La tumba del dictador Francisco Franco en el Valle de los Caídos, en Madrid (AFP/Archivos – Philippe Desmazes)
La tumba del dictador Francisco Franco en el Valle de los Caídos, en Madrid (AFP/Archivos – Philippe Desmazes)

El dictador que trajo la noche a España durante 40 años no tiene descanso. Los restos de Francisco Franco están hoy sin destino. El gobierno español quiere exhumarlos del deprimente Valle de los Caídos que él mismo construyó "para gloria eterna". El único lugar que su familia acepta como depositario es una cripta que compraron hace ya décadas en La Almudena, la catedral de Madrid, ubicada al lado del Palacio Real y al comienzo de la Calle Mayor, en el corazón de la capital española. El Vaticano asegura que no se opone al traslado pero tampoco se pronunció sobre el lugar de la inhumación y la vicepresidenta Carmen Calvo tuvo que ir a negociar con "el segundo del Papa", el cardenal Pietro Parolin. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sacó de la manga la Ley de Memoria Histórica para evitar que La Almudena termine siendo un lugar de peregrinaje para los nostálgicos del régimen.

Después de varias semanas de debate y enfrentamientos entre el gobernante Partido Socialista (PSOE) y el opositor Partido Popular (PP), en el que aún militan admiradores del franquismo, el Congreso español votó a favor de la iniciativa del traslado de los restos del dictador 43 años después de su muerte. "No hay respeto, no hay honra, no hay justicia, no hay paz ni concordia mientras que los restos de Franco estén en el mismo lugar que los de las víctimas", dijo Carmen Calvo durante el debate. "Es una atroz anomalía democrática que esté un dictador en un mausoleo de Estado y en un lugar en el que puede ser exaltado", continuó. Se aprobó por 172 votos a favor, 2 en contra y 164 abstenciones. El PSOE tuvo el apoyo de los legisladores de la izquierda, catalanes y vascos. Los diputados del PP y el centrista Ciudadanos fueron los que se rehusaron a votar. Y los líderes populares quieren apelar la decisión ante el Tribunal Constitucional con el argumento de que el presidente Sánchez aceleró la medida de manera injustificada.

Apenas asumir el cargo, después de sustituir al entonces presidente Mariano Rajoy del PP, Sánchez prometió realizar la exhumación de los restos aunque no aclaró dónde serían enterrados. Algo que reabrió las heridas de la guerra civil casi 80 años después de haber finalizado. Más de 60.000 nostálgicos fueron a visitar el Valle de los Caídos, un récord absoluto para un lugar casi desierto durante todo el año, y muchos no evitaron hacer el saludo fascista frente a la tumba. La asociación Movimiento por España, liderada por Pilar Gutiérrez, hija de un ministro del franquismo, llamó a la desobediencia civil para evitar el traslado. Y centenares de militantes de la izquierda se congregaron para pedir que se haga un reconocimiento mayor a las víctimas del régimen, muchas de ellas enterradas debajo de la tumba del dictador. El partido catalán Esquerra Republicana pidió también anular las decisiones judiciales de la era franquista tomadas en tribunales militares. Los catalanes en particular quieren que se recupere el nombre de Lluís Companys, líder republicano de Cataluña que huyó de España a finales de la Guerra Civil. Fue capturado por la Gestapo alemana en Francia y extraditado a Barcelona, donde fue llevado ante un pelotón de fusilamiento en 1940.

