El Gobierno de Sudáfrica informó este miércoles que el total de fallecidos relacionados con la oleada de disturbios violentos y saqueos masivos ocurrida recientemente en el país asciende a 276, mientras las autoridades intentan restablecer el orden.
“La estabilidad continúa reinando en las provincias de Gauteng y KwaZulu-Natal (las dos regiones afectadas por los disturbios)”, afirmó en una rueda de prensa Khumbudzo Ntshavheni, la ministra en funciones de la presidencia de Sudáfrica.
Ntshavheni también indicó que, pese a la progresiva normalización de la coyuntura, el Gobierno identificó 61 fallecimientos adicionales relacionados con el estallido de violencia, lo que eleva el balance total a 276. De ellos, 234 muertes ocurrieron en KwaZulu-Natal (este) y 42 en Gauteng (la provincia donde se encuentran Johannesburgo y Pretoria).
Además, Ntshavheni confirmó que cuatro personas detenidas por presuntamente haber instigado la violencia de los pasados días -identificadas como Bruce Nimmerhoudt, Sibusiso Mavuso, Clarence Tabane y Ngizwe Mchunu- comparecieron ya ante los tribunales sudafricanos.
En tanto, más de 580 personas han compadecido ante tribunales en relación con los disturbios. El portavoz de Autoridad Nacional de la Fiscalía en Gauteng, Phindi Mjonondwane, explicó que 628 sospechosos se enfrentan cargos de “violencia pública, robo, daño intencional a la propiedad”, entre otros, según recoge SACB News.
El Gobierno y los distintos actores sociales continúan evaluando los millonarios daños -que incluyen daños extensos en centros comerciales, fabricas y almacenes, pequeños negocios e incluso escuelas- y las herramientas de auxilio económico para los afectados.
También prosiguen las operaciones policiales para recuperar los bienes robados, que serán, según el Ejecutivo, usados como prueba y luego destruidos, algo que ha causado una gran controversia en el país.
Esta oleada de incidentes violentos comenzó el pasado 9 de julio, inicialmente en forma de protestas por el encarcelamiento del ex presidente Jacob Zuma (2009-2018) por desacato judicial, cometido al negarse repetidamente a declarar por corrupción.
En los siguientes días, los altercados se replicaron en otras zonas -especialmente en Johannesburgo- y se tornaron en una cascada de disturbios y pillaje masivo sin precedentes para la democracia sudafricana, con turbas arrasando centros comerciales y tiendas, quemando edificios y vehículos y cortando carreteras y calles.
El estallido de violencia se veía así alimentado por problemas sociales preexistentes, como la extrema desigualdad, el desempleo, los elevados niveles de criminalidad general en el país y el malestar por la pandemia de COVID-19.
Solo a partir del 14 de julio las autoridades empezaron a retomar el control de las zonas afectadas, gracias en gran medida al despliegue de 25.000 soldados para apoyar a la sobrepasada Policía.
Según el presidente, Cyril Ramaphosa, los incidentes fueron “instigados” y “hubo gente que los planeó y los coordinó”.
En este contexto, la justicia sudafricana aplazó para el próximo 10 de agosto el juicio en el que está siendo procesado Zuma. ”El juicio queda aplazado para los días del 10 al 13 de agosto de 2021″, dictaminó el juez Piet Koen en una vista virtual celebrada el martes por el Tribunal Superior de Pietermaritzburg (este), una de las ciudades más golpeadas por la oleada de saqueos y disturbios.
La defensa del ex mandatario había solicitado el aplazamiento del juicio porque, según el abogado Dali Mpofu, no poder celebrar actualmente vistas en persona por la situación de seguridad violaría el “derecho” de Zuma a un “juicio justo”.
En esta causa a Zuma se le imputan cargos de asociación ilícita, corrupción, lavado de dinero y fraude tras cerca de 800 operaciones supuestamente fraudulentas relacionadas con un acuerdo de armas millonario firmado a finales de la década de 1990 con la empresa francesa Thales.
En concreto, al ex presidente se le acusa de haber recibido sobornos con la intermediación de un asesor financiero. La imputación siguió un camino judicial muy complejo durante más de una década hasta que, en marzo de 2018, fue acusado formalmente.
Zuma había dimitido de la presidencia solo un mes antes, forzado por su propio partido en medio de múltiples escándalos de corrupción.
Las acusaciones contra Zuma por el caso del acuerdo de armas son las más avanzadas judicialmente, pero no las únicas que penden sobre el polémico expresidente.
Entre ellas destacan las de la “Captura del Estado”, una investigación en la que se le acusa de orquestar durante su gobierno un entramado corrupto que atravesaba todo el aparato público para beneficiarse, a otros altos cargos y a empresarios afines.
En el marco de ese caso, Zuma se negó reiteradamente a testificar ante la comisión judicial oficial que lo investiga, lo que el 29 de junio pasado llevó al Tribunal Constitucional sudafricano a condenarlo a 15 meses de cárcel por desacato judicial.
Zuma, que alega que todas las acusaciones contra él son una persecución por motivos políticos, afirmó entonces que ir a la cárcel sería para él una “sentencia de muerte” y su entorno advirtió de que habría agitación social.
(Con información de EFE)
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