La ONG Acceso a la Justicia alertó este jueves sobre nuevos retrasos y un “punto de inflexión” en la causa sobre Venezuela que tramita la Corte Penal Internacional (CPI). Esto ocurre luego de que el tribunal solicitara a su fiscal, Karim Khan, apartarse por tres semanas de la investigación, debido a dudas razonables sobre su imparcialidad.
“Lo más preocupante es que pueda haber más retrasos en un caso que ya ha avanzado muy lentamente para las víctimas”, señaló la organización en un comunicado.
Acceso a la Justicia destacó que durante 2024 se conoció que la cuñada de Khan, la abogada Venkateswari Alagendra, fue contratada para integrar el equipo legal del régimen de Nicolás Maduro.
Aunque esta relación era conocida, la ONG señaló que “el hecho de que un familiar tan cercano trabajara para el Gobierno investigado generó una evidente apariencia de conflicto y dudas sobre la objetividad del fiscal”.
Recientemente, la Sala de Apelaciones de la CPI determinó que Khan mantiene una “relación familiar, profesional y jerárquica” con Alagendra, lo que compromete, al menos en apariencia, su imparcialidad.
El conflicto estalló tras la presencia de Alagendra en una audiencia en noviembre de 2023. La Fundación Arcadia y el abogado venezolano Robert Carmona-Borjas solicitaron la “recusación” del fiscal por “conflicto de intereses” debido a la relación “familiar, profesional y jerárquica” entre Khan y Alagendra.
Los denunciantes añadieron que la abogada no solo es familiar directa, sino que ambos trabajaron juntos en casos de alto perfil, como la defensa de William Ruto, actual presidente de Kenia, y de Saif al Islam Gadafi, investigado por crímenes en Libia.
Los jueces concluyeron que la combinación de vínculos personales y profesionales entre Khan y Alagendra “sí podría generar una percepción razonable de parcialidad”, lo cual vulnera los principios del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, que prohíbe la participación del fiscal en situaciones donde su objetividad pueda ser cuestionada.
La CPI inició la investigación sobre Venezuela en 2018 tras una remisión de varios países. La dictadura de Maduro intentó frenar el proceso alegando que su sistema judicial realizaba investigaciones internas, pero la Corte rechazó esa posición en 2023 y autorizó la reanudación de la causa por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014.
Si Khan no se excusa voluntariamente en el plazo otorgado, los jueces podrían avanzar con su recusación formal, lo que podría desatar una crisis interna en la oficina del Fiscal de la CPI, que ya enfrenta presiones tras emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusado, por entre otros cargos, del uso del hambre como arma de guerra en Gaza, y contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por la deportación de niños ucranianos.
Por otra parte, el departamento de asuntos internos de la ONU investiga acusaciones de acoso sexual contra Khan, lo que lo llevó a apartarse temporalmente del cargo en mayo debido a la tensión generada en la CPI. Desde entonces, los fiscales adjuntos están a cargo de la oficina y Khan no ha hecho apariciones públicas.
(Con información de EFE)
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