La ONG Human Rights Watch (HRW), especializada en el seguimiento de la situación humanitaria internacional, ha denunciado este domingo que las autoridades egipcias han detenido en los últimos días a decenas de personas que han llamado a la manifestación y restringido el propio derecho a la protesta en los días previos a la celebración de la cumbre climática COP27 en la localidad turística de Sharm el Sheij.
Allí, las autoridades han ordenado la colocación de cámaras en todos los taxis de la zona para que las agencias de seguridad vigilen a los pasajeros y a los conductores, y puesto en marcha un proceso “indebidamente complejo” de registro destinado, según HRW, a limitar la participación del público en esta cumbre.
Para el director adjunto de HRW para Oriente Próximo y Norte de África, Adam Coogle, “está claro que el Gobierno egipcio” que lidera el ex militar golpista Abdelfatá al Sisi “no tiene intención de relajar sus abusivas medidas de seguridad ni de permitir las libertades de expresión o de asamblea”.
Entre las detenciones, HRW destaca la del activista indio contra el cambio climático Ajit Rajagopal cuando se disponía a efectuar una marcha de ocho días desde El Cairo a Sharm el Sheij. Rajagopal fue puesto en libertad al día siguiente tras las críticas internacionales.
El gobernador de la provincia de Sinaí del Sur, Jaled Fouda, ha avisado de que las fuerzas de seguridad solo permitirán concentraciones en zona designadas, lejos de la cumbre. “No se permitirá la entrada a nadie que no esté registrado”, declaró a finales del mes pasado en el canal de televisión Sada al Balad.
Las manifestaciones deberán celebrarse con 36 horas de aviso en las zonas más próximas a la cumbre y con 48 en cualquier otro punto de la ciudad, y solo entre las 10.00 y las 17.00. Sus participantes deberán ir debidamente identificados.
HRW también recuerda que el Gobierno egipcio obliga a todos los asistentes a descargarse una aplicación que recaba información personal y requiere acceso a la cámara, al micrófono y al servicio de localización del móvil. “Muchos datos”, apunta el grupo, “que despiertan preocupación sobre el derecho a la privacidad de los participantes”.
La ONG recuerda que el derecho Internacional garantiza a todos el derecho a una participación libre, activa y significativa en los asuntos públicos a nivel internacional, nacional, regional y local. El derecho a la participación, añade, está indisolublemente ligado a otros derechos humanos como el derecho a la reunión y asociación pacíficas y la libertad de expresión.
“Arrestar a egipcios simplemente por llamar a protestas unos días antes de la COP no es solo una violación a la libertad de expresión y reunión, sino que también es un mensaje directo a los participantes de la COP para que se mantengan en línea”, ha remachado Coogle.
LAS AUSENCIAS EN PROTESTA
Otro tema de relevancia será ver si un país como Egipto, donde hay un déficit notable en materia de derechos humanos y donde las autoridades son muy renuentes a permitir manifestaciones públicas, puede albergar un encuentro de este tipo en el que la sociedad civil y la protesta son centrales.
Organismos internacionales y ONGs han denunciado trabas que el Gobierno de Abdelfatah al Sisi ha puesto para la acreditación de activistas críticos con su gobierno y denuncian que el evento no será más que un “greenwhasing” (lavado de imagen) para un régimen autoritario.
De hecho, varias figuras globales de la lucha ambiental, como Greta Thunberg, no acudirán precisamente por la situación de los derechos humanos en el país.
(con información de EP)
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