(AFP)
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La amenaza de genocidio que pesa sobre 600.000 rohinyás es clara, según una comisión investigadora de la ONU sobre los crímenes perpetrados en el último año en Myanmar (Birmania) y de los que también han sido sus víctimas otras minorías presentes en el país.

Una aplastante mayoría de los crímenes documentados han sido perpetrados por el Ejército birmano (denominado "Tatmadaw") y no se confinan a los brutales ataques contra la minoría musulmana rohinyá, sino que se extienden a otras comunidades de la etnia rakáin (predominantemente budista) para evitar que éstas apoyen el movimiento rebelde que ha resurgido, se señala en un informe hecho público este lunes por la comisión de la ONU.

"La amenaza de genocidio continúa para los rohinyás que quedan" en Myanmar, se añade en el documento, que será presentado el martes ante el Consejo de Derechos Humanos que está reunido en Ginebra y que le confió la misión de realizar esta investigación.

Los refugiados reciben bananas en Bangladesh Foto: AFP PHOTO / Tauseef MUSTAFA
Los refugiados reciben bananas en Bangladesh Foto: AFP PHOTO / Tauseef MUSTAFA

La investigación surgió tras la alarma mundial que generó el éxodo masivo de rohinyás entre agosto y diciembre de 2017, como consecuencia de ataques del Ejército contra sus aldeas, que fueron incendiadas, mientras que los medios de subsistencia quedaron diezmados y sus habitantes murieron por miles.

El cierre de la región que ha mantenido el Gobierno birmano ha hecho imposible establecer el número exacto de víctimas de ese episodio, que generó un flujo de 740.000 refugiados hacia la vecina Bangladesh.

"Las operaciones militares contra los rohinyás en 2017, tan brutales como fueron, forman parte de un esquema de violencia militar extrema, más grande y duradero", aseguran los investigadores en su informe.

La crisis de refugiados se mantiene en la región (AFP)
La crisis de refugiados se mantiene en la región (AFP)

Por ello, la misión de determinación de los hechos de la ONU en Birmania indicó tener "motivos razonables para concluir que los elementos de prueba que permiten deducir la intención de genocidio del Estado (…) se reforzaron" desde el año pasado.

Se trata de una "responsabilidad del Estado", lo que "significa que Myanmar debería ser llevada ante la Corte Penal Internacional por incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención sobre Genocidio de 1948, uno de los pocos instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos que ha ratificado" ese país, estimó la misión.

"A menos que la ONU y la comunidad internacional no tomen acciones efectivas esta vez, esta triste historia está destinada a repetirse", agregaron.

(Con información de EFE y AFP)