La Policía de Investigaciones (PDI) de Chile anunció este viernes la detención de seis ciudadanos venezolanos, entre ellos un ex integrante del equipo antisecuestro de la Guardia Nacional de Venezuela, acusados de participar en una serie de delitos graves ocurridos entre junio y diciembre de 2024 en la región Metropolitana.
Los sospechosos, todos en situación migratoria irregular, estarían vinculados a una célula operativa del Tren de Aragua, una organización criminal creada en las cárceles de Venezuela y calificada como organización terrorista extranjera por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
PUBLICIDAD
Los seis acusados, todos de nacionalidad venezolana fueron arrestados por diversos crímenes, entre secuestros, homicidios y posesión ilegal de munición.
El jefe de la Brigada Antisecuestros, Hassel Barrientos, detalló que uno de los arrestados formó parte de la Guardia Nacional Bolivariana e ingresó a Chile de “forma clandestina”. “Integraba el equipo antisecuestro en su país de origen”, subrayó el funcionario.
PUBLICIDAD
Las autoridades señalaron que la célula actuaba bajo el mando de “El Turco”, un presunto cabecilla del Tren de Aragua detenido en Estados Unidos. Él sería, según la investigación, el autor intelectual de varios crímenes, entre ellos el secuestro y asesinato del ex militar y disidente venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024 en Santiago, un caso que el gobierno chileno ha calificado como crimen de connotación política.
La fiscal Marcela Adasme indicó que los arrestados formaban parte de una “agrupación criminal destinada a cometer el delito de secuestro y secuestro con homicidio”. En varios casos, los perpetradores recibían órdenes desde el extranjero y coordinaban extorsiones dirigidas a los familiares de las víctimas.
PUBLICIDAD
Según la PDI, el Tren de Aragua opera en Chile a través de múltiples células criminales que lograron ingresar al país a partir de 2019, camuflados entre miles de migrantes que cruzaron la frontera por pasos no habilitados. Muchas de estas rutas eran controladas por la misma organización.
La organización criminal se originó en la cárcel venezolana de Tocorón, en el estado Aragua, donde consolidó su poder mediante el chantaje a otros reclusos como principal fuente de ingresos.
PUBLICIDAD
Desde 2020, ha expandido sus operaciones más allá de las fronteras venezolanas, extendiéndose a varios países de América Latina, como Colombia, Perú y Bolivia. En estas naciones, las autoridades la vinculan con una amplia gama de delitos, que incluyen narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios. Cuenta con una estructura jerárquica alrededor de los líderes en el centro penitenciario, que se ha replicado en los otros países.
(Con información de AP)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Arabia Saudita advirtió que responderá “con una fuerza sin precedentes” si los hutíes de Yemen atacan su territorio
La advertencia llega pocas horas después de que el portavoz militar hutí, Yehya Sarea, amenazara con atacar los “intereses vitales” del reino
El régimen chino reanudó las patrullas costeras al este de Taiwán pese a la queja de Taipéi y países europeos
El portavoz de la Guardia Costera, Jiang Lue, comunicó que una formación naval liderada por el buque Xiushan retomó las actividades iniciadas en junio
El papa León XIV felicitó a EEUU por el 4 de julio con un llamado a acoger a los migrantes: “Nos necesitamos unos a otros”
El Sumo Pontífice, de visita en la isla italiana de Lampedusa, subrayó la importancia de construir una sociedad donde “los vulnerables, los que sufren y los olvidados sean siempre acogidos con compasión, solidaridad y amor”
Ucrania volvió a golpear el corazón industrial de Rusia: bombardeó una terminal petrolera en San Petersburgo
El Estado Mayor General afirmó que los ataques de largo alcance han eliminado cerca del 43% de la capacidad de refinación de crudo rusa, en el marco de la estrategia para debilitar la maquinaria bélica del Kremlin
La CPI completó el mayor programa de reparación de su historia por los crímenes de guerra en Mali
El plan, a cargo del Fondo para las Víctimas, incluyó indemnizaciones, gestos públicos y apoyos comunitarios tras los ataques perpetrados contra los mausoleos de Tombuctú en 2012