Vista general del monumento del Valle de los Caídos (EFE)
Vista general del monumento del Valle de los Caídos (EFE)

En el medio de toda la controversia está la Iglesia Católica. El Valle de los Caídos es administrado desde su creación por sacerdotes benedictinos y se lo considera un santuario religioso. Apenas asumió, Sánchez se reunió con el cardenal Ricardo Blázquez, líder de la conferencia episcopal, para asegurarse de que la Iglesia se mantuviera al margen del debate. Pero la todavía poderosa familia de Franco también movió piezas entre los purpurados españoles. En forma extraoficial, estos obispos conservadores expresaron que hay que respetar el deseo de los deudos. "Si no va a La Almudena no va a ningún lado", a seguró Luis Utrera Molina, el abogado -hijo de otro ministro del franquismo- que representa a los siete nietos del dictador que conforman la familia Martínez Bordiú Franco. "El gobierno se está poniendo la venda antes de la herida. No puede prohibir a una familia enterrar a sus muertos ni dictar una ley de caso único contra los Franco porque eso lo prohibe la Constitución", siguió Utrera Molina.

La controversia tiene otro elemento ríspido. En el Valle de los Caídos, además de las tumbas de Franco y del líder falangista Primo de Rivera, están enterrados los restos de otras 30.000 víctimas de la guerra que, de acuerdo a los ingenieros que revisaron la obra en los últimos años, están prácticamente ensamblados con el concreto y sería imposible exhumarlos. Los restos de Franco se encuentran bajo una losa de granito de 1.500 kilos y el forense Francisco Etxeberria que trabajó en el traslado de los cuerpos de Miguel de Cervantes, Salvador Allende y Pablo Neruda, cree que podrían ser removidos sin mayores problemas.

España nunca logró una reconciliación por esa terrible guerra que dejó unos 650.000 muertos (no hay ningún consenso sobre la cifra). No tuvo un Nunca Más como en Argentina o una comisión de la verdad como en tantos otros países sacudidos por estas tragedias. Y sigue estando en la mente y los corazones de los españoles. Un dato interesante es que sólo el año pasado se editaron más de 70 novelas y ensayos alrededor del tema. Pero también hay muchos que quieren dejar esa triste etapa de la historia del país en el olvido. Creen que Franco y su historia ya no pueden ser una preocupación vigente y acusan al presidente Sánchez de querer usar el tema para apuntalar su liderazgo dentro del PSOE y el resto de los republicanos. "Para muchos, más que los huesos de Franco, es importante la educación de sus hijos, el futuro del empleo o la seguridad frente al terrorismo. Hay un intento de volver a las batallas fratricidas de rojos y azules", comentó Albert Rivera, líder de Ciudadanos, a la radio Onda Cero.

(Getty Images)
(Getty Images)

Hace 80 años, España se sumergía en una dolorosa guerra civil preludio de la Segunda Guerra Mundial. El conflicto despertó pasiones en todo el mundo y terminó por instaurar una larga dictadura. El 18 de julio de 1936, una conspiración de generales se levantó contra la República proclamada cinco años antes. El gobierno del Frente Popular, apoyado por socialistas y liberales, fue incapaz de mantener el orden e impedir los asesinatos políticos de ambos bandos y los incendios de iglesias. El país tenía una economía agrícola y estaba muy retrasado con respecto al resto de Europa. El golpe de Estado fracasó y empezó una cruenta guerra entre el bando republicano y el "nacional" insurgente bajo el mando del general Francisco Franco que avanzó desde las colonias hispanas de Marruecos. Adolf Hitler y Benito Mussolini le enviaron aviones para poder trasladar sus tropas a la península. La contribución del nazismo y el fascismo continuó con ataques sistemáticos de poblaciones como Guernica, en el País Vasco, arrasada por las bombas en 1937. La República sólo contó con las armas de la Unión Soviética y las municiones del México revolucionario.

La guerra se convirtió en un enfrentamiento entre fascismo y comunismo. Al mismo tiempo se desataron matanzas en los territorios que iba conquistando cada bando. Diputados de izquierda, sindicalistas, militantes, simpatizantes y sus familiares fueron ejecutados y masacrados. Del otro lado, grupos socialistas, anarquistas y comunistas nacionalizaban fábricas, colectivizaban campos y mataban a los que se oponían o simpatizaban con la derecha. Entre las víctimas hubo unos 6.500 sacerdotes y obispos. La guerra civil española pronto pasó a ser el campo de entrenamiento de la Segunda Gran Guerra que se venía. Jóvenes extranjeros se alistaron en las brigadas internacionales republicanas. Casi 50.000 voluntarios de todo el mundo llegaron para "frenar al fascismo".

