La Iglesia impidió el acceso al gobierno español para exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos

La Iglesia ha comunicado oficialmente al gobierno español que no permitirá la entrada al Valle de los Caídos para la exhumación del dictador Francisco Franco, enterrado ahí desde 1975.

Así lo anunció el prior del Valle,  Santiago Cantera, luego de de que la ministra de Justicia de España, Dolores Delgado, solicitara el permiso para entrar en el templo a la más alta instancia de la Iglesia Católica.

El prior argumenta la negativa, porque, dice, falta  el consenso de la familia Franco y el caso aún espera dictámenes judiciales, pudiéndose resolver en dos o tres meses en el Tribunal Supremo de aquel país.

Ante dicha resolución por parte del prior, el gobierno español ha dicho que esperaba esta actitud por parte de Santiago Cantera, también señala que en ocasiones anteriores ya se ha negado a seguir las indicaciones dadas sobre este proceso por las autoridades eclesiásticas, tanto del Arzobispado de Madrid, como de la Conferencia Episcopal.

En un comunicado el gobierno explica que "La posición obstruccionista del prior Santiago Cantera, no impedirá que el proceso siga su curso, pero evidentemente hará que la opinión pública pueda llegar a considerar que la Iglesia española avala en su conjunto la negativa de este antiguo candidato falangista, hoy superior de los monjes benedictinos del Valle de los Caídos y, con ella, la negativa de la propia familia Franco".

Informa que seguirá adelante con el proceso de exhumación de los restos del dictador, respetando cada una de las garantías a las que la familia tiene derecho por ley.  Además de que en las gestiones previstas por el gobierno está recurrir a las instancias superiores del prior Santiago Cantera,concluye  el texto.

La ministra Delgado envió el pasado  11 de diciembre una notificación a la Abadía de Santa Cruz del Valle de los Caídos para que se pudiera avanzar en el expediente de la exhumación y posterior reinhumación, también se envió al nuncio apostólico, al abad de Santo Domingo de Silos y al representante legal de la Congregación de Solesmes.

En dicha comunicación, la ministra dice que para exhumar al dictador es necesario ingresar a la basílica  y que "es necesaria la correspondiente autorización eclesiástica".

En el texto se pide la autorización para acceder al templo y "dar cumplimiento al acuerdo que, en su caso, se adopte" conforme a lo dispuesto en la ley de memoria histórica "por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura".

En respuesta el prior dijo que sin el permiso de la familia no pueden permitir el acceso. Dicha resolución ya la habían expresado en distintas formas el arzobispado y hasta el Vaticano, sin embargo, añadían que la Iglesia no estaba en contra de la exhumación y dejaban esa responsabilidad al gobierno.

Por su parte, el representante de los Franco ha dicho en varias ocasiones, que la familia se niega a la exhumación, y que en caso de que se realice el proceso irá ante el Tribunal Supremo y no aceptará otro lugar para la posterior inhumación, que la cripta familiar ubicada en la catedral de La Almudena, en el centro de Madrid, a lo que el gobierno se niega por cuestiones de seguridad.

La solicitud formal de la ministra de Justicia era un paso obligado en el proceso para retirar del Valle de los Caídos la tumba de Franco, situada entre el altar mayor y el coro de esa basílica, construida con participación mayoritaria y forzada de presos republicanos.

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