Más de 12.000 desplazados huyeron de los bombardeos aéreos del ejército birmano durante los últimos días, aseguró este sábado una de las principales facciones rebeldes, que llamó a las minorías étnicas de Myanmar a unirse contra la represión del régimen.
“Más de 12.000 civiles huyeron, lo que provoca una importante crisis humanitaria”, señala la Unión Nacional Karen (KNU), uno de los grupos armados más grandes del país.
Respondiendo al baño de sangre de las fuerzas de seguridad contra los opositores al golpe de Estado del 1 de febrero que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi, la KNU se apoderó la semana pasada de una base militar en el estado de Karen, en el sureste del país.
En represalia el ejército llevó a cabo ataques aéreos entre el 27 y el 30 de marzo contra los bastiones de la KNU, los primeros en dos décadas en esta región.
“Muchos civiles murieron, entre ellos menores y estudiantes. Se destruyeron escuelas, casas y pueblos”, aseguró la KNU.
“Exhortamos a todas las minorías étnicas del país (...) a llevar a cabo acciones fuertes y a adoptar sanciones” contra los responsables, manifestó.
¿Guerra civil?
Desde la independencia de Myanmar en 1948, muchas facciones étnicas armadas han estado en conflicto con el gobierno central por una mayor autonomía, el reconocimiento de su especificidad, el acceso a los muchos recursos naturales del país o una parte del lucrativo tráfico de droga.
En 2015, el ejército alcanzó un acuerdo de alto el fuego con diez de las facciones, entre ellas la poderosa KNU.
“Esperamos que la mayoría de los miembros de la KNU respeten el cese el fuego”, declaró este sábado a la AFP el portavoz de la junta militar, ZawMin Tun, asegurando que los ataques aéreos habían durado solo un día.
Las diez facciones rebeldes signatarias del acuerdo sostienen una reunión este fin de semana. Poco después del golpe, habían asegurado que continuarían con el alto el fuego, pese a que los generales empezaron la represión.
Pero, desde entonces, “cientos de civiles, menores, adolescentes y mujeres han sido asesinados” por las fuerzas de seguridad, escriben el sábado en un comunicado. “Volveremos a evaluar” nuestra posición durante la reunión, agregaron.
Otros grupos armados ya han apoyado la movilización democrática y amenazado con volver a tomar las armas contra la junta, que reprime a sangre y fuego la sublevación.
La emisaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Myanmar, Christine Schraner Burgener, advirtió esta semana del riesgo “sin precedentes” de “guerra civil” en este país.
“Esta locura debe terminar”
Al menos 550 civiles han muerto por disparos de las fuerzas de seguridad en los últimos dos meses, según la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP).
Podría haber muchas más, ya que más de 2.700 personas han sido detenidas, sin acceso a familiares y abogados. Muchas están desaparecidas.
La junta también bloqueó el acceso a Internet para una gran mayoría de la población. Pero el movimiento prodemocracia intenta encontrar alternativas para organizarse.
En Dawei, en el sur del país, jóvenes desfilaron el sábado con banderas rojas de la Liga Nacional para la Democracia (LND) de Aung San Suu Kyi. Se celebraron otras reuniones en todo el país y al menos tres personas resultaron muertas y varias heridas, según informaron testigos a la AFP.
“La junta utiliza ahora granadas (...) ametralladoras y otras armas de guerra contra el pueblo birmano. Esta locura debe terminar”, tuiteó el relator especial de la ONU, Tom Andrews, instando a la instauración de un embargo de armas.
Pero el Consejo de Seguridad de la ONU sigue dividido. China y Rusia se oponen categóricamente a la idea de que la ONU imponga sanciones, a diferencia de Estados Unidos y el Reino Unido, que ya las han impuesto.
Los militares, que hacen oídos sordos de las condenas internacionales, justificaron el golpe de Estado por supuestos fraudes masivos durante las elecciones de noviembre, que ganó por aplastante mayoría el partido de la premio Nobel de la Paz 1991, de 75 años.
Los generales han endurecido su cerco judicial contra Aung San Suu Kyi, detenida y acusada de corrupción y de violar una ley colonial sobre secretos de Estado.
(Con información de AFP)
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