Desde que el presidente Andrés Manuel López Obradro (AMLO) planteó su iniciativa de reforma constitucional al sistema político-electoral mexicano, la oposición auguró que tendrá el mismo destino que la reforma eléctrica, donde sus detractores frenaron dicha legislación.
Dicha actitud se mantuvo constante en todas las bancadas opositoras (PRI, PAN, PRD y MC), por lo que, ante la inevitable negativa parlamentaria, el jefe del ejecutivo federal anunció un “Plan B”, en el cual no se tocaría a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), sino a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) o Ley Electoral.
Esta determinación nace a partir del consenso que logró el presidente y su iniciativa, pues, para que su reforma electoral pase, como es de carácter constitucional, necesita de dos terceras partes, es decir, 334 de los 500 diputados que conforman la Cámara de Diputados y, ante ello, se destaca que entre Morena, PT y PVEM, sólo llegan a 276, por lo que se descarta la posibilidad de que se apruebe la iniciativa constitucional.
A este tipo de mayoría se conoce como “Mayoría relativa”; sin embargo, las leyes secundarias sí pueden ser modificadas con la cantidad de legisladores promotores de la llamada Cuarta Transformación (4T), a esa mayoría se le conoce como “Mayoría simple”, que se obtiene a partir de 251 diputados, por lo que AMLO realizó un nuevo anuncio el martes 15 de noviembre.
Aunado a ello, Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados y abanderado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), confirmó que, en caso de no llegar a un consenso con la oposición, la 4T optará por modificar la Ley Electoral.
Por su cuenta, AMLO adelantó que lo que buscará en este plan alterno es mantener los cinco puntos más solicitados por el pueblo de México, según una encuesta del INE: a) Que el pueblo elija a los consejeros y magistrados electorales b) Quitar a los plurinominales c) Reducir los legisladores federales d) Elecciones más baratas y e) Que los consejeros del INE no ganen más que el presidente.
¿Qué puede hacer la oposición si AMLO pone en marcha su Plan B para la Reforma Electoral?
Ante la probabilidad de que el presidente López Obrador quiera modificar la LGIPE, las y los legisladores de oposición ya dijeron que acudirán a otras instancias gubernamentales para contravenir estas modificaciones, ya que, si llegaran a contravenir lo estipulado por la CPEUM, se puede proceder en tribunales.
Por su cuenta, Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados y abanderado del PAN, aseguró que AMLO no puede cambiar ninguno de estos puntos sin modificar la Constitución, por lo que se podría acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para promover una controversia constitucional. De igual modo, Elizabeth Pérez, del PRD, dijo que, si Morena promueve la reforma a la ley relativa, “nos van a obligar a irnos a un proceso jurisdiccional y nos van a obligar, nuevamente, a salir a tomar las calles para decirles que se han equivocado y que ‘así no’”.
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