
Las acusaciones de Estados Unidos por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos en contra de 10 funcionarios de Sinaloa -activos, con licencia y en retiro- han vuelto al centro de la polémica, luego de que se diera a conocer la solicitud de pensión anticipada para el Comisario general de la Policía de Investigación, Alberto Jorge Contreras Núñez, la cual está firmada por la titular el Gobierno sinaloense.
Yeraldine Bonilla solicita pensión anticipada para acusado de vínculos con el crimen organizado
Cabe recordar que, el pasado 29 de abril la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hizo públicas las acusaciones que incluyen al gobernador morenista con licencia, Rubén Rocha Moya; por su parte, a Contreras Núñez lo identifican con el alias “Cholo”, quien recibió sobornos de Los Chapitos -organización criminal relacionada con el Cártel de Sinaloa- a cambio permitió que operaran libremente en la región.
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El documento al que Infobae México tuvo acceso, fue presentado ante el Pleno local el pasado 18 de junio, el cual cuenta con el membrete oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa, donde se menciona el siguiente fragmento:
“Que el C. Alberto Jorge Contreras Núñez con categoría de Comisario General, adscrito a la Comisaría General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, ha solicitado al Ejecutivo del Estado a mi cargo se le otorgue el derecho de Pensión por Retiro Anticipado, habiendo acreditado debidamente su derecho a dicha prestación mediante las probanzas necesarias”.
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También estipula que el monto otorgado de manera mensual podría ascender a 67 mil 477.75 pesos, una vez que el Congreso Sinaloa lo avale, ya que en la sesión del jueves solo se dio primera lectura como parte del orden del día.
Un funcionario de Sinaloa al servicio de Los Chapitos
Entre las acusaciones presentadas en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, señala que Contreras Núñez “ordenó la puesta en libertad de miembros de Los Chapitos que habían sido detenidos por sus actividades de tráfico de drogas”.
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A cambio de los sobornos recibidos, el exjefe policiaco junto a otros funcionarios habrían permitido que la facción criminal cometiera “actos de violencia masiva con total impunidad”. Las acusaciones refieren que de noviembre de 2022 a febrero de 2026 -fecha en que dejó el cargo- habría recibido 16 mil dólares mensuales.
Los tres cargos que pesan sobre el Comisario General, son:
- Conspiración para la importación de narcóticos;
- Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos;
- Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

En caso de ser encontrado culpable podría enfrentar una pena mínima de 40 años y hasta prisión preventiva.
Estados Unidos sigue sin presentar pruebas por caso Rocha Moya
Las acusaciones de Estados Unidos tensaron la relación con México, debido a que los señalamientos alcanzaron de manera directa a un gobernador auspiciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que llegó al poder en 2021 con el apoyo de Morena. La polémica generó que el 1 de mayo de este año, Rubén Rocha Moya pidiera licencia por más de 30 días, misma que fue avalada al siguiente día.
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Además del Gobernador con licencia y del exjefe policiaco, Alberto Jorge Contreras, estos son los otros ocho acusados por los estadounidenses:
Funcionarios en activo:
- Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario general de Sinaloa, el único de los acusados que no ha solicitado licencia a su cargo, se ha mantenido lejos de los reflectores públicos y activo en redes sociales.
Funcionarios con licencia:
- Dámaso Castro Zaavedra, quien era el vicefiscal estatal de Rocha Moya, también pidió licencia a inicios de mayo y se había mantenido fuera de la esfera pública hasta el 26, ya que se presentó en la FGR para brindar su testimonio, ante medios descartó los vínculos con el Cártel de Sinaloa y no proporcionó más información sobre este proceso.
- Juan de Dios Gámez Mendívil, el alcalde de Culiacán pidió licencia también el primer día de mayo, misma que se aprobó de forma exprés por el cabildo. En sus redes sociales dio a conocer que atendería el llamado de la Fiscalía, bajo discreción y sin contacto con medios se presume que acudió a la comparecencia el pasado martes.

Exservidores públicos:
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, se presume que se habría entregado en Nueva York el pasado 15 de mayo, sin embargo, el dato no ha sido confirmado por ninguna autoridad.
- Gerardo Mérida Sánchez, el exsecretario de Seguridad Pública habría tramitado un amparo para no ser extraditado, pese a este movimiento fue “detenido” en Arizona tras cruzar por la Garita de Nogales el 11 de mayo, compareció ante la corte federal de Manhattan y rechazó los cargos imputados.
- Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa, acudió a la citación de las autoridades mexicanas el 26 de mayo, en entrevista con medios de comunicación negó los vínculos con el crimen organizado y descartó intentar ser testigo protegido del gobierno estadounidense.
- José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal, hasta el momento no se tiene información pública sobre su paradero ni existe registro de que haya comparecido ante la FGR.
- Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, exmando en la Policía Municipal de Culiacán, hasta el momento no se tiene información pública sobre su paradero ni existe registro de que haya comparecido ante la FGR.
“Si Estados Unidos no entrega las pruebas puede rechazarse esa solicitud de detención urgente, independientemente de la investigación que lleve a cabo la fiscalía y Estados Unidos tiene otra opción, que es solicitar ya formalmente dentro del juicio el juicio de extradición”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 16 de junio desde Palacio Nacional.
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