La Fiscalía de la Corte Penal Internacional informó que hizo “avances significativos” en la causa contra la dictadura de Nicolás Maduro

Fatou Bensouda declaró que se ha “revisado en profundidad una gran cantidad de información documentando la acusación de crímenes de lesa humanidad contra el régimen venezolano

Fatou Bensouda (Getty)
Fatou Bensouda (Getty)

La fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, dijo este viernes que su oficina ha hecho “avances significativos” en el examen preliminar abierto a Venezuela en febrero de 2018 y explicó que espera tomar nuevas decisiones en los próximos meses.

“Desde la apertura del examen preliminar, hemos revisado en profundidad una gran cantidad de información documentando los supuestos crímenes”, comentó Bensouda durante un encuentro telemático con diputados del Parlamento europeo.

En concreto, el organismo ha recibido dos remisiones para investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La primera por parte de seis países -Canadá, Colombia, Argentina, Chile, Perú y Paraguay- por los abusos de las fuerzas de seguridad contra manifestantes opositores, que tienen como objeto protestas contra Maduro en 2017, que dejaron unos 125 muertos. La otra es de la propia dictadura debido a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos.

“Espero resolver la evaluación sobre la jurisdicción de la materia en el curso de este año”, aseguró. En caso de que concluya que ese es el caso, su oficina hará “una evaluación de admisibilidad, lo que incluye analizar los posibles procedimientos relevantes”, añadió.

La acusación está respaldada, entre otros documentos, por un informe del instituto Casla, el cual al régimen de Nicolás Maduro de “represión sistemática” y de cometer “crímenes de lesa humanidad”. En el marco de la presentación del informe, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, destacó que el instituto presentó distintas pruebas respecto a la metodología de la tortura en los centros clandestinos bajo clara influencia cubana".

En la imagen el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo
En la imagen el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo

También componen la evidencia documentos aportados por la OEA y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Este último eportó 5.287 ejecuciones extrajudiciales en 2018 y 1.569 de enero a mayo de 2019, confirmando lo que la OEA ya había documentado en 2018.

También mencionó “palizas, descargas eléctricas en genitales, asfixia, violación, y otras formas de violencia” con un “claro” objetivo ejemplarizante, “para sembrar terror”.

En otro pasaje de su locución, Bensouda reconoció “la frustración que han sido expresadas sobre que la Fiscalía ha avanzado a un ritmo lento” en el tema venezolano.

“Tenemos que analizar toda la información que hemos recibido”, advirtió la fiscal gambiana, quien explicó que ambas remisiones se están analizando por separado. No obstante, indicó que “esto podría cambiar más tarde si determinamos que el alcance de ambas situaciones está suficientemente vinculado”.

Bensouda recordó en otro pasaje de su locución que las remisiones entregadas por los países “no llevan automáticamente a la apertura de una investigación”, pero si su oficina concluyese que se cumplen los criterios para llevarla adelante, no tendría que requerir una autorización a una sala de cuestiones preliminares, tal y como ocurre en los casos en los que no existe la remisión de un Estado parte.

Por otro lado, si la Fiscalía decidiera no seguir adelante con la investigación, los países que han presentado las remisiones “pueden pedir una revisión judicial a una sala de cuestiones preliminares de la CPI”, concluyó.

Con información de EFE

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