Más de 300.000 personas marcharon este viernes en todo Grecia, con motivo del segundo aniversario de su peor desastre ferroviario, que dejó 57 muertos, 85 heridos y múltiples preguntas sin respuestas.
Las manifestaciones, convocadas inicialmente por el pueblo y los familiares de las víctimas para más de 300 ciudades y el exterior, rápidamente se convirtió en una huelga masiva con apoyo del sector público, privado y los sindicatos, y paralizó al país tanto por tierra, aire y mar por 24 horas.
En las concentraciones, el reclamo común era un pedido de justicia a las autoridades que, a dos años de la tragedia, aún no han dado respuestas certeras sobre lo ocurrido que, se cree, forma parte de una estrategia para encubrir las fallas del Gobierno.
“La verdad completa debe salir a la luz y los responsables, sin importar cuán alto sea su cargo, deben rendir cuentas”, dijo Yannis Panagopoulos, presidente de la Confederación General de Trabajadores, mientras que en los carteles se leían frases como “No queremos llorar más muertos, personas que salen por la mañana a trabajar y no sabemos si volverán”, “Ustedes cuentan ganancias, nosotros contamos vidas” y “Grecia mata a sus hijos”.
“Queremos que se haga justicia. Hoy, debemos enviar un fuerte mensaje para castigar a todos los responsables de este drama”, sumó un estudiante que participó de la concentración en Atenas.
Unas 180.000 personas se reunieron frente al Parlamento, en el centro de la capital, donde, en un acto cargado de emoción, se leyeron los nombres y la edad de las víctimas -muchas de ellas jóvenes estudiantes- y se guardó un minuto de silencio en su honor.
Sin embargo, este clima rápidamente se vio teñido por actos de violencia perpetrados por un sector de los manifestantes, que en las calles aledañas se enfrentaron con la policía.
El Gobierno había desplegado unos 5.000 oficiales de prevención que, en Atenas y Salónica, debieron responder con ráfagas de gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y cañones de agua a los civiles encapuchados que lanzaban bombas de gasolina y adoquines destrozados.
Los cruces dejaron al menos 20 heridos y unos 120 detenidos, de los cuales 41 fueron formalmente arrestados, y convirtieron a las de este viernes en las protestas más grandes en Grecia en una década, desde las marchas por la crisis de la deuda.
El 28 de febrero de 2023, poco antes de la medianoche, un tren que cubría el trayecto Atenas-Tesalónica, con más de 350 pasajeros- chocó con un tren de cargas que iba en la misma vía pero en sentido contrario. El incidente dejó 57 muertos y 85 heridos, y abrió un profundo debate sobre las deficiencias en la infraestructura del servicio ferroviario nacional, la falta de respuesta de las autoridades nacionales, cuya gestión se vio afectada, y el lento avance de la investigación.
Muchos acusan al Gobierno de ser el responsable de estas muertes, dado que la investigación preliminar expuso un error humano, infraestructura obsoleta y fallos sistémicos importantes como las principales causas, aunque hasta el momento solo se han presentado cargos contra trabajadores de los trenes.
Un empleado municipal de Atenas sostuvo que “cada día hay una demanda para saber la verdad sobre lo que sucedió, y cada día hay una demanda de mejores medidas de seguridad en el lugar de trabajo. Es una razón clave por la que esto sigue siendo relevante”.
Otros ciudadanos, en tanto, manifestaron su deseo del fin de la gestión actual, su apoyo a los partidos anti-establishment -tanto de derecha como de izquierda- y hasta una posible moción de censura.
No obstante, el primer ministro, Kiriakos Mitsotakis, defendió su gobierno y se comprometió a seguir trabajando por esclarecer lo ocurrido.
“Cada griego participa en este duelo, unidos bajo la demanda común de verdad”, sostuvo, a la par que pidió “respeto por las víctimas y su memoria” y llamó a no dar lugar a la “división” y conservar la “estabilidad interna” en el país.
“Algunos buscan convertir estas marchas en una oportunidad para propiciar diferencias y divisiones. Buscan explotar el dolor de las víctimas para sus propios fines políticos. Tenemos el deber de evitar que se cuestione nuestra estabilidad interna. El país ha pagado ya un alto precio por las divisiones (...) y aquellos que busquen convertir las manifestaciones en una cuestión violenta nos encontrarán de frente”, dijo.
(Con información de AFP, AP, EFE y Europa Press)
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