
En un hecho sin precedentes jurídicos, John Alabi, un inmigrante nigeriano cristiano de 53 años que vive legalmente en Toronto hace 22 años, fue condenado por un tribunal de derechos humanos de Ontario por el delito de "discriminación religiosa", por lo que deberá pagar una multa de 12.000 dólares canadienses (9.400 dólares) a sus antiguos inquilinos, Walid Madkour y a su esposa Heba Ismail, quienes lo demandaron 8 meses después de mudarse del departamento propiedad de Alabi en la zona Toronto.
La denuncia y el delito que se le imputa a John Alabi según el Tribunal es "no quitarse los zapatos cuando entró en el departamento de su propiedad que le alquilaba a la pareja musulmana".
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Según el expediente contra Alabi, los inquilinos planeaban mudarse a una nueva casa y dar por terminado el contrato de alquiler. De común acuerdo, Alabi coordinó con la pareja para comenzar a mostrar el departamento a otros interesados. El matrimonio Madkour lo acepto pidiendo solamente que no lo hiciera en horarios en los que ellos estuvieran orando. Él aceptó y llevó al futuro inquilino a ver departamento fuera de la hora de oración.
"Los ex inquilinos musulmanes de Alabi esperaron ocho meses -luego de mudarse- para presentar -en mayo pasado- su denuncia ante un tribunal de derechos humanos de Toronto, donde recibieron representación gratuita", informó Leo Hohmann del diario Toronto Sun.
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"La pareja lo demandó por acoso religioso". El tribunal aceptó la demanda y recientemente condenó a Alabi al pago de una multa que otorga 6.000 dólares canadienses, más intereses, a cada uno de los demandantes.
Alabi es un trabajador humilde que con mucho esfuerzo logró comprar un pequeño departamento para alquilar y así ampliar sus ingresos, es padre de tres hijos y declaró que no tiene el dinero para pagar esa multa, y que no ha criticado ni ofendido al islam ni a sus antiguos inquilinos, al tiempo que preguntó al tribunal "¿Qué hay de mis derechos de mostrar mi departamento para poder alquilarlo y llevar comida a la mesa de mi familia?"
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Robert Spencer, que trabaja en varios proyectos sobre el avance de la sharia en distintos países occidentales, dijo que Canadá casi ha sido "conquistada" por el islam y que en los últimos 5 años la dirigencia política canadiense ve a los musulmanes como una clase desprotegida, así se entiende el apoyo de los activistas de la izquierda canadiense a los inmigrantes musulmanes.
Spencer agregó que "los EEUU no están muy lejos de lo que sucede en Canadá debido a la corrección política que destruye a cualquier persona que hable una sola palabra sobre el islam". Ninguna otra religión goza de ese favor de los medios de comunicación estadounidenses.
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"Criticar de cualquier manera al islam, aun en debates académicos, teológicos o filosóficos y sin ofender a nadie, estigmatiza a quien lo haga, y la persona será calificada inmediatamente de fanático o xenófobo", dijo Spencer.
En cuanto a Alabi, llegó a Canadá hace 22 años desde Nigeria. "Desde entonces, respetó las leyes canadienses y trabajó muy duro, dicen sus conocidos. Actualmente tiene dos trabajos para asegurarse de que su familia esté bien", escribió Hohmann. Sus vecinos han declarado en el tribunal que "John es un hombre con el tipo de historia de la que todos los canadienses deberían estar orgullosos. Sin embargo, ha sido sentenciado en un juicio absurdo como un violador de los derechos humanos".
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Ralph Sidway, un conocido escritor cristiano que comentó sobre la historia de Alabi, señaló que Canadá está aplicando erróneamente leyes sobre blasfemia en defensa de la sharia, y con ello, obliga a un buen ciudadano y un hombre trabajador a pagar una multa a sus antiguos inquilinos musulmanes por hacer lo que cualquiera podría haber hecho sin darse cuenta: "Entrar a su propia casa olvidando quitarse los zapatos, porque en realidad vivimos en Occidente, y no en Afganistán".
Sidway remarcó que, "en esencia, Canadá está comportándose como un país dominado por la sharia, al tiempo que en nombre de los derechos humanos está sometiendo a sus ciudadanos a un estado de dhimmitud, cobrándoles, a través de sus tribunales, la yizya (impuesto islámico) para apaciguar a inmigrantes islámicos que ocupan altos lugares en la jerarquía canadiense de los Derechos Humanos y que han convertido esos sagrados derechos en un mero negocio". "Ser musulmán, sentirse ofendido por la razón que fuera y denunciar fantasiosamente ante un tribunal canadiense, hoy es un gran negocio para los inmigrantes islámicos", agregó Sidway.
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