Un proyecto inmobiliario y tres universitarios encarcelados: el nuevo pleito entre Enrique Alfaro y la UdeG

El proyecto que se busca realizar en el predio del Parque Resistencia Huentitán ha sido rechazado por la comunidad universitaria y los vecinos de la zona

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(especial)
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Tres estudiantes fueron vinculados a proceso este jueves, lo que ha causado la movilización de la comunidad universitaria de la Universidad de Guadalajara (UdeG) así como de sus autoridades, lo que abre un nuevo capítulo de las disputas entre la universidad y el gobierno del estado de Jalisco, dirigido por Enrique Alfaro.

Javier Armenta, Iván Cisneros y José Rojas fueron puestos en prisión por el delito de despojo con violencia de inmuebles y aguas y este jueves, al presentarse para la audiencia inicial de formulación de imputación en el penal de Puente Grande, fueron vinculados a proceso.

Ante esto, la defensa de los estudiantes pidió que se acogiera al termino de ampliación de 144 horas, por lo que la audiencia se retomará el próximo martes 10 de enero a las 8:00 horas de la mañana para que se defina la situación legal de los jóvenes. Sin embargo, se les dictó prisión preventiva como medida cautelar.

Por medio de un comunicado, poco antes de que fueran vinculados, la Universidad aseguró que se trataba de una estrategia del gobernador de Jalisco en contra de la UdeG y de su comunidad.

Los universitarios fueron vinculados a proceso el jueves durante la tarde, lo que ocasionó el descontento (especial)
Los universitarios fueron vinculados a proceso el jueves durante la tarde, lo que ocasionó el descontento (especial)
“El gobernador Enrique Alfaro Ramírez niega tener que ver con estas acciones pseudolegales y se ha excusado de intervenir en el conflicto que le subyace calificándolo como un ‘asunto de particulares’. Sin embargo, es evidente que la Fiscalía del Estado y el Poder Judicial de Jalisco se subordinan a la voluntad de Enrique Alfaro y su agenda política particular”

Debido a esto, la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) anunció la instalación de un plantón permanente a las afueras de Casa Jalisco hasta que las autoridades estatales liberen a los estudiantes detenidos. “Estamos informados que su intención es detener a nuestros compañeros, como medida de presión para que cesen las manifestaciones por parte de la Universidad”.

Pues a pesar de que la denuncia por los delitos que enfrentan los tres estudiantes fuera presentada por las empresas Operadora Hotelera Salamanca y hoteles Riviera Deluxe, la FEU y la misma universidad afirmaron que detrás de esto, está Alfaro Jiménez.

“El Gobierno de Jalisco afirma que este es un ‘conflicto entre particulares’, pero una vez más, miente. (...) Los cierto es que los desarrolladores inmobiliarios no han entregado las obras a las que se comprometieron cuando ‘adquirieron’ los predios y, aún así, el gobernador insiste en defender los intereses de los empresarios en lugar de defender a la ciudadanía”

La disputa por el Parque Huentitán

El pasado 19 de agosto se realizó el desalojo dentro 13.6 hectáreas del parque Huentitán, propiedad del gobierno de la ciudad de Guadalajara para la realización del proyecto Iconia. El parque se mantenía ocupado desde hace más de cinco meses por parte de estudiantes de la FEU.

De acuerdo con la UdeG la propiedad planea ser entregada a particulares para que se construya en ella el Distrito Iconia, por lo que la comunidad estudiantil, habitantes de la zona y colectivos se opusieron y se instalaron desde marzo del 2021.

Fue hasta agosto que el plantón se mantuvo ya que autoridades del gobierno desalojaron al grupo Parque Resistencia Huentitán durante la madrugada. medios locales dieron a conocer que las acciones se llevaron a cabo con violencia y amenazas en contra de los estudiantes y los vecinos que se encontraban ahí.

Sin embargo, la Fiscalía del Estado de Jalisco negó que se tratara de un desalojo, sino de una “restitución” del predio a las empresas Operadora Hotelera Salamanca y Hoteles Riviera Deluxe, quienes planean la construcción de un complejo de viviendas en el lugar.

El rector de la UdeG ha mantenido una postura en contra de Enrique Alfaro tras los recortes presupuestarios a la Universidad (especial)
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Este llevará por nombre el de complejos Iconia. La expropiación del terreno viene desde 1965 para crear un parque y zona con áreas verdes. En el 2008, se cedió las 13.6 hectáreas a una empresa para el proyecto Puerta Guadalajara, el cual no concluyó porque la empresa quebró.

Fue en el 2012 que la empresa Hotelera Salamanca entró en juego, pues la anterior empresa se la cedió. A pesar de que el proyecto no fue bien visto en administraciones anteriores, se trató de retomar en 2016, cuando Alfaro era alcalde. Después, la hotelera vendió la zona a Hoteles Riviera para el proyecto, ahora Iconia.

Sin embargo, la UdeG ha argumentado que la empresa debe un total de 688 millones de pesos en multa por incumplimiento en la entrega de las obras en el 2014, por lo que han mostrado inconformidad en contra del proyecto.

La máxima casa de estudios de Jalisco se mostró en contra del llamado a la audiencia de los universitarios (UdeG)
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Ante estos hechos, tanto el Consejo de Rectoras y Rectores de la UdeG, como el FEU, condenaron los actos que catalogaron como actos represivos y punitivos contra estudiantes universitarios, así como el intento de privatización del predio perteneciente a la ciudad.

En cuanto a la vinculación a proceso de los estudiantes, Juan Carlos Guerrero Fausto, abogado de la Universidad de Guadalajara, dio a conocer que entre los argumentos que dieron para que fueran puestos en prisión, se alegó que los universitarios portaban armas cuando estaban en el parque dentro del plantón.

Por otro lado, Javier Armenta, quien fue presidente del FEU, reconoció un día antes que cabía la posibilidad de quedar preso. Dichas reflexiones fueron compartidas en su cuenta de Instagram. En el reconoció que tenía miedo de quedar en Puente Grande, pero se mostró un tanto optimista.

“No soy ingenuo, porque sé que el jueves podemos perder y podemos enfrentarnos con una situación difícil y se que el gobernador tiene a muchos jueces en el bolsillo (...) y que nos la pueden hacer cansada y nos pueden meter a la cárcel, a pesar de que no hay ningún delito, defender un parque no es un delito (...) Podrán tener comprados los jueces de aquí pero no podrán comprar a todos los jueces del país”, reflexionó.

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