
Luego de cinco días estar internado en el Instituto Nacional de Cardiología, el ex titular de la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, presentó una mejoría en su salud y por ello ya dejó terapia intensiva.
De acuerdo con un comunicado de su abogado, José Javier López García, se informó que el 20 de octubre el ex funcionario fue sometido a una cirugía de emergencia, una Endarterectomía Carotídea de alto riesgo, operación en la cual se extrae quirúrgicamente de una arteria la placa que la obstruye.
Sin embargo, señaló que el artífice de la llamada “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa padece de otra carótida obstruida, por lo que el equipo médico que lo atiende analiza el tratamiento y la posibilidad de una nueva cirugía.
“El estado de la arteria mencionada eleva el riesgo de un coágulo cerebral”, se lee en el documento. En este sentido, no se tienen fecha de reingreso al Reclusorio Norte.

Al respecto, el pasado 22 de octubre el ministro Arturo Nalhe García, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Zacatecas, solicitó al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, que en caso de que Murillo Karam se recupere, cambie la medida cautelar para que no regrese a prisión, debido a su delicado estado de salud.
Y es que el pasado 19 de octubre, el ex funcionario del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue trasladado del penal al Hospital General de Xoco, en la alcaldía Coyoacán, donde fue internado por presentar elevados niveles de presión.

Aunque abandonó el nosocomio la mañana siguiente, solo fue para ser llevado al Instituto Nacional de Cardiología, en la alcaldía Tlalpan, ingresando a las 11:15 horas.
Incluso, las cámaras de El Heraldo TV captaron el momento en que salió de Xoco con un fuerte dispositivo de seguridad. En el video se observa cómo viste una bata característica de los pacientes.
No es la primera vez que Murillo Karam es llevado a un hospital, ya que en septiembre pasado también fue conducido al Hospital Balbuena para la realización de una tomografía de tórax con el fin de dar seguimiento a su estado de salud debido a un diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), hipertensión y obstrucción vascular cerebral.
Fue el pasado 19 de agosto cuando fue detenido al salir de su domicilio ubicado en una torre de Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Las autoridades llevan a cabo la investigación en contra del funcionario por presuntamente haber participado en los delitos de desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia.

Cabe mencionar que esta noticia se dio justo un día después de que el gobierno de la autollamada “Cuarta Transformación” (4T) reconoció que no hay indicios de que los normalistas desparecidos en septiembre de 2014 estén con vida, además de que se trató de un crimen de Estado, desacreditando la versión de los hechos de la entonces PGR.
Y es que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, señaló este 18 de agosto, sin decir nombres, que las autoridades federales del más alto nivel fueron “omisas y negligentes”.
Pero fue el ex procurador fue quien encabezó las investigaciones sobre los hechos de aquella noche de Iguala, conocida como “La verdad histórica”, la cual echó abajo por distintos peritajes nacionales e internacionales.
Dicha versión señalaba que los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” fueron secuestrados por la organización criminal Guerreros Unidos, y posteriormente, quemados en el basurero de Cocula.

Durante esta conferencia, un periodista le hizo una pregunta, pero lo que trascendió fue su lamentable respuesta: “Ya es suficiente. Ya me cansé”, frase que irritó a una sociedad horrorizada por la desaparición de los jóvenes.
Hace unos días, dos jueces federales se declararon incompetentes para resolver los amparos que interpuso el ex titular de la Procuraduría General de la República contra la detención ilegal, la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
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