World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial en español) publicó en el pasado mes de mayo el Índice de Estado de Derecho en México 2022, una herramienta que evalúa la arquitectura institucional del país.

Para realizar el Índice, la organización WJP (por sus siglas en inglés) considera ocho factores principales: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.

Para analizar los límites al poder gubernamental, WJP examina, entre otras cosas, si la sociedad civil, la prensa, los partidos políticos y los poderes legislativo y judicial locales representan un contrapeso efectivo de los gobiernos estatales, así como la transparencia y la libertad con la que se efectúan las elecciones.

Respecto al indicador de ausencia de corrupción, la organización estudia en qué medida son sancionadas las personas funcionarias de los gobiernos estatales cuando abusan de sus cargos o no cumplen con las leyes.

El gobierno abierto se refiere a la posibilidad que existe para que la ciudadanía participe activamente en la toma de decisiones, así como al respeto que se le da al derecho a la información pública.

Para evaluar el factor de los derechos fundamentales, se analiza si los gobiernos estatales garantizan el trato igualitario y la ausencia de discriminación, así como los derechos a la vida, a la seguridad y a la libertad de expresión, entre otros.

En el apartado de orden y seguridad, la organización WJP estudia si los habitantes de cada entidad se sienten seguras, así como el trabajo realizado por las autoridades para reducir los homicidios y combatir el crimen.

Por otro lado, el factor de cumplimiento regulatorio se refiere al apego a la ley por parte de las instituciones, así como a la ausencia de corrupción en la aplicación de normas y regulaciones gubernamentales.

La justicia civil, en este Índice, estudia si las personas que habitan cada estado confían en las instituciones jurídicas y tienen acceso a información y asesoría legal de calidad, sin altos costos ni procesos burocráticos que obstaculicen su acceso a la justicia.

Por último, para el rubro de justicia penal, WJP indaga si las autoridades policiales y ministeriales investigan los delitos de manera eficaz, o si los derechos de las víctimas se garantizan efectivamente. Asimismo, evalúa si el sistema de justicia penal está libre de corrupción y si el sistema penitenciario garantiza la seguridad y respeto a los derechos de las personas privadas de la libertad.

Cuáles son los estados mejor y peor calificados

El índice maneja una escala que va del .00 al 1.0 para expresar la calificación otorgada a cada estado en cuanto a su adhesión al estado de derecho. Cabe mencionar que, de manera global, México tiene una calificación menor a .50 en todos los rubros.

Gobierno abierto y Derechos fundamentales fueron los ámbitos en los que el país obtuvo una mayor evaluación (.48 en ambas), mientras que Ausencia de corrupción, Justicia civil y Justicia penal representaron las mayores debilidades a nivel nacional, pues en los tres factores se consiguió un puntaje de 0.36.

Querétaro fue el estado con un mayor puntaje en el Índice, pues registró una calificación de .49, según los datos de la organización. La mayor fortaleza de esta entidad fue el rubro de los Derechos fundamentales (.57), seguido de los Límites al poder gubernamental y la Justicia penal (.51 en ambos).

A esta entidad le siguen Yucatán (.47), Guanajuato, Aguascalientes y Sinaloa (.46 en los tres), así como Durango, Zacatecas y Nuevo León (.45 para los tres sistemas institucionales).

Cabe subrayar que el rango de evaluación que concentró a más gobiernos locales fue el de .35 a .39, ya que en este sector se localizaron 12 de las 32 entidades, las cuales fueron, en orden descendente: Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz, Jalisco, Chiapas, Tabasco, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Quintana Roo y Morelos.

Para 2022, el sistema institucional de Guerrero fue el peor evaluado por el Proyecto de Justicia Mundial, pues logró una calificación de .34. De acuerdo con el Índice, los rubros en los que se requieren acciones urgentes por parte de las autoridades para mejorar la situación del estado de derecho son Justicia civil, Justicia penal y Ausencia de corrupción.

Además, el estudio reveló que uno de los aspectos más preocupantes para el estado gobernado por la morenista Evelyn Salgado Pineda es la prevalencia de los homicidios, pues en este ámbito la organización asignó una evaluación de 0.08, lo que reflejaría una alarmante situación de violencia que afecta a la ciudadanía.

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