La Corte Suprema rusa que responde al presidente Vladimir Putin ordenó este martes el cierre de la organización Memorial International, emblema de la sociedad civil por su defensa de los libertades civiles y su papel como custodio de la historia de las víctimas del Gulag soviético.
“La decisión es cerrar Memorial International y sus filiales regionales”, anunció la ONG en su cuenta Telegram. Justo antes, la jueza Alla Nazarova dijo que aceptaba “la demanda de la fiscalía” de disolver a la organización. Nazarova ha ordenado que “se satisfaga la petición de la Fiscalía sobre la liquidación de Memorial”, según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS. El tribunal sólo ha anunciado la parte operativa de la decisión, sin desvelar los argumentos de la misma.
La decisión contra Memorial, que tiene un gran prestigio afuera de Rusia, se enmarca en la represión contra quienes critican al Kremlin que se ha acelerado en 2021, año en el que se ha visto el cierre de medios independientes y oenegés y el desmantelamiento del movimiento del opositor encarcelado Alexéi Navalni.
“Es una decisión nefasta, injusta”, reaccionó la abogada de la defensa, Maria Eismont. “Cerrar Memorial International devuelve a Rusia a su pasado y aumenta el peligro de (nuevas) represiones”, había estimado antes ante el tribunal.
La fiscalía pidió a principios de noviembre la disolución de Memorial International, la estructura clave que coordina la red de la organización en Rusia, acusándola de haber infringido “de manera sistemática” las obligaciones de su condición de “agente del extranjero”.
Esta etiqueta, que recuerda la de “enemigo del pueblo” durante la Unión Soviética, señala a las organizaciones reconocidas culpables de actuar contra los intereses de Moscú recibiendo fondos extranjeros.
Todos los que son calificados de este modo deben indicar su condición de “agente del extranjero” en todas sus publicaciones, so pena de duras multas, y someterse a pesados procedimientos administrativos. En paralelo, en otro caso judicial, la fiscalía exige el cierre del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de Memorial, acusado de apología “del terrorismo y del extremismo”, además de violaciones de la ley sobre los “agentes del extranjero”.
En este otro caso, se ha previsto una audiencia el miércoles ante un tribunal de Moscú.
Los abogados de la oenegé, que ya pagó importantes multas por violaciones de la ley sobre los "agentes del extranjero", denuncian persecuciones sin fundamento, desproporcionadas y de naturaleza política.
Traumas históricos
Memorial, creada en 1989 por disidentes soviéticos (entre ellos el premio Nobel de la Paz Andréi Sájarov), comenzó una labor meticulosa de documentación de los crímenes estalinistas y de los campos del Gulag, y prosiguió su labor en la defensa de los Derechos Humanos y de los prisioneros políticos.
Esta ONG también investigó los abusos rusos durante las guerras en Chechenia y, más recientemente, sobre los paramilitares del grupo “Wagner”, considerado como el brazo armado de Rusia en el extranjero, algo que el Kremlin niega.
En 2009, Natalia Estemirova, responsable de la ONG en la región del Cáucaso, fue asesinada. El crimen nunca fue resuelto.
Los simpatizantes de la oenegé consideran que el régimen de Vladimir Putin quiere suprimir Memorial para silenciar la historia de las represiones soviéticas, porque el Kremlin prefiere celebrar la herencia del heroísmo de la URSS frente a los nazis en lugar de la memoria de los millones de víctimas de Stalin.
El lunes, un tribunal ruso aumentó la condena de prisión del destacado historiador del Gulag y miembro del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de Memorial, Yuri Dmitriev, a un total de 15 años de prisión por un caso de “agresión sexual” que, según sus partidarios, fue montado para castigar su trabajo sobre la época del terror soviético.
(Con información de AFP y Europa Press).-
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