Rusia condenó a tres personas por traición y espionaje para Ucrania

La Justicia de Rusia condenó este jueves a penas de hasta 22 años de prisión a tres personas acusadas de cometer actos de traición y espiar para Ucrania en el marco de la invasión rusa que comenzó hace ya casi tres años.

Uno de los acusados, un joven de 30 años identificado como Sergei Chernookii y de nacionalidad rusa, recibió la pena más dura, a 22 años de cárcel, por cometer “alta traición”, según un tribunal ruso que lo ha hallado culpable de entregar información sobre la infraestructura ferroviaria rusa a los servicios especiales ucranianos.

A él se ha sumado otro hombre procedente de la provincia ucraniana de Kherson, que fue condenado a 14 años de prisión por entregar información “sensible” sobre la posición de las tropas rusas al Ejército de Ucrania, según un comunicado del tribunal.

Por otra parte, una tercera persona fue condenada a trece años de prisión. Se trata de una mujer de 44 años, residente de Zaporizhzhia, que fue acusada de enviar a su hijo —un militar del Ejército ucraniano— información sobre el despliegue de fuerzas rusas.

En el último año, Rusia ha intensificado la represión contra la disidencia, aplicando leyes represivas para silenciar a opositores y activistas. Según Amnistía Internacional, más de 20.000 personas han enfrentado represalias por manifestarse contra la guerra en Ucrania, incluyendo detenciones arbitrarias y procesos penales por cargos como “difusión de información falsa” y “desacreditación de las Fuerzas Armadas”.

Las autoridades rusas también han perseguido a figuras destacadas de la oposición. En abril de 2023, el político opositor Vladimir Kara-Murza fue condenado a 25 años de prisión por criticar la invasión rusa de Ucrania. Asimismo, el líder opositor Alexei Navalny murió en prisión en condiciones extrañas en abril de 2024.

La represión se ha extendido a la sociedad civil y los medios de comunicación. En agosto de 2024, el periodista Sergei Mikhailov fue condenado a ocho años de cárcel por informar sobre las masacres de Bucha y Mariúpol.

Además, las autoridades han utilizado tácticas como la designación de individuos y organizaciones como “agentes extranjeros” para restringir sus actividades.

La persecución ha alcanzado a menores de edad. Amnistía Internacional ha documentado casos en los que niños y niñas, junto con sus familias, han sido objeto de represalias por expresar opiniones antibélicas, incluyendo amenazas de separación familiar y adoctrinamiento en las escuelas.

Esta escalada represiva refleja un esfuerzo sistemático del gobierno ruso por eliminar cualquier forma de disidencia y consolidar el control sobre la narrativa pública.

El uso de tácticas de intimidación ha sido clave en la estrategia del Kremlin para disuadir el disenso. Organizaciones no gubernamentales como Memorial, dedicada a documentar violaciones de derechos humanos en Rusia, han sido cerradas bajo acusaciones de actuar como “agentes extranjeros”.

Simultáneamente, se han intensificado las amenazas y agresiones contra abogados que representan a disidentes, limitando el acceso a una defensa legal justa.

Las redes sociales y plataformas digitales tampoco han escapado a la censura. Roskomnadzor, el regulador estatal de telecomunicaciones, ha bloqueado sitios web y contenido crítico del gobierno, incluyendo materiales que cuestionan la legitimidad de las elecciones regionales de 2024.

A pesar de estas medidas, la resistencia persiste en el exilio y en el interior del país, con activistas y periodistas utilizando plataformas internacionales para denunciar las violaciones de derechos humanos y mantener viva la lucha por las libertades civiles en Rusia.

(Con información de Europa Press)