Su contribución fue vital en las escasas victorias republicanas. Impidieron la caída de Madrid en 1936 e hicieron huir en desbandada a las tropas italianas de Mussolini en 1937 en Guadalajara. Pero aislada militarmente, debilitada por sus divisiones y la feroz lucha entre anarquistas y comunistas, la República rápidamente perdió terreno ante los franquistas que procedían a la "limpieza" de las regiones conquistadas. El 1 de abril de 1939, Franco proclamó la victoria. España vivió bajo su dictadura hasta su muerte en 1975.

El Valle de los Caídos comenzó a ser construido en 1940 y las obras recién finalizaron en 1958. En ese momento fue calificado por un consorcio internacional de arquitectos como "una exhibición ciclópea de kitsch cristiano entroncado con una concepción propia del nacionalcatolicismo". Para muchos españoles fue simplemente "la mayor fosa común de España". La decisión de enterrar allí a Franco la tomó su gabinete con el acuerdo de la familia y después de que el entonces rey Juan Carlos enviara una carta al Papa para que autorizara la colaboración de los sacerdotes que controlan el lugar.

Ahora, el gobierno está intentando convencer a la familia para que acepte enterrar a Franco junto a la que fue su esposa en el cementerio de El Pardo, en las afueras de Madrid. Pero la última decisión de los nietos es que solo aceptarán recibir los restos si lo pueden enterrar en un sepulcro familiar bajo la Catedral. Los herederos compraron hace 20 años ese espacio en la cripta de La Almudena por 34.000 dólares. El Vaticano agregó un nuevo dato de incertidumbre cuando el secretario de Estado Pietro Parolin sacó un inusual comunicado para aclarar lo conversado con la vicepresidenta Carmen Calvo. La funcionaria informó que Parolin había estado de acuerdo en que los restos de Franco deben reubicarse en un lugar "en condiciones de dignidad" y que el gobierno español "tiene que garantizar en todo el territorio español que no se enaltezca a Franco". Pero la oficina de prensa de la Santa Sede aclaró al día siguiente que no se oponía a la exhumación pero "corresponde al gobierno español y los herederos de Franco acordar el lugar donde enterrarlo". Agregó que Parolin solo consideró "oportuno" el pedido de Calvo "de explorar otras alternativas, también en diálogo con la familia". Y, finalmente, aseguró que la Iglesia "en ningún momento hará declaraciones relativas al lugar de entierro".

La Guardia Civil detuvo esta semana a un hombre tras pintar la tumba del dictador Francisco Franco en el Valle de los Caídos con la frase ‘Por la libertad’ (EFE/Pedro Armestre)
La Guardia Civil detuvo esta semana a un hombre tras pintar la tumba del dictador Francisco Franco en el Valle de los Caídos con la frase ‘Por la libertad’ (EFE/Pedro Armestre)

Para hacer la situación aún más confusa los sectores conservadores de la Iglesia española rechazan que la jerarquía vaticana intervenga. Juan Chicharro, de la Fundación Franco, que se autoimpuso la tarea de preservar el legado del dictador, dijo que una injerencia del Vaticano sería una "traición". "Cualquier decisión contraria a inhumar los restos en el recinto que la familia desee se consideraría como un intento de humillar a alguien a quien la Iglesia Católica en España le debe su propia existencia", argumentó Chicharro.

El dictador que no encuentra su tumba podría pasar a ser el argumento de un culebrón televisivo de media tarde. Pero para un pueblo que aún tiene una piel muy fina para observar con perspectiva histórica la guerra que se llevó a sus padres o sus abuelos, el tema es demasiado sensible. Una espina en el corazón del carácter español. Y la remoción de los restos de Franco es parte de esa memoria que continúa tan fresca como un viento de Otoño.