El presidente destituido de Cataluña, Carles Puigdemont, contra el cual la fiscalía española presentó una querella por rebelión y sedición, indicó que acepta "el reto" de las elecciones regionales convocadas por el gobierno español, y pidió al pueblo catalán que se prepare para "un camino largo", en una conferencia de prensa realizada en Bruselas". Además, aclaró: "No estoy aquí para pedir asilo político".
Respecto a las acusaciones que se le imputan, exclamó: "Es una querella que no se sustenta jurídicamente. Demuestra extrema agresividad. Se centra a perseguir una idea, a unas personas. Es un ejemplo de la máxima beligerancia del Gobierno español". Por ello, consideró que la fiscalía no tiene "un deseo de justicia", sino "un deseo de venganza".
Sin embargo, indicó que no tiene un plazo para volver a Cataluña, por lo que se quedaría en Bruselas hasta tener las garantías de "un proceso justo, con separación de poderes".
Rodeado de sus ex consejeros, también destituidos, añadió: "Queremos seguir trabajando como gobierno".
La presentación se realiza en el "Press Club" de la capital belga, a pocos metros de las instituciones de la Unión Europea. Puigdemont se encuentra en Bélgica desde el lunes y ha contactado a Paul Beakert, abogado experto en temas de asilo, lo que alimentó rumores sobre esta posibilidad.
El líder secesionista también abogó por "ralentizar" la lucha por la causa catalana. "No se puede construir la república de todos desde la violencia", dijo Puigdemont, añadiendo: "Si esta actitud tiene como precio ralentizar el despliegue de la república, se tiene que considerar que este es un precio razonable".
"Pedimos que hagan todo lo posible para evitar la demolición de las instituciones catalanas", solicitó a la población de la región, que fue intervenida por Madrid.
Respecto a las elecciones convocadas para el 21 de diciembre, Puigdemont manifestó que "son un reto que vamos a aceptar", y lanzó un desafío al gobierno de Mariano Rajoy a aceptar los resultados de los comicios. Un sondeo publicado el domingo mostró que la coalición independentista perdería la mayoría absoluta en el Parlamento, pero la distancia era de solo tres escaños, a falta de casi dos meses para la jornada electoral.
La noticia sobre el viaje de Puigdemont a Bruselas saltó minutos después de que el fiscal general del Estado español anunciara una querella contra él y su gobierno por varios delitos -entre ellos "rebelión" y "sedición"- penados con hasta 30 años de cárcel.
Se les acusa de provocar "una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia realizada con total desprecio a nuestra Constitución", dijo el fiscal general José Manuel Maza.
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