Un grupo de militares es investigado por la UIF por lavado de dinero de acuerdo a los documentos filtrados de la Sedena

Hace algunos días trascendió la noticia de que los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habían sido hackeados por un grupo de activistas autodenominado como “Guacamaya”. De acuerdo con el reporte, cerca de seis terabytes de información fueron extraídos y filtrados, por lo que algunos de los secretos mejor guardados de dicha dependencia han comenzado a salir a la luz.

Desde el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador y hasta lo que hubo detrás del Culiacanazo, los documentos filtrados por los hacktivistas exponen una cara poco conocida de las Fuerzas Armadas de México y, bajo ese tenor, la controversia ha aumentado entre la opinión pública luego de que la autodenominada Cuarta Transformación ha comenzado a otorgarle a los militares más tareas de las que constitucionalmente tenían antes de su llegada.

Es así como entre el inmenso mar de información filtrada se expuso que un grupo de militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) actualmente está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por presuntamente haber lavado 239 millones de pesos de procedencia ilícita.

Cabe mencionar que dicha información está plasmada en el expediente 2019/SEDENA/DE213 al cual tuvo acceso el medio Latinus. En dicho documento se detalla que entre los militares involucrados en el presunto lavado de dinero se encuentran altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tales como Jorge Luis R., cuyo cargo es de capitán ingeniero constructor y Rafael Alejandro G., coronel ingeniero constructor.

De acuerdo con lo expuesto, las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) comenzaron en 2019, año en el que Rafael G., al ser encargado de una subdirección del Ejército Mexicano, contrató a a una empresa de forma irregular para impermeabilizar instalaciones, y designó a Jorge Luis R. como coordinador de la obra.

En el informe de Presunta Responsabilidad Administrativa se muestra el modus operandi en el que Jorge Luis R. recibió múltiples depósitos millonarios por parte de la empresa Sinergia Integral Cristowen, incluso antes de que el coronel Rafael G. la contratara para impermeabilizar casi 588 mil metros cuadrados de inmuebles de 189 organismos militares.

Fue así como lograron identificar una serie de transacciones realizadas por los militares mencionados a través de empresas fachada, de las cuales dos tienen su domicilio fiscal en Coacalco, Estado de México y en Polanco, en la capital mexicana.

“Jorge Luis A. R. recibió de diversas personas morales depósitos por cantidades elevadas de dinero, mismas que ascienden a cientos de millones de pesos”, se lee en uno de los documentos filtrados por Guacamaya.

En el informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se detalla también que entre el año 2013 y el 2018, el militar identificado como Jorge Luis R. percibió como concepto de salario poco más de 3 millones de pesos, no obstante, dos años más tarde dicha cifra aumentó en un 7,386% en relación con sus ingresos como servidor público, lo que encendió las alertas de las autoridades fiscales.

Fue así como desde julio de 2017 se lograron identificar al menos cinco cuentas bancarias relacionadas al militar; dos de ellas pertenecientes a Bancoppel, las cuales fueron utilizadas para realizar el presunto lavado de dinero.

Asimismo, se señaló que las transacciones se realizaron en 12 regiones militares del país a las cuales el Rafael G. les pidió pagar de forma anticipada a la empresa, misma a la que no tenía la facultad de contratar por lo que también es acusado de incurrir en actos de abuso de funciones.

Por su parte, el Jorge Luis R. realizó poco más de 70 transacciones entre cuentas propias y terceros por lo que un grupo de militares y civiles también están siendo investigados por su presunta participación.

Las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) apuntan a que fueron alrededor de 239 millones 573 mil 946 pesos los que recibieron los militares por dichos movimientos financieros ilícitos.

Por dichas pruebas y precedentes fue abierta una carpeta de investigación ante la Fiscalía de Justicia Militar, no obstante, hasta el momento en el que se escribe esta nota se desconoce si el caso ha sido judicializado o no, así como si los militares y civiles señalados de incurrir en el lavado de dinero han sido detenidos o continúan en libertad.

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