (617.16 dólares).

La suma final recibida por las internas suele ser menor, ya que el Estado puede deducir hasta el 75% del salario por manutención y otras cuotas judiciales.

Estas deducciones y la imposibilidad de elegir empleador han generado críticas frecuentes. Organizaciones como OVD-Info, vinculada a Fatyanova a través de su abogada Eva Levenberg, denuncian que las reclusas viven prácticamente sin libertad real para organizarse ni defender sus derechos laborales.

Según Levenberg, la lógica obedece más a criterios económicos que de reeducación. Empresas privadas, como la tienda online Ozon, reconocieron el empleo de más de 230 convictos en este esquema, mientras que la fábrica Uralvagonzavod incorporó a 250 personas condenadas en noviembre de 2022, según la agencia estatal TASS.

A pesar de que las autoridades subrayan la existencia de salarios y ciertos beneficios bajo este régimen, Fatyanova denunció hostigamiento y discriminación frecuentes, en especial hacia quienes cumplen condena por motivos políticos.

“Me amenazaron con sanciones por cuestiones mínimas, desde el uso de un trato inadecuado hasta llegar unos minutos tarde al ejercicio”, expuso a través de mensajes escritos que compartió la activista Olga Suvorova, encargada de presentar reclamos y peticiones ante autoridades regionales y federales por su caso.

Las respuestas oficiales descartaron cualquier peligro para su seguridad y declararon que el centro correccional de Krasnoyarsk, al cual Fatyanova solicitó traslado por razones familiares, está saturado y sin vacantes.

A la dureza de las condiciones penitenciarias se suma el propio entorno de Norilsk. La contaminación por metales pesados, consecuencia directa de las emisiones industriales de Nornickel, mantiene niveles de smog elevados incluso en verano. El frío extremo, el aislamiento y la precariedad habitacional intensifican el estrés de quienes permanecen en la ciudad obligados por la Justicia.

Si bien la mayoría de las reclusas fue condenada por delitos comunes, los casos de tinte político aumentaron. OVD-Info contabiliza al menos 68 personas condenadas a trabajos forzados desde 2022 por protestas, publicaciones o posiciones contrarias al gobierno.

Fatyanova espera que la atención internacional sobre su historia contribuya a impulsar reformas en la legislación penal y a mejorar la situación y visibilidad de los presos políticos. En Rusia, protestar puede significar la pérdida total de autonomía y la exposición a condiciones hostiles, con muy pocas garantías de derechos.

(Con información de Reuters)