En Rusia, la intensificación del conflicto en Ucrania ha traído consigo no solo una escalada bélica sino también un aumento considerable en las violaciones de los derechos humanos, tanto dentro del territorio ruso como en las regiones ocupadas de Ucrania. “Se han reportado ejecuciones sumarias, torturas, violaciones y ataques que han resultado en la muerte e hiriendo a civiles, además de destruir infraestructura civil,” subrayando las atrocidades cometidas por las fuerzas rusas además de crimenes de guerra que incluyen la deportación forzada o el traslado de civiles, y la colocación forzada en adopción o en cuidado de crianza de niños ucranianos.
Dentro del marco legal ruso, nuevas legislaciones han sido utilizadas para castigar la disidencia y la expresión independiente, incluyendoles el enjuiciamiento de protestantes contra la guerra y figuras de la oposición política como Vladimir Kara-Murza, quien fue sentenciado a 25 años de prisión bajo cargos que incluyen traición y Aleksey Navalny, sentenciado a 19 años adicionales por supuesto “extremismo”. Las ONG de derechos humanos han informado que las autoridades rusas han utilizado estas leyes para presionar y penalizar de manera selectiva a los activistas y a los críticos del Kremlin, restringiendo severamente las libertades fundamentales.
Aparte de la situación bélica en Ucrania, el escenario interno ruso presenta una restricción continua a la libertad de expresión y reunión, con medios de comunicación independientes y organizaciones no gubernamentales siendo forzados a cerrar o enfrentar la designación de “agente extranjero”, lo que limita significativamente su capacidad de operación. “La represión transnacional contra críticos del Kremlin en el extranjero continúa siendo un problema grave,” señalando cómo el gobierno ruso ha extendido su mano represiva más allá de sus fronteras.
En relación con los derechos de las mujeres, aunque la ley criminaliza la violación, incluso dentro del matrimonio, la violencia doméstica sigue siendo un problema significativo en Rusia, con informes que indican que las autoridades a menudo no tratan estos casos con la seriedad que requieren, especialmente en las regiones del Cáucaso Norte donde persisten prácticas como los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina.
La discriminación y los abusos basados en la orientación sexual y la identidad de género siguen siendo rampantes, con leyes que prohíben la “propaganda de relaciones sexuales no tradicionales” entre menores, lo que ha sido utilizado para justificar detenciones arbitrarias de personas LGBTQ+ y la represión de activistas. Informes de la región de Chechenia destacan una situación particularmente grave, con reportes de detenciones arbitrarias, tortura y hasta asesinatos de personas percibidas como LGBTQ+ por parte de las autoridades chechenas.
La situación de los derechos laborales en Rusia también es problemática, con reportes de violaciones de la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, y casos de trabajo forzoso y malas condiciones de trabajo, especialmente entre trabajadores migrantes y en sectores informales de la economía.
Este panorama refleja graves violaciones de los derechos humanos en Rusia y las áreas bajo su control en Ucrania, destacando la necesidad urgente de atención y acción internacional para abordar estos abusos.
El trabajo periodístico también se vio afectado durante los últimos años del férreo mandato de Vladimir Putin. “Los periodistas siguieron sufriendo detenciones, encarcelamientos, agresiones físicas, acoso e intimidación por sus informaciones. Los periodistas y blogueros que sacaron a la luz irregularidades del gobierno o que criticaron al gobierno se enfrentaron a menudo a hostigamiento, ya fuera en forma de amenazas directas a su seguridad física o de amenazas a sus medios de subsistencia, con frecuencia a través de acciones judiciales”.
“Se recibieron informes de agresiones a periodistas por parte de funcionarios del gobierno y de la policía; de detenciones de periodistas por parte de la policía para obstaculizar o castigar su labor informativa; de inculpaciones de periodistas por parte de la policía por delitos graves para obstaculizar o castigar su labor informativa; y de redadas policiales en las oficinas de medios de comunicación independientes que, según los observadores, estaban destinadas a castigar o presionar a dichos medios”, señala el informe presentado por Antony Blinken.
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