“El Jardinero” del CJNG logra que un tribunal admita su recurso contra extradición a EEUU

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal con sede en el Estado de México admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, presunto jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado de Nayarit.

Con la admisión, el proceso de extradición hacia Estados Unidos que enfrenta el capo detenido en el penal del Altiplano sumó una nueva instancia judicial.

El recurso buscaría impugnar la resolución del juez primero de Distrito en Materia Penal del Segundo Circuito, Alejandro Latorre Lozano, quien a comienzos de junio desechó el amparo en el que Flores Silva solicitó protección contra un posible destierro, expulsión, extradición o deportación.

En ocasiones previas, Flores Silva argumentó que existía un temor fundado y peligro inminente de que las autoridades administrativas pretendieran desterrarlo del país mediante una expulsión exprés sustentada en la Ley de Seguridad Nacional, con el fin de evadir los controles judiciales ordinarios.

La admisión del recurso por parte del Tribunal Colegiado no representó la concesión de un amparo para Flores Silva. El órgano únicamente abrió la revisión para determinar si el juez Latorre Lozano actuó correctamente al desechar su demanda; el fondo del asunto quedó pendiente de resolución.

La batalla legal de “El Jardinero” contra su extradición a Estados Unidos

Desde que Flores Silva fue recluido en el penal del Altiplano, su defensa ha intentado frenar por distintas vías el proceso de extradición hacia Estados Unidos.

El mismo día que se le dictó prisión preventiva, el 30 de abril, los abogados presentaron una demanda en la que argumentaron que la orden de extradición fue emitida fuera de procedimiento y que su cliente se encontraba incomunicado.

Posteriormente la jueza segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Azucena Lazalde Íñiguez, concedió la suspensión de oficio y de plano: ordenó que ninguna autoridad federal ejecutara la entrega mientras no existiera sentencia ejecutoria, y exigió el cese inmediato de la incomunicación.

La FGR intentó revertir esa suspensión, pero el 14 de mayo un Tribunal Colegiado declaró improcedente su queja al determinar que el recurso no cumplía con los requisitos de la Ley de Amparo. La extradición siguió frenada.

A comienzos de junio, Flores Silva promovió un amparo adicional en el que alegó el riesgo de una expulsión exprés sustentada en la Ley de Seguridad Nacional. El juez primero de Distrito Alejandro Latorre Lozano lo desechó por improcedente: señaló que la orden de detención provisional ya había sido cumplimentada y que existía otro juicio de garantías en curso.

El 18 de junio, el juez cuarto de Distrito Daniel Marcelino Niño desechó otro amparo por falta de competencia. La defensa alegó que la audiencia del 1 de mayo, en la que se notificó la solicitud de extradición, se realizó sin abogado y en condiciones de incomunicación, y que el plazo de 60 días del proceso le fue comunicado de forma verbal.

Las entregas exprés: México ya envió a 92 criminales a Estados Unidos por esa vía

El recurso de queja podría estar relacionado con las tres entregas que el gobierno mexicano realizó entre febrero de 2025 y enero de 2026, en las que envió a un total de 92 integrantes de organizaciones criminales a Estados Unidos al amparo de la Ley de Seguridad Nacional, sin agotar los procedimientos ordinarios de extradición.

La primera tanda se realizó el 27 de febrero de 2025, con 29 integrantes de organizaciones criminales, entre ellos Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Treviño Morales, alias El Z-40.

La segunda ocurrió el 12 de agosto de ese año con 26 criminales, entre los que figuraron Abigael González Valencia, alias El Cuini, principal líder financiero del CJNG, y Servando Gómez Martínez, alias La Tuta.

La tercera y más grande se ejecutó el 20 de enero de 2026 con 37 personas, entre ellas operadores del CJNG, el Cártel de Sinaloa y Los Zetas.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que los traslados se realizaron conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, por lo que no se trata de una extradición.

Los 92 enviados enfrentan procesos penales en cortes federales de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, por cargos de narcotráfico, homicidio, lavado de dinero y delincuencia organizada. Como parte de los acuerdos, ninguno será sometido a pena de muerte.