El convenio establecido para regresar la paz en Zacatecas, establecido entre David Monreal, gobernador de la entidad, con Ken Salazar, embajador de Estados Unidos (EEUU) en México, sigue dando de qué hablar, pues, además de estar en un contexto violento, aparentemente, podría ser contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
Y es que la Administración del Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) acordaron colaborar con el gobierno de Zacatecas en el combate del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.
Para poder materializar este acuerdo, el embajador Salazar acudió a una reunión con Monreal Ávila el jueves 6 de octubre, donde los funcionarios abordaron temas sobre la pacificación de la entidad contra el crimen organizado. Específicamente, el gobernador por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el diplomático estadounidense suscribieron un acuerdo de cooperación que incluiría a la DEA y al FBI, así como la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia y la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos.
Bajo esa lógica, Salazar dijo que “con seguridad hay prosperidad, llegan las inversiones y crece la confianza en las instituciones. Tenemos optimismo en que lo lograremos, pero es necesario mantener el trabajo coordinado, continuo y permanente, resaltando que el pueblo de Zacatecas cuenta con los Estados Unidos en este desafío que enfrentan nuestros países”.
Sin embargo, este convenio podría ser violatorio de la Constitución, pues en el Artículo 117 se especifican los límites legales de las entidades federativas, donde este tipo de acuerdos son descartables, ya que sería trabajo de la federación promoverlos bajo especificaciones particulares que pasen por presidencia de la república.
Dicho artículo ya fue señalado por diversos personajes destacados de la esfera pública, como Julio Hernández Astillero, quien “para dimensionar lo de Zacatecas”, recordó el 117 constitucional en razón de mantener la soberanía del Estado mexicano ante cualquier convenio emanado en un gobierno local. Al respecto, cabe recordar que Hernández López, además de ser uno de los periodistas con más prestigio entre el gremio, es licenciado en Derecho.
Asimismo, se debe de considerar que Zacatecas es una de las entidades más violentas del país, motivo por el cual garantizar la pacificación del estado es una tarea titánica que requiere de voluntad del gobierno; no obstante, esta lucha debe de ser consecuente al Estado de derecho que promueve cualquier gobierno, por lo que la presunta violación a la Carta Magna debe de ser subsanada conforme al marco legal.
En caso de que éste sea el caso, debería de intervenir el gobierno federal, pues la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha reiterado el discurso de soberanía ante el despliegue de elementos de seguridad de otros países en México, esto no quiere decir que no los permita, pero que sí deben de operar bajo supervisión federal.
Aunado a ello, se debe de considerar que la agenda de seguridad en toda la república ha sido prioritaria desde que inició la administración de AMLO en 2018 y desde que iniciaron los diferentes gobiernos locales, donde las y los gobernadores —ya sean de Morena o de la oposición— han dependido de la coordinación entre el orden local con el federal, esto con la idea de mejorar las prácticas establecidas durante las tareas de seguridad y protección ciudadana; sin embargo, se destaca en cada entidad el trabajo de las Fuerzas Armadas que han demostrado mejores resultados que las diferentes policías, por lo que se han manifestado diferentes exigencias para mejorar las fuerzas de mando civil sobre el militar.
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