Ana Laura Bernal, diputada federal por el Partido del Trabajo (PT), propuso incrementar el castigo contra las personas que realicen ataques con ácido, sustancias corrosivas, químicas o inflamables; además de aumentar éste si la víctima es mujer y/o si guarda algún tipo de relación con su atacante.
A través de un comunicado, la Cámara de Diputados informó este domingo 25 de diciembre que la petista planteó reformar los artículos 85 y 297 Bis del Código Penal Federal (CPF), en donde se estipule que toda persona que se le encuentre culpable de este tipo de agresión será objeto de una pena de seis a 15 años de prisión, además de una multa de quinientas a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
En relación al incremento de la sentencia por razón de género, la iniciativa pretende aumentarla hasta dos terceras partes cuando se realice a una mujer y/o haya existido una relación de parentesco o por consanguinidad, afinidad, civil, matrimonio, concubinato o una relación sentimental, afectiva o de confianza.
La iniciativa que fue remitida a la Comisión de Justicia para su correcta dictaminación considera la privación de la libertad a toda persona que realice este tipo de actos. Por lo que parte de esta reforma implicaría aplicar la prisión preventiva de manera oficiosa como medida cautelar para evitar que la víctima y/o la comunidad continúen en riesgo.
Bernal Camarena sostuvo que este tipo de ilícitos son sumamente repugnantes, pues se ejercen principalmente contra las mujeres para dejar afectaciones irreversibles en el rostro y cuerpo, donde las consecuencias de la degradación del tejido pueden atraer otro tipo de consecuencias a la salud física y emocional de la víctima. En ese sentido, sentenció que se trata de “uno de los actos más misóginos y horripilantes contra una mujer, después del feminicidio”.
Respecto a la impartición de justicia, recordó que sólo 10 de las 32 entidades federativas establecen en sus códigos penales locales el ataque con ácidos y sustancias corrosivas por violencia de género, “algo sumamente preocupante, porque este tipo de acciones violentas suceden en todo el país”.
Fue entonces cuando resaltó la necesidad de federalizar este tipo de actos, ya que el no tener homologado este crimen con perspectiva de género podría tener como consecuencia la impunidad para el agresor, ya que la ausencia de legislación dejaría estos ataques como algún tipo de lesiones, donde las penas son más bajas.
Para argumentar esta iniciativa, la diputada federal planteó durante la exposición de motivos que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) señala que culturalmente se considera a la mujer como inferior o subordinada, por lo que se propicia la violencia contra ellas.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de las aproximadamente 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que viven en México, 30.7 millones, es decir, 66.1% han enfrentado cualquier tipo de violencia. Por su cuenta, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mencionó que, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a julio de 2020, más de 33 mil mujeres fueron víctimas de lesiones dolosas.
Además, la CNDH precisa que, aun cuando están en aumento este tipo de hechos en México, no existe un registro oficial de los casos de mujeres atacadas con ácido, sustancias corrosivas, químicas o inflamables. Por ello, destacó la necesidad de erradicar todo tipo de violencia contra la mujer y castigar con medidas más punitivas a las y los agresores.
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