La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dio a conocer este martes que, de enero de 2021 a junio de 2022, se han asegurado 64 mil 945 cigarros electrónicos, mejor conocidos como “vapeadores”, y se han suspendido 179 establecimientos y máquinas expendedoras de estos productos.
Lo anterior como resultado de las acciones de vigilancia en el país, luego de que el pasado 31 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de prohibición de la circulación y comercialización en México de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina, así como las soluciones y mezclas que utilizan.
Y es que días antes, se emitió la alerta para informar a la población sobre los daños a la salud que causa la inhalación de sustancias tóxicas encontradas en los “vapeadores”, las cuales pueden provocar enfermedades respiratorias agudas graves, e incluso, causar la muerte de quienes los utilizan.
La autoridad sanitaria insistió en que las estrategias de promoción de los dispositivos que contienen nicotina están dirigidas a los adolescentes, pues incluyen presentaciones, aditivos y aromatizantes que resultan atractivos, pero representan un riesgo para la salud.
El organismo también reiteró que no existe evidencia científica para sustentar que esos productos sean una alternativa para dejar de fumar.
Cabe mencionar que en México se registran cerca de 60 mil muertes al año por el tabaquismo.
En 2003 nació el cigarrillo electrónico como una estrategia para reducir el consumo de cigarros en China. Hoy, el mercado es de millones de dispositivos vendidos en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 32 países están prohibidos y en 79 se han adoptado medidas parciales para inhibir su uso.
Organizaciones se oponen a la prohibición
Por otra parte, la prohibición del vapeo abrió un nuevo frente al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con opiniones médicas, legislativas y de organizaciones civiles en contra de la decisión, pues aseguran que “criminalizará” a los consumidores de esos productos.
Para legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), está medida privará al Estado de los recursos que se obtenían vía impuestos a esos equipos y sus aditamentos, y dejará en manos del crimen organizado un mercado estimado al menos de tres mil millones de pesos.
Además, para vapeadores organizados hará inaccesible el dejar de fumar, pues esos sistemas eran una alternativa frente a chicles y parches de nicotina que durante las 6 semanas de tratamiento cuestan cuatro mil pesos.
Al respecto Juan José Cirión, presidente de México y el Mundo Vapeando (MexVap), opinó el pasado 1 de junio que el nuevo decreto, lejos de limitar o erradicar el consumo de vapeadores, levantará una nueva ola de amparos, tal como ocurrió tras la publicación del anterior decreto.
MexVap asesora a las personas físicas o morales para promover amparos al decreto de 2020 que prohíbe importar y distribuir vapeadores y cigarros electrónicos. Hasta antes del nuevo decreto, MexVap tenía registro de entre 850 y 900 amparos promovidos contra el anterior, de los cuales 300 ya habían sido resueltos.
De acuerdo con la Comisión Nacional contra las Adicciones, 938 mil adolescentes han probado los vapeadores y cigarrillos electrónicos, de los cuales 160 mil actualmente lo usan.
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