Amnistía Internacional denunció este domingo que fuerzas rusas bombardearon el pasado viernes un centro de preescolar del noreste de Ucrania con una bomba de racimo que mató a tres personas, entre ellas un niño.
El centro afectado se encontraba en la región de Ojtrika y fue alcanzado por un cohete Uragan, donde la gente se estaba refugiando, en lo que podría tratarse de un crimen de guerra, según la organizción.
La ONG Human Rights Watch (HRW) había asegurado este sábado que otra bomba de racimo impactó a las afueras de un hospital en Vuhledar, en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, lo que causó la muerte de cuatro civiles y dejó diez heridos, seis de ellos trabajadores sanitarios.
“Este ataque cruel ha matado y herido a civiles, y dañado un hospital”, expresó en un comunicado el director de armas de HRW, Steve Goose, que llamó a las fuerzas rusas a dejar de usar munición de racimo y a “frenar los ataques ilegales con armas que matan y mutilan de manera indiscriminada”.
Las imágenes aéreas en manos de Amnistía muestran que las municiones impactaron en al menos siete lugares en o cerca del edificio, cuatro en el techo y tres en el pavimento de las inmediaciones de la escuela.
“OJO: este ataque puede constituir evidencia concreta de un crimen de guerra por parte de Rusia. El fiscal de la Corte Penal Internacional debería abrir una investigación preliminar ya que tiene jurisdicción desde 2014 para investigar estas atrocidades”, pidió José Miguel Vivanco al citar un tuit de Juan Pappier, investigador senior de la División de las Américas de HRW.
“Human Rights Watch documentó, con testimonios directos y corroboración digital de videos, el uso por parte de Rusia de armas indiscriminadas contra un hospital. 4 civiles murieron”, manifestó Pappier.
Amnistía recuerda que la munición de racimo es un arma “indiscriminada por naturaleza” debido a que se esparce en un área amplia y tiene una tasa de error extremadamente alta, de ahí que su uso esté prohibido por un tratado del que forman parte un centenar de países.
La ONG recuerda que este ataque es el cuarto verificado contra una escuela —Save the Children ha denunciado seis— por lo que la organización considera “imperativo” que los estados miembros de la ONU y el Tribunal Penal Internacional (TPI) “estudien urgentemente cómo garantizar la recopilación y conservación oportuna y eficaz de pruebas de cualquier delito de derecho internacional cometido en Ucrania”.
Si bien Rusia y Ucrania no son parte del TPI, en 2015 Ucrania aceptó la jurisdicción de la corte sobre presuntos delitos cometidos en su territorio a partir del 20 de febrero de 2014.
De acuerdo con las Convenciones de Ginebra, a partir de la invasión a Ucrania, Putin podría calificar como criminal de guerra ya que se consideran crímenes de guerra el homicidio intencional y la destrucción extensiva de propiedad “no justificada por la necesidad militar y llevada a cabo de manera ilegal y sin sentido”.
“El concepto crimen de guerra ha sido interpretado de manera inconsistente y se ha aplicado de manera despareja a los líderes o países (...). En Ucrania, la ‘guerra por elección’ de Putin ha violado claramente el derecho internacional al invadir un país soberano e intentar derrocar a su gobierno”, explica Robin Wright en The New Yorker.
Según investigaciones de HRW, las bombas de racimo ya fueron utilizadas tanto por el gobierno de Ucrania como por los grupos armados apoyados por Rusia en los enfrentamientos del este de Ucrania entre julio de 2014 y febrero de 2015.
“Todos los Estados parte de la Convención sobre Municiones en Racimo de 2008 deben condenar inequívocamente este ataque y cualquier otro uso de esta horrible arma”, manifestó Goose, quien concluyó: “Los riesgos para los civiles son intolerablemente altos”.
(Con información de Europa Press)
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