Miguel Ángel Félix Gallardo, el Jefe de jefes, se mantendrá encerrado en el penal estatal de Puente Grande, luego de que se argumentara una revisión sobre el brazalete electrónico que debe portar para garantizar su paradero en una casa de Zapopan.
De acuerdo con las autoridades penitenciarias de Jalisco, la orden fue recibida por el Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales, pues la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó enviar al fundador del Cártel de Guadalajara a una cárcel en Morelos y subsanar fallas referentes al dispositivo de geolocalización.
La notificación, donde se informa el aplazamiento de la salida de Félix Gallardo, fue recibida alrededor de las14:50 horas de este 23 de septiembre en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de Jalisco. La semana pasada, esta misma dependencia reportó que la audiencia continuaría la tarde de este viernes y así dar trámite al traslado del Jefe de jefes.
Pero ahora se ha actualizado que la FGR pidió el cambio carcelario, donde serían revisados faltas de la empresa que supervisará el brazalete electrónico. Sin embargo, el juez negó la solicitud de la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero, pero aplazó el beneficio de prision domiciliaria hasta que sean resueltas las fallas alegadas.
Apenas el pasado 15 de septiembre, se creía que Félix Gallardo podría festejar el Grito de la Independencia de México en su residencia de Zapopan, luego de que un juez le otorgara el cambio de medida cautelar y se autorizara que cumpliera el resto de su condena de 40 años en una casa del Fraccionamiento Ciudad del Sol.
Sin embargo, la audiencia fue suspendida porque la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no contaba con garantías óptimas de personal que custodiarían el traslado. La abogada del Jefe de jefes, Teresa Vallejo Pérez, denunció ante la prensa que su cliente fue retenido injustamente, pues mandos de la Guardia Nacional evaluaron que no había riesgos, aprobaron el geolocalizador y contaban con elementos suficientes para realizar el traslado.
Vallejo Pérez acusó que nuevamente sometieron a la desesperanza a su representado, luego de engañarlo con que podría ser liberado. Alegó que era una cuestión política de Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC, y si el Jefe de jefes moría en la cárcel, ella sería la principal funcionaria responsable.
Para la representante legal del Jefe de jefes, la prórroga solicitada por la secretaria federal lo condenó a la muerte y responde a los procedimientos de un Estado totalitario. Además, consideró que el aplazamiento de la audiencia podría entenderse como un acto de tortura que podría agudizar el cuadro de depresión que padece su representado para terminar con su vida.
Miguel Ángel Félix Gallardo fue detenido en 1989 por narcotráfico y el asesinato de Enrique Camarena Salazar, un agente de la Administración del Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ejecutado con su informante en 1985 por investigar el negocio millonario del Cártel de Guadalajara. Para ese entonces ya habían caído Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, cómplices en la organización criminal.
El Jefe de jefes fue condenado a 40 años de cárcel en 1994 en la Ciudad de México, a donde lo trasladaron, pero en 2004 logró que se ordenara reponer el procedimiento. Por sus actividades de tráfico de cocaína se le ratificó la sentencia de cuatro décadas encarcelado en 2003, pero fue hasta 2017 que obtuvo la pena definitiva de 37 años por el crimen contra el agente de la DEA y del piloto mexicano, Alfredo Zavala Avelar.
Debido a sus padecimientos de salud, las cuales suman 22 enfermedades hasta la fecha, solicitó cumplir su pena en prisión desde 2016. Interpuso decenas de amparos en su proceso, algunas fueron negadas y otras otorgadas. El pasado 7 de septiembre por fin se le concedió cumplir su pena en una casa de Zapopan.
Su enésima victoria tras las rejas lo puso con un pie fuera de la Comisaría de Sentenciado de Puente Grande, a donde fue ingresado en 2017 tras su paso por el penal federal de Occidente en Jalisco y del Altiplano, en el Estado de México.
En la resolución se valoraron dictámenes médicos a sus 76 de edad, cuyos estudios determinaron que le quedaban solamente tres años de vida, los cuales debían ser supervisados por personal especializado que no hay en las prisiones. Pero esa esperanza de volver a casa se ha pospuesto una vez más, sin fecha precisa.
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