Luego de que el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, autorizó este jueves que las fuerzas del orden estatales detengan y regresen a los cruces fronterizos a todo migrante indocumentado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se pronunció al respecto.
A través de un comunicado, la dependencia rechazó la orden ejecutiva, pues señaló que las medidas de seguridad migratoria en Estados Unidos corresponden al gobierno federal, encabezado por el presidente Joe Biden.
En este sentido, se atribuyó la autorización como “parte de la campaña electoral” de Abbott, quien buscará la reelección en noviembre próximo.
“En los Estados Unidos, la aplicación de la ley migratoria es facultad exclusiva del Gobierno federal, motivo por el cual nuestro diálogo en esta materia ocurre a ese nivel. Por tanto, esta acción solo se puede entender como parte de las campañas electorales en el estado de Texas”, se lee en la tarjeta informativa.
La SRE, a cargo del canciller Marcelo Ebrard, se comprometió a estar atenta, a través de sus consulados, para responder a cualquier violación a los derechos de los migrantes mexicanos por parte de las autoridades texanas.
“El gobierno de México reitera su compromiso con la protección de los derechos de los mexicanos que se encuentran en el extranjero”, subrayó.
En un comunicado Abbott aseguró que la medida que faculta a la Guardia Nacional de Texas y al Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) a llevar a los migrantes indocumentados a los puertos de entrada es con el objetivo de “detener la empresa criminal que pone en peligro a nuestras comunidades”.
Sin embargo, el anuncio se dio dos días después de que autoridades de varios condados del sur de Texas pidieran “más acción” a Abbott para detener el ingreso de indocumentados, que calificaron de “invasión”.
La declaración de “invasión” hace parte de un movimiento que quiere invocar una declaración de la Constitución de EEUU, que da una base legal a los estados para invocar los poderes de guerra. La idea ha sido ampliamente criticada por los defensores de los inmigrantes.
Desde que Biden llegó al poder en enero de 2021, Abbott ha emprendido un pulso contra el Gobierno federal demócrata, acusándolo de promover una política de “fronteras abiertas”.
Por su parte, Jeremy McKinney, presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), condenó en un comunicado la orden de Abbott.
Indicó que con esta medida Abbott ha puesto a prueba los límites de la autoridad estatal al facultar a las fuerzas del orden del estado a llevar a los migrantes a los puertos de entrada.
Y es que advirtió que la Constitución deja en claro que la aplicación de la ley de inmigración es una autoridad federal y que los gobernadores de los estados no pueden establecer sus propias políticas.
La orden ejecutiva de Abbott no declara explícitamente una “invasión”, pero sí hace referencia a la Constitución de Estados Unidos.
